El Fiscal pide ocho años de cárcel a una mujer por dos delitos, uno de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y otro de determinación al ejercicio de la prostitución y de explotación sexual, al obligar a otra mujer, bajo amenazas de ser deportada a Colombia, a ejercer la prostitución. Además, le imputan otro delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por el que le reclama 3.000 euros de multa, así como otros 10.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.
Los hechos, a los que ha tenido acceso Europa Press, se juzgan este martes, a las 10,00 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja. Se juzgará a L.G.R., nacida en Colombia, y sin antecedentes penales, que contactó con la víctima a la que ofreció trabajar en un restaurante de España, así como se prestó a organizarle y gestionar el viaje.
Para ello, ambas se reunieron en Bogotá, dándole la acusada los billetes de avión, así como instrucciones precisas para que viajaran separadas y volvieran a reunirse en el aeropuerto a su llegada a Madrid. Para “no levantar sospechas” le dijo que en el control de entrada indicara que “su intención era visitar Barcelona y Madrid”.
Una vez en Madrid, el 9 de marzo de 2018, la acusada y otra persona desconocida, trasladaron en coche a la testigo a Logroño, a un piso de su propiedad sito en la capital riojana, en el que “había varias mujeres ejerciendo la prostitución, momento en el que la acusada le explicó que el supuesto restaurante no existía y que tenía que ejercer la prostitución, requiriéndole a darle su pasaporte y avisándole de que si no aceptaba prostituirse, conseguiría que la deportasen y además le pasaría algo malo a su familia en Colombia”.
Asimismo “le requirió a entregarle la mitad del dinero que ganara para compensarle por los gastos del viaje y como pago a la gestión y organización del negocio de prostitución”.
Ante esta situación “inesperada”, la víctima “sintiéndose engañada, sola, e intimidada por las amenazas y las circunstancias, ejerció la prostitución contra su voluntad, y se mantuvo en la misma hasta que un tiempo después, y pese al férreo control y vigilancia de la acusada en la actividad de prostitución impuesta, pudo salir de la vivienda”.
A finales de 2019 la perjudicada acudió a la Policía para denunciar la situación, “toda vez que seguía recibiendo amenazas por la deuda impagada y por haber salido del control de la acusada en el ejercicio de la prostitución”.
Ya, el 3 de marzo de 2020 se practicó registro judicial en el domicilio donde se ejercía la prostitución y ocupándosele trece teléfonos móviles, libretas con anotaciones de nombres y cantidades y 1.345 euros en efectivo, rastro documental y material de las “importantes ganancias que la acusada obtenía controlando y gestionando la prostitución de mujeres, entre ellas la propia víctima testigo protegido”.
Por estos hechos, de los que hacen responsable en concepto de autora a la acusada, le piden ocho años de cárcel por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y otro de determinación al ejercicio de la prostitución y de explotación sexual. También le acusa de otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por el que le requiere una multa de 3.000 euros. Finalmente, le reclama que, en concepto de responsabilidad civil, indemnice a la perjudicada con 10.000 euros por el daño moral.