Aunque México no está en los primeros puestos del ranking de los países que más atentan contra la libertad de expresión, la realidad es que el trabajo de los periodistas en este país latinoamericano es de los más arriesgados. Así lo refleja la última denuncia de la organización defensora de la libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF) , quien ha recordado como cuatro periodistas se encuentran aún desaparecidos en el estado de Michoacán, “uno de los epicentros de la ofensiva federal contra los carteles de droga, emprendida poco después de la investidura del presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006”.
En este estado mexicano realiza sus operaciones el cartel de narcotraficantes conocido como La Familia , de quien se sospecha pueda estar detrás de las desapariciones. Durante una visita reciente a la región, Reporteros sin Fronteras comprobó “el callejón sin salida en que se encuentran las diferentes investigaciones. No obstante, según nos confió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Serrato Lozano, en el periodo 2008-2010 el organismo ha emprendido alrededor de 600 acciones concernientes a 123 casos de desaparición”.
Además, RSF señala que en la oficina de la CEDH se apilan once expedientes de quejas por agresiones a periodistas; la mayor parte de estos corresponden a cateos (una salvaguarda contra una búsqueda y aprehensión no justificada o sin razón) ilegales y amenazas, que implican a la Policía Federal o al ejército.
Según RSF, los ataques contra la prensa se atribuyen tanto a los funcionarios como al crimen organizado. “La pesadez burocrática, tanto a nivel de los estados como a escala federal, también explica el retardo en los expedientes que deberían ser tratados prioritariamente”.
Los cuatro casos recientes de periodistas se instruyen como “privaciones ilegales de la libertad” por lo que las diferentes administraciones responsables, ya sean locales o federales, no han cesado de reenviarse mutuamente los expedientes, según afirma la organización.
Durante este tiempo, las familias de los cuatro periodistas desaparecidos en Michoacán se han cansado de insistir a las autoridades para obtener respuestas.
Los desaparecidos
José Antonio García Apac desapareció el 20 de noviembre de 2006, por lo que lleva cuatro años en paradero desconocido. Según RSF, las investigaciones sobre este caso se encuentran prácticamente en un punto muerto. Según sus allegados, el periodista poseía información concerniente a la colusión de funcionarios del estado y de municipios de Michoacán con el narcotráfico. Poco antes de su desaparición, José Antonio García Apac había intentado varias veces alertar a las autoridades federales de la situación.
El caso de Mauricio Estrada Zamora no es mucho más alentador. El periodista, corresponsal del periódico regional La Opinión de Apatzingán, se encuentra desaparecido desde el 12 de febrero de 2008 y las investigaciones no aportan ninguna información sobre su paradero.
Otra periodista desaparecida es María Esther Aguilar Cansimbe, de quien sus familiares y allegados no saben nada desde el 11 de noviembre de 2009. María del Carmen, hermana de la periodista, está convencida de que las autoridades saben algo y de que su silencio es voluntario. María Esther Aguilar Cansimbe trabajó durante diez años como periodista, fue corresponsal de los periódicos ABC de Michoacán, Diario de Zamora, El Sol de Zamora y La Voz de Michoacán. Cubría temas criminales, los casos de droga, para el diario El Cambio de Michoacán. Poco antes de desaparecer, la periodista había relatado los abusos de poder y las brutalidades cometidas por el jefe de Seguridad Pública del municipio de Zamora, Jorge Arturo Cambroni Torre.
Por último está el caso de Ramón Ángeles Zalpa, quien era corresponsal del periódico Cambio de Michoacán desde hacía diez años, se encuentra desaparecido desde el 6 de abril de 2010. Entre la fecha de su desaparición y julio pasado, la Procuraduría Federal de Justicia llevó a cabo 18 diligencias. Ninguna de las líneas de investigación que se siguen se ha fortalecido y el móvil profesional sería en ellas incierto, afirma RSF.
Ante esta situación, que parece estar lejos de desaparecer, Reporteros sin Fronteras reitera su intención de participar en las consultaciones sobre el nuevo Mecanismo para la Protección de Periodistas promovido por las autoridades federales de México.