La Fiscalía solicita una pena conjunta de 9 años de cárcel para dos personas (4 años y medio para cada una) acusadas de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico al ser sorprendidas con un invernadero de drogas en un domicilio de Haro (La Rioja) y manipular el contador para defraudar energía eléctrica.
Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, ciertas informaciones y pesquisas de la Guardia Civil permitieron en noviembre de 2016 conocer la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes situado en Haro.
El juicio tendrá lugar el próximo 24 de mayo en la Audiencia Provincial.
Entre esas pesquisas se encontraban, por ejemplo, la comprobación de una manipulación del aparato contador del consumo de electricidad de un domicilio, las personas que frecuentaban el mismo, la afluencia de consumidores de sustancias de abuso y la averiguación de los propios moradores.
Tras ello, se solicitó un registro de entrada en el inmueble, cuyo arrendatario y morador era uno de los acusados. Por su parte, el otro procesado frecuentaba también el domicilio y se encargaba de bajar a la calle para entrevistarse con personas que no llegaban a subir al inmueble.
Una vez autorizada la entrada y registro solicitados, se hallaron entre otros, bolsas de envasado al vacío y aparato para envasado al vacío, trozos rotos de plástico pequeños cortados en forma redonda, agenda con anotaciones de nombres o apodos de personas y cantidades, tiestos grandes con sus respectivas plantas de marihuana, ventiladores, caja de hormonas enraizantes, lámparas de 400 vatios, básculas de precisión...
Además, en el interior del referido inmueble, en el que se había dispuesto un invernadero, fueron encontrados cannabis, MDMA o anfetamina.
El valor en el mercado ilícito de las sustancias referidas ascendería, respectivamente, a 2.407,81 y 1.162,28 euros (cannabis), 390,6 euros (MDMA) y 30,78 euros (anfetamina).
Los acusados contaban con las referidas sustancias con el objeto de destinarlas a su venta a terceras personas.
Además, los agentes policiales comprobaron que los acusados realizaron una conexión directa de energía desde la toma de luz de la central de la corriente de antena comunitaria del inmueble hasta el domicilio sin contar con el preceptivo contrato y contador, defraudando así energía eléctrica por importe de 4.190,56 euros entre finales de 2.015 y el 30 de noviembre de 2.016.
Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico por lo que procede imponer a cada uno de los acusados la pena de 4 años y 6 meses de cárcel así como una multa de 8.000 euros. También deberán indemnizar a Iberdrola en 4.190 euros por la electricidad defraudada.