El Partido Popular ha presentado en el Parlamento de La Rioja una Proposición de Ley de Medidas Administrativas y Presupuestarias Urgentes para modificar quince textos normativos. Se incluye entre ellas la derogación de la ley por la que las horas lectivas de Religión se reducían al mínimo legal.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, ha ofrecido una rueda de prensa junto a la diputa Begoña Martínez en la que han dado a conocer la iniciativa que, presumiblemente, se llevará a pleno el 23 de mayo y, dada la mayoría absoluta del PP, se aprobará.
Una proposición de ley, ha explicado la portavoz del PP, “enmarcada en el papel activo y protagonista” que el Grupo Popular “quiere tener en el desarrollo de la ejecución del Programa de Buen Gobierno del presidente Capellán”.
Ha explicado cómo, desde este grupo, se ha detectado que existe determinada normativa que “requiere ser reformada con urgencia” tanto por la necesidad de “adaptarla a la legislación nacional” como por la “prestación de los servicios públicos”.
También porque en algunos casos se ha visto una “excesiva burocratización” y, en cualquier caso, nace de la “escucha y diálogo” a la ciudadanía como “del contacto con el Gobierno de La Rioja”.
De esta forma, se modificará la ley que impulsó la implantación de la gratuidad en la Educación Infantil con el objetivo de ampliar la gratuidad del comedor escolar en todos los centros que imparten esta enseñanza, incluyendo los CRA (Colegio Rural Agrupado).
También en educación, se deroga la ley (que se aprobó en la pasada legislatura a iniciativa de IU) por la que la asignatura de Religión se reducía al mínimo establecido en la LOMLOE.
De este modo, se redujo de dos horas a una en Primaria, ESO y Bachillerato; y de entre una y dos horas a una en Primaria. Ahora, la normativa permitirá aumentarla al máximo establecido en la LOMLOE.
Maiso ha entendido que “la legislatura pasada se antepuso la ideología y el sectarismo en materia de educación a la libertad que consagra el artículo 27 de nuestra Carta Magna”.
Además, se incluye un cambio normativo por el que se “fortalece y, en muchos casos, restablece la autoridad del profesorado en desarrollo de la Ley Orgánica de Educación”.
Así, “se tipifican las conductas que perturban la convivencia en los centros educativos y se establecen medidas correctoras al respecto”.
Junto a esto, se va a “dotar de mayor autonomía a la gestión de los centros docentes a través de la modificación de la Ley de Hacienda Pública de La Rioja”.
Martínez ha desgranado otros cambios normativos que se establecerán en una apuesta, ha dicho, de “más libertad, más sociedad y menos política”.
De este modo, hay “un bloque cuyo principal objetivo es contribuir a que los servicios públicos sean más rápidos y más eficaces”.
Para ello, ha explicado, se modifica la Ley de Vivienda para atribuir al IRVI la competencia de “tramitar los informes de vulnerabilidad, tanto económicos como sociales, en aquellos procedimientos de intermediación o de conciliación, en los casos de desahucio o en los casos de ejecución hipotecaria”.
Se modifica, también, la Ley de Ciencia, Tecnología y la Innovación para incorporar un nuevo apartado que permita, cuando los parques científico-tecnológicos sean de titularidad del Gobierno de La Rioja, que se pueda delegar la responsabilidad de gestión en los órganos ya creados, como puede ser la ADER.
Se modifica la Ley de Función Pública, que, para el PP, “se aprobó con bastante precipitación en la pasada legislatura”. De este modo, se modifica el apartado relacionado con la movilidad de los funcionarios en aquellos casos en que ésta sea precisa por cuestiones organizativas o de servicio.
También, la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, suprimiendo la obligatoriedad de que las empresas tengan que reservar un mínimo de un cinco por ciento de entradas para que se produzca una venta directa al día del espectáculo.
Se cambia el ámbito de la Ley de Economía Social y Solidaria, que contenía un capítulo concreto sobre el Consejo Regional de Economía Social y Solidaria, y se traslada al Gobierno su desarrollo reglamentario, “fundamentalmente para adaptar su composición a las características de este sector en nuestra comunidad autónoma”.
Respecto a la Ley de Cooperación al Desarrollo, se establece que la presidencia del Consejo Riojano de Cooperación al Desarrollo recaiga en aquel consejero que está competente en la materia, y que el vicepresidente recaiga en el director general con competencias también en esta materia o, en este caso, en esta legislatura, en una subdirección general.
La Ley de Igualdad se modifica en aspectos relativos a la organización y coordinación de las políticas de igualdad de género que, en esta legislatura, recaen en la Subdirección General de Igualdad, “con objeto de garantizar una aplicación práctica de la ley tanto a corto como a medio plazo”.
Por último, se suprime de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo “una disposición adicional que establecía unas restricciones que estaban pensadas para unas pequeñas zonas pero que se estaban aplicando a superficies muy amplias de suelo no urbanizable en base a un documento interno sin rango normativo”.
“El Grupo Parlante Popular quiere favorecer el desarrollo de proyectos de actividad de servicios en pequeños núcleos rurales que contribuyen, además, a fijar población y, hasta ahora, estas iniciativas estaban prohibidas por una disposición que tampoco tenía ninguna seguridad jurídica”, ha explicado Martínez.