La Audiencia Provincial de Logroño ha celebrado este martes la segunda jornada del juicio contra J.F.M.P., E.M.M. y O.F.F., a quienes la fiscal pide una pena de seis años de cárcel como presuntos autores de un delito de estafa, por timar unos 366.000 euros en la venta de 61 plazas ficticias del aparcamiento subterráneo de Gran Vía.
Los hechos ocurrieron entre finales de 2005 y junio de 2006, cuando comenzó la construcción de este estacionamiento, adjudicada por el Ayuntamiento a una empresa, a quien autorizó a vender el 15 por ciento de las plazas, mientras que el resto de garajes se adjudicarían por sorteo entre los residentes de la zona.
J.F.M.P., el único de los acusados que permanece ingresado en prisión preventiva, se hizo pasar por el hijo de un constructor y se asoció con los otros dos procesados, conocidos empresarios en la ciudad, según han explicado algunos de los compradores presuntamente estafados.
Como algunos de los compradores conocían a E.M.M. “de toda la vida”, se fiaron del negocio, aunque alguno dudó porque las plazas se vendían a 12.000 euros, pero las que adjudicaba el Ayuntamiento en el mismo aparcamiento costaban 24.297 euros más IVA.
Entre los presuntamente estafados figuran el yerno de E.M.M., la madre de éste, el empleado del banco al que esta mujer pidió un crédito para pagar su plaza y varios hermanos de este acusado, que a su vez, ofrecieron comprar plazas a sus propios cuñados.
Han justificado que adquiriesen los garajes a pares en que era una oportunidad y se fiaron porque los acusados tenían una oficina con un plano de dos metros de largo del estacionamiento. Estos compradores han asegurado que creían que este procesado sólo se llevaría una comisión por captar a los clientes.
Debido a esta relación de confianza, muchos no llegaron ni a firmar el contrato de compraventa -ya que sólo entregaban 6.000 euros por plaza y el resto se abonaría en el notario- y ni siquiera recibieron un justificante del pago.
Uno de los testigos, que no llegó a formalizar la compra, ha reconocido que intentó adquirir 21 plazas, que puso a nombre de sus conocidos con intención de alquilarlas después. Un preso, conocido de J.M.F.P., ha dicho que éste le confesó en prisión que pretendía vender las últimas plazas a un precio mayor para después devolver el dinero a los otros estafados.
Uno de los guardias civiles que se encargó de investigar esta presunta estafa ha afirmado que J.M.F.P. -que entonces tenía 23 años- se llegó a gastar unos 140.000 euros los meses anteriores a su detención.
Este agente ha indicado que la investigación se centró en este acusado, ya que había más indicios directos sobre su culpabilidad, y ha afirmado que los otros dos captaban a los compradores y después cobraban una comisión. Mañana, se presentarán las pruebas documentales y las conclusiones de las partes, tras lo que el juicio quedará visto para sentencia.