Andalucía y el País Vasco se han erigido en los últimos días en comunidades rebeldes e insumisas con algunas de las reformas aprobadas por el Gobierno central y ya han comunicado públicamente que no las aplicarán.
A ellas se han unido otras como Cataluña, Canarias y, en menor medida, Navarra, que han puesto en duda también algunas decisiones del Ejecutivo de Rajoy, y estudian, en algunos casos, recurrir a los tribunales, especialmente por los ajustes en educación y sanidad.
Cataluña advirtió hace casi un mes, en respuesta al anuncio de recortes por 10.000 millones de euros en sanidad y educación, que son competencias transferidas.
Navarra también mostró dudas sobre cómo le afectará, mientras que para Canarias los recortes van a situar a España “en un salto atrás de más de 40 años”, por lo que estará “enfrente”.
Además, el Gobierno puede aplicar “medidas coercitivas” a Cataluña e intervenir sus finanzas, como contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya en vigor tras su publicación en el BOE, si incluye los 211 millones de la liquidación de 2009 como un ingreso en su Plan de Ajuste, ya en poder de Hacienda y que, como el resto de planes, será debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que, probablemente, se celebrará el día 16.
La escalada de tensión ha aumentado en las última horas con las declaraciones, ayer viernes, del vicepresidente andaluz, Diego Valderas, para quien es un “acto de coherencia” no aplicar la reforma laboral a los trabajadores públicos de la Junta, lo que, en todo caso, se haría por imperativo legal.
Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía ultiman los informes para plantear recursos ante el Tribunal Constitucional por los recortes del Gobierno central en los servicios sanitarios para los inmigrantes indocumentados.
El Gobierno vasco aseguró el jueves que, a pesar de los recortes, a los inmigrantes irregulares en Euskadi se les seguirá atendiendo.
Y el viernes, su lehendakari, Patxi López, anunció ante el Pleno del Parlamento que “en breve” el Ejecutivo presentará un recurso de inconstitucionalidad contra las medidas de ajuste en sanidad y educación, al invadir competencias.
Tras el Consejo de Ministros de ayer, preguntada por estos recursos, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió “diálogo” para lograr una “mejor ordenación territorial”.
Recordó que esas reformas fueron aprobadas en las respectivas conferencias sectoriales, en las que están representadas todas las comunidades.
Dos catedráticos de Universidad conocedores de la cuestión autonómica coincidieron, consultados por EFE, en que se trata de saber quien ostenta la competencia, y que será el Tribunal Constitucional el que finalmente decida.
Para el director del Máster de Comunicación Política de la Universidad de Navarra, Carlos Barrera, esas decisiones de las autonomías constituyen “un pulso” entre éstas y el Gobierno central.
A su juicio, hay un “componente político interno” al ser comunidades en las que el PP “no tiene el Gobierno” y constituyen “un centro de resistencia” contra medidas con las que “no comulgan políticamente”.
Hay que dilucidar quién detenta plenamente la competencia y la “fuerza coercitiva” para llevarlas a cabo y ha augurado que, para ello, “más temprano que tarde”, tendrá que actuar el Tribunal Constitucional.
Para Barrera, esas medidas de ajuste hay que aplicarlas rápidamente y si se ralentizan al llevar el conflicto al Constitucional, se complica aún más la situación, que puede afectar, incluso, a los mercados, a instituciones supranacionales y a la UE, al sembrar más desconfianza sobre la capacidad del Gobierno para reducir el déficit público.
Tras insistir en que el asunto es complicado, anima al Ejecutivo central a hacer un papel de “diplomacia interior” y de “convencimiento” con las autonomías, para convencerlas de que “o vamos todos juntos o nos hundimos todos juntos”.
Respecto a si las comunidades tienen la capacidad de variar las reformas previstas por el Gobierno, Barrera afirma que es “un terreno muy pantanoso” porque “hay que interpretar” la Constitución y los respectivos Estatutos para saber a quien corresponde la competencia.
Por ésta y otras circunstancias, cree que hay “un replanteamiento” por parte de algunos del Estado autonómico.
Fermín Bouza, catedrático de Opinión Pública en la Universidad Complutense, precisa que son “medidas muy fuertes”, que implican “una asunción” de las autonomías de esa “misma política” del Gobierno central, lo que “siempre es un problema”.
“Es una prueba de autonomía de las autonomías”, continua Bouza, para quien se trata de “un problema continuado” y que “no está bien resuelto”.
Destaca que es difícil que se comprometan unas autonomías que defienden el Estado de bienestar y son de izquierdas “con medidas tan radicalmente distintas”.
A su juicio, si aplicaran esas políticas “desaparecería la posibilidad de que una autonomía” haga las suyas y reconoce que “nunca” hubo tantas diferencias entre un Gobierno central y las comunidades, aunque “también es una novedad lo de la crisis”.
No se pronuncia sobre si la Constitución lo permite y se remite al Tribunal Constitucional, que tendrá que pronunciarse. Hasta entonces, las comunidades pueden aplicar sus políticas y, “después, que me quiten lo bailao”.
Para el catedrático, se trata de un problema político, porque son autonomías de distinto color al del Gobierno central y también autonómico y constitucional, de si pueden o no “hacer una cosa así”.
Indica que “es una forma de medir el grado de autonomía de una autonomía” y, aunque ha ocurrido más veces, la novedad es que “las medidas que se están tomando son muy fuertes y, por tanto, las políticas de no obediencia de estas medidas tienen un altavoz mucho más alto”