El torrente de protestas populares en Chile finaliza con una medida 'temporal' que paraliza la construcción de las presas en la Patagonia. La Justicia chilena, teniendo en cuenta tres recursos, paraliza la obra entre seis y siete meses, además, incluye una apelación ante el Tribunal Supremo, después que resuelva el tribunal de Apelaciones de Puerto Montt.
Esta resolución supone un duro traspiés para el megaproyecto Hidroaysén. El proyecto, impulsado por la filial de la empresa española Endesa y la compañía chilena Colbún, incluye cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, ubicadas en la región de Aysén, en el sur del país.
Se calcula que el complejo tendrá una potencia de 2.750 megavatios, equivalente al de tres reactores nucleares. Hasta el momento se trata de la obra más importante emprendido en Chile, con una inversión estimada de unos 3.200 millones de dólares.
El plan prevé el tendido de una línea de alimentación eléctrica que alcance al Sistema Interconectado Central (SIC), de tal forma que la energía llegue de la región de Aysén hasta Santiago. El proyecto cuenta con un amplio respaldo del gobierno, entre otras razones porque se prevé que duplique la matriz energética (la producción total de energía) para el año 2020.
Todavía está pendiente la aprobación ambiental de la segunda parte del proyecto, la transmisión, que requerirá instalar 3.800 torres de alta tensión, de 40 metros de altura cada una, a lo largo de 2.000 kilómetros y con una franja despejada de 60 metros a su alrededor.
Más de la mitad de la población no quiere el proyecto
Los sondeos indican que más del 70% de la población rechaza este proyecto, aunque las autoridades plantean que es necesario para sostener el crecimiento a tasas anuales del 6% que se proyecta para la economía chilena.
El fallo “es un gran triunfo del país para proteger la Patagonia, que es la segunda reserva mundial de agua dulce”, ha dicho hoy en declaraciones a radio ADN el presidente del Senado, Guido Girardi, uno de los cuatro parlamentarios que presentó el recurso contra Hidroaysén, y opositor al Gobierno de derecha del presidente Sebastián Piñera.
Los recursos de protección sostienen que la resolución ambiental favorable a Hidroaysén vulneró garantías constitucionales como el derecho a vivir en un ambiente limpio. La resolución judicial está “protegiendo el derecho de todos los chilenos, poniendo el bien común por delante como prioridad y no los intereses de las empresas como se había estado haciendo hasta el momento”, ha agregado Girardi.
Otro de los parlamentarios que interpuso los recursos, el senador de derecha Antonio Horvath, dijo esperar que el fallo contribuya a que el Gobierno “reconsidere el apoyo que le ha dado a este proyecto”. Criticó que el respaldo de algunos ministros a Hidroaysén “rompe la institucionalidad ambiental” porque ellos son instancias de apelación. Horvath, del mismo partido en el que militaba Piñera, ha asegurado que la resolución llega en un buen momento porque en estos momentos “hay una campaña pro Hidroaysén millonaria”.
Según sostienen los recurrentes, en el proceso de aprobación ambiental del proyecto Hidroaysén se adulteraron informes, hubo conflictos de intereses, se modificaron resoluciones que previamente eran negativas y terminaron siendo positivas, por las presiones que hubo. La legislación establece que son los funcionarios regionales de Gobierno los que deben aprobar o no en primera instancia los proyectos con impacto ambiental, y deja la resolución final en manos de un comité de seis ministros.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt dio cinco días de plazo a la presidenta de la Comisión Ambiental de la Región de Aysén, Pilar Cuevas, para que informe sobre las denuncias de que la decisión de aprobar el proyecto fue “arbitraria”.