La Audiencia Provincial juzgará a un abogado acusado de estafa, apropiación indebida y deslealtad a sus clientes y al que la acusación pública le pide nueve años de cárcel e inhabilitación.El Ministerio Fiscal considera que el acusado “ideó un plan con la finalidad de obtener un ilícito beneficio económico apoyándose en su credibilidad profesional y en la relación abogado-cliente que mantenía”. Será juzgado el miércoles en la Audiencia Provincial.
Así, según relata el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, a finales de 2013, dos particulares le contrataron para reclamar judicialmente frente a una entidad bancaria la nulidad y devolución del importe por la suscripción de unas obligaciones. El letrado aceptó el encargo por 7.400 euros, en concepto de honorarios. Cuando la reclamación resultó favorable para los particulares, en sentencia de 2017, en la que se condenaba al demandado al pago de las costas, el abogado presentó a su clientes una factura por 18.140 euros.
Tras el pago por parte de sus clientes, el letrado les relató que existían “unas diferencias en los importes que podrían reclamar”, por valor de 7.867,67 euros, y les envió un presupuesto de honorarios de 1.023 euros. Los clientes hicieron, nuevamente, el ingreso, tras el que se quejaron “reiteradamente de la falta de comunicación” por parte del abogado, llegando a ignorar si, realmente, se había iniciado la nueva reclamación.
En realidad, tal y como recogía la sentencia, el letrado había percibido el importe íntegro de las costas (algo inferior a lo entregado por los clientes), que le fue abonado a su bufete y que incluía los honorarios del procurador. Los clientes le remitieron un burofax para exigirle la devolución del dinero entregado, así como que abandonase el nuevo procedimiento. Además, se pusieron en contacto con el Colegio de Abogados. El letrado respondió por WhatsApp que lo devolvería en tres plazos, aunque solo ha abonado 5.810 euros.
Por otro lado, otros dos clientes contrataron a este abogado para la defensa de sus intereses contra otra entidad bancaria. Un procedimiento que también concluyó con sentencia favorable y condena en costas. En este caso, había percibido a cuenta 2.420,00 euros y les remitió factura por un total de 6.806,09 euros, por lo que les exigía el resto, que ascendía a 4.386,09 euros. Las clientas no recibieron el pago de las costas marcado en la sentencia.
El letrado no ha presentado ni contrato privado alguno con ninguno de los clientes, ni siquiera ha aportado la hoja de encargo de ambos asuntos. El acusado ha incorporado a su patrimonio 12.940,19 euros de unos clientes y 5.493,77 euros de los otros. El Ministerio Fiscal le considera culpable de dos delitos de estafa, otros dos de apropiación indebida y otros tantos de deslealtad profesional.
Le pide cuatro años y medio por cada uno de los delitos de estafa y apropiación indebida, lo que hace un total de nueve años; así como inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por el mismo tiempo, y multa. Por el delito de deslealtad profesional le pide la pena de multa de dieciocho meses con una cuota diaria de doce euros.
Como responsabilidad civil, pide que el acusado indemnice con 12.940,19 euros a los primeros clientes y 5.493,77 a los segundos. Un total de 18.433,96 euros.