Ramón Ramírez (PP) es el nuevo alcalde de San Vicente de la Sonsierra. Ha sido elegido hoy en un pleno extraordinario convocado tras la dimisión en enero de la anterior alcaldesa, Isabel Bañares, argumentando “motivos personales”.
Ha sido una sesión muy tensa, que ha contado con la presencia de los populares José Ignacio Ceniceros y Carlos Cuevas y del regionalista Rubén Antoñanzas.
Y es que dos semanas después de esta dimisión, Rioja2 destapó el escándalo que ha salpicado a más de la mitad de la corporación. Tanto Bañares como otros cuatro concejales han declarado recientemente en el Juzgado número 2 de Haro como investigados por un presunto delito de prevaricación.
Ramírez era, hasta ahora, teniente alcalde y ejercía de alcalde en funciones en sustitución de Bañares. También está siendo investigado como “favorecido directamente o familiarmente por las adjudicaciones” de parcelas municipales en el procedimiento abierto en la Justicia.
El PR advierte de que la defensa de los concejales y la excalcaldesa la paga el ayuntamiento
El Partido Riojano ha desvelado que la defensa jurídica de los concejales y la exalcaldesa de San Vicente de la Sonsierra la está pagando el propio ayuntamiento de la localidad, “es decir todos los vecinos con sus impuestos”.
Los regionalistas han señalado que “esta contratación por parte de los concejales del PP y del PSOE a costa del Consistorio es injustificable ética y moralmente”. “Una decisión que -según indican- no ha pasado por ningún pleno ni comisión informativa, desconociéndose en la actualidad cuál va a ser el importe que el Ayuntamiento va a abonar”.
La formación regionalista ha informado de que “la contratación de los servicios jurídicos de los investigados por prevaricación administrativa en el juzgado de Haro se produjo a través de una Resolución de Alcaldía firmada por el alcalde en funciones Ramón Ramírez Brea, tan solo dos días antes de que acudiesen a declarar”.
Desde el Partido Riojano anuncian que llevarán al pleno previsto para el próximo jueves “una batería de preguntas respecto a esta cuestión para conocer cuánto les va a costar a los vecinos de San Vicente la factura de los servicios jurídicos de los concejales y la exalcaldesa investigados, cómo se produce esta contratación, y si les parece moral y ético que salga de los bolsillos de los vecinos”.
Desde el PR cuestionarán además “la compatibilidad de que el abogado del municipio defienda a los investigados por presuntamente perjudicar los intereses del propio municipio”.
Desde el Grupo Municipal Regionalista de San Vicente de la Sonsierra han recordado que “llevamos años defendiendo los intereses y el patrimonio de los vecinos de San Vicente”.
“Frente a las continuas advertencias y denuncias por nuestra parte siempre nos encontramos el oscurantismo y el desprecio del equipo de Gobierno. Esto finalmente ha traído consecuencias muy serias para la gran mayoría de concejales tanto del PP como del PSOE”, añaden.
Como señala el concejal del Partido Riojano en San Vicente, José María Monge, “la defensa de los intereses de San Vicente está por encima de los intereses particulares y vamos a seguir en la misma línea, nos vimos obligados a acudir a la justicia ante la nula transparencia y la falta de respuestas”.
Una decisión que es sufragada por los fondos propios del Partido Riojano, como recalcan. “Nosotros pagamos el abogado con fondos propios para denunciar las irregularidades mientras que los que presuntamente las han cometido pasan la factura a todos los vecinos del pueblo”, dice.
El Partido Riojano se decidió a actuar y llevar la situación ante la Justicia porque “no podemos permitir que con total impunidad durante años se haya procedido al arrendamiento de parcelas rústicas de propiedad municipal a personas directamente relacionadas con varios miembros de la Corporación o en beneficio suyo”.
Una conducta que “también desde el propio Gobierno de La Rioja se habría detectado y reprochado”. Señalan los regionalistas “la existencia de un informe del propio Gobierno de La Rioja donde queda claro que todos estos contratos no cumplen con la legalidad”.
Un posible delito sobre el que el Partido Riojano alertó en numerosos plenos y escritos tratándose de arrendamientos que se habrían llevado a cabo de forma irregular, “sin dar la posibilidad al resto de vecinos de explotar esas superficies y sin que se garantizara la transparencia de los contratos adjudicados, considerándolos asimismo nulos”.