La ya conocida como “Aldea del SIDA” es considerada una vulneración de los Derechos Humanos por un centenar de ONG que trabajan en la lucha contra la enfermedad, y que alegan, entre otras cosas, que las viviendas en las que se ha alojado a los sepopositivos “no cumplen con las normas internacionales mínimas para la vivienda de emergencia, incluso de carácter temporal”.
El gobierno camboyano ha desplazado a un grupo de enfermos de SIDA a la aldea de Tuol Sambo. Este nuevo enclave se encuentra a 25 kilómetros de la ciudad en la que antes residían los afectados. La ONG Human Rights Watch [HRW] denuncia que las familias viven “amontonadas”, sin agua corriente y sin saneamiento adecuado, con alcantarillado abierto, y un solo pozo público para todos los reubicados.
Por otra parte, el nuevo emplazamiento de estos enfermos está alejado de los servicios médicos, de apoyo y de empleo. HRW afirma que teme que los medicamentos antirretrovirales de los enfermos se deterioren por causa de las altas temperaturas que se llegan a alcanzar en la zona.Rebecca Schleifer, defensora de derechos humanos y salud se Human Rights Watch, declara que “estas condiciones deficientes puede significar una sentencia de muerte o el pase a un hospital”.
Shiba Phurailatpam, de la Red Asia-Pacífico de Personas que Viven con VIH/SIDA, opina que “es difícil entender cómo un gobierno que ha recibido reconocimiento internacional por sus actividades de prevención del VIH pueda tan cruelmente pasar por alto los derechos fundamentales de las personas que viven con VIH”.
Según explica HRW, cuando estas personas vivían en Borei Keila, trabajaban como jornaleros, moto taxistas, limpiadores, y costureros. Actualmente, la mayoría no tienen perspectivas de trabajo, ante la imposibilidad de pagar cada día el transporte hasta la ciudad donde antes residían.
En el Estado español, el Observatorio de Derechos Humanos y VIH/sida, también ha mostrado su preocupación ante esta acción del Gobierno camboyano por medio de tres cartas que han remitido al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos; al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria; y a la Embajada de Camboya en París. “En ellas, informamos del hecho, presentamos nuestra queja por la violación de derechos humanos y pedimos que exijan a Camboya que detenga las prácticas de segregación hacia las personas con VIH”, explica Joan Bertran, responsable del Observatorio de Derechos Humanos y VIH/sida.
Bertran muestra su confianza en que el cúmulo de quejas y malestares tenga su efecto. “Con la suma de presiones es posible que, en primer lugar, el gobierno de Camboya comprenda que su acción es perjudicial y se la replantee; y, en segundo, que compruebe que el mundo se ha dado cuenta de ella y que tiene repercusiones”.