El Fiscal pide dos años y medio de prisión para una persona acusada de haber estafado a una mujer al no cumplir el contrato establecido al venderle una vivienda “supuestamente libre de cargas” en una parcela de Ribrafecha.
Según informa el escrito del Fiscal, los hechos se remontan al año 1997 cuando el acusado, M.A.R.G., actuando en representación de la empresa 'Riofran, S.L', adquirió a la mujer, J.C.L., una finca en la localidad riojana de Ribafrecha con una superficie de 337,10 metros cuadrados. El precio se fijó en 70.100 euros, el cual se pagaría según los plazos establecidos en un acuerdo.
En dicho acuerdo se establecía que, parte de esa cantidad, (57.282 euros) sería entregada a la mujer en forma de una vivienda.
Conforme a esta situación, el acusado cuando obtuvo la licencia municipal procedió a construir sobre la parcela un edificio con planta baja destinada a local comercial y tres plantas superiores. En total, 8 viviendas que se inscribieron en el Registro de la Propiedad.
Posteriormente, el procesado hipotecó dicha parcela así como todas las viviendas y locales resultantes de la construcción del edificio, entre ellas, la vivienda que tenía que entregar libre de cargas a la vendedora, la cual no dio su consentimiento. Para ello, una entidad bancaria concedió un préstamo con garantía hipotecaria a la mercantil Riofran S.L. por importe de 45.600 euros correspondiente a dicha vivienda.
Finalmente, a fecha de 2 de febrero de 2006 estaban impagadas 27 cuotas mensuales de principal e intereses, en relación a dicha vivienda, ascendiendo la deuda total a más de 49.000 euros. La compradora, con el fin de evitar la ejecución sobre su inmueble, abonó a la Caja el dinero.
Además, el acusado enajenó las viviendas y locales obteniendo con ello el consiguiente beneficio económico que ocultó, con la finalidad de no pagar cantidad alguna en contraprestación por la finca adquirida a la compradora.
Del escrito se desprende además que el acusado “en ningún momento tuvo intención de satisfacer el precio pactado siendo su propósito conseguir que la mujer le vendiera y entregara la finca donde tenía intención de lucrarse mediante la construcción de una promoción inmobilaria, quedándose con el dinero obtenido por la venta de los pisos y locales”.
Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de estafa por lo que procede imponer al acusado la pena de dos años y medio de prisión y 2.480 euros de multa. Además, deberá resarcir a J.C.L., con los 48.000 euros que tuvo que invertir para liberar la vivienda de la carga hipotecaria así como con una escritura pública de compraventa de dicha vivienda a favor de la compradora.