Los sindicatos anunciaron este viernes que convocarán una huelga general si el Gobierno no da marcha atrás en la reforma laboral remitida a los agentes sociales y a los grupos parlamentarios y la aprueba el próximo 16 de junio en su actuales términos, al considerar que recorta los derechos de los trabajadores. Por lo pronto, aseguraron que convocarán un proceso de movilizaciones en todos los centros de trabajo que irá acompañado de actos sindicales.
En rueda de prensa tras reunirse con el director del gabinete del diálogo social, Alfonso Morón, los secretarios de Acción Sindical de CC.OO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, indicaron que el texto presentado por el Gobierno “ha sido inspirado por los empresarios” y abre la puerta a que puedan “despedir más y más baratos”, y denunciaron con pesar que, por lo pronto, el representante del Gobierno tenía hoy el mandato de no seguir negociando.
“La letras están inspiradas por el dictado de la patronal. No es una propuesta equilibrada, sino que está orientada a que las empresas españolas reduzcan los costes, que tengan una contratación más barata, que tengan más poder para recortar y para que el despido sea más fácil”, aseguró Ferrer.
“El documento está inclinado hacia una de las partes”, añadió Górriz en clara referencia a la CEOE, antes de señalar que los sindicatos, por si había alguna duda, “rechazan el documento”.
VALORACIÓN DE TOXO Y MÉNDEZ, EL MARTES
“Hoy hay más razones que ayer” para una huelga general, según Górriz, quien explicó que los gabinetes jurídicos de ambos sindicatos ya se encuentran trabajando para dar una respuesta al Gobierno con la vista puesta a que sus Comités Confederales se reúnan el próximo martes en la víspera de la aprobación del decreto de reforma para analizar el documento del Gobierno. Ese día, los secretarios generales de CC.OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, serán quienes realicen en comparecencia una valoración definitiva del texto.
Además, los sindicatos criticaron que la reforma que plantea el Ejecutivo “abre en canal la negociación colectiva”, no combate la temporalidad y hace de las empresas de trabajo temporal “un negocio”. Asimismo, acusaron al Gobierno de “globalizar” el contrato de fomento del empleo y reducir el indefinido ordinario hasta un mero papel “residual”.
Así pues, una de las cuestiones que centraron las críticas de los sindicatos fue la capacidad que, a su juicio, otorga el documento a los empresarios a la hora de modificar las condiciones de trabajo. Según el secretario de Acción Sindical de CC.OO., la reforma del Gobierno da un “poder discrecional” al empresario, mientras que su homologo en UGT indicó que ello servirá para “atacar los derechos de los trabajadores”.
Por otro lado, Górriz aseguró que el documento no recoge las peticiones de los sindicatos para limitar el uso de los contratos temporales, no hace mención alguna a la contratación a tiempo parcial ni tampoco al contrato fijo discontinuo. Por su parte, Ferrer denunció que la única penalización de la temporalidad, el incremento de 8 a 12 días la indemnización, entrará en vigor en 2014, mientras que todas las cuestiones relacionadas con bonificaciones tendrá efecto inmediato.
Asimismo, ambos sindicatos precisaron que el documento del Gobierno hace de las empresas de trabajo temporal un buen negocio a costa de los desempleados en lugar de potenciar los servicios públicos de empleo. Según Górriz, “sería mejor poner un guión en el documento que diga 'Hágase usted rico'”. “El texto es exhaustivo para legalizar el negocio con las personas desempleadas”, sentenció Ferrer.