Llevan más de cuatro años luchando por lo que consideran justo. Unos 1.300 jóvenes riojanos confiaron en la Hipoteca Joven del Gobierno del Gobierno regional cuando decidieron comprar un piso “por la garantía que suponía que el Ejecutivo estuviera detrás” explica una de las afectadas Amaya Antón a Rioja2. Sin embargo pronto se sintieron “estafados” porque, “de forma unilateral, el IRVI decidió no abonar la tercera anualidad”.
En total, recuerda, la cantidad adeudada rondaba los 850.000 euros. “Es lo que el Gobierno regional debía a los 1.300 riojanos que confiaron la Hipoteca Joven”. Las cantidades, apunta, dependían de la hipoteca de cada uno, entre 500 y 1.500.
Y por fin el día ha llegado. “Este viernes nos han pagado lo que nos debían”. Echando la vista atrás, reconoce que el camino ha sido largo y a veces duro pero “estábamos convencidos de que estábamos luchando por algo que es justo, estábamos reclamando nuestro dinero”.
Y en este camino, también han encontrado apoyos. Así, considera que la labor de los grupos políticos de la oposición ha sido fundamental, “sin olvidarnos de la presión ejercida desde los medios de comunicación y, sobre todo, del trabajo del actual concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, y del Centro Cívico de Madre de Dios”. De hecho, Antón está convencida de que el Gobierno finalmente ha abonado el dinero “por la presión mediática y por la mala imagen que estaban dando”. Por esta razón, asevera, “no tenemos nada que agradecer al Ejecutivo regional porque simplemente han cumplido con su obligación”.
Pero también han contado con el respaldo de la Defensora del Pueblo. En diciembre de 2014, ya rechazaba la excusa esgrimida por el IRVI de que no pagaba por falta de presupuesto asegurando que “es una circunstancia interna del IRVI de la cual los interesados no son responsables”. Los problemas de la administración, proseguía la Defensora, no pueden repercutir en relaciones con los ciudadanos surgidas con mucha anterioridad (dos años, en este caso). Y de hecho, “es la Consejería de Obras Públicas la que debería ”dotar suficientemente al organismo de las cantidades necesarias para cumplir con sus obligaciones, sin que esta circunstancia pueda repercutir en los derechos de los ciudadanos“.
Al final, “se ha impuesto el sentido común y no ha hecho falta recurrir a los tribunales”. No hemos conseguido que nos paguen en fecha ni los intereses de demora, explica Antón a la vez que se pregunta “qué pasa cuando un ciudadano se retrasa en el pago de cualquier recibo con la administración”.
En definitiva, “estamos satisfechos porque se ha comprobado que todo tiene su recompensa y hemos demostrado que merece la pena luchar por lo algo justo”.