UGT ha solicitado a la Fiscalía de La Rioja que pida al Juzgado de lo Penal, Número Dos, de Logroño, que revoque la conmutación de la pena de cárcel por una multa y trabajos en favor de la comunidad, concedida a los empresarios de Baños de Río Tobía condenados por la muerte de un trabajador ecuatoriano.
De igual forma, según ha informado el sindicato que ha actuado en este caso de la misma manera que anteriormente lo hizo Comisiones Obreras, también ha presentado un escrito de alegaciones en el mismo sentido ante el citado Juzgado.
UGT y su Federación Agroalimentaria han decidido tomar parte en el caso debido a la “gravedad y repercusión social” que ha suscitado la conmutación de la pena, así como por la “alarma social creada”.
Esta alarma ha llevado incluso a generar una manifestación pública de rechazo a la decisión, que tuvo lugar el pasado 26 de enero en la plaza del Mercado, de Logroño, y a la que acudieron medio millar de personas.
El sindicato entiende que este caso es “de una gravedad extrema” y que la actuación de los empresarios condenados “hace necesario que no se les conmute la pena de cárcel”.
Además, UGT considera que el Ministerio Fiscal debe intervenir en este asunto, en virtud del acuerdo firmado con los sindicatos para atajar la siniestralidad laboral.
Por otro lado, en el escrito presentado ante el Juzgado de lo Penal, número Dos, el sindicato estima que “no todos los empresarios son iguales”, pero que no por ello se pueden permitir “este tipo de actuaciones ilícitas”.
El pasado 18 de enero se dio a conocer que el Juzgado de lo Penal Número Dos, de Logroño, con el informe favorable del fiscal riojano, había acordado sustituir la pena de tres años de prisión a estos tres empresarios por una multa de 8.760 euros y por trabajos en beneficio de la comunidad.
La condena se produjo como consecuencia de la muerte de Juan Carlos Vallejo, de 20 años de edad, quien falleció en agosto de 2003 cuando se encontraba pintando una instalación industrial de los tres condenados (padre y dos hijos), tras haber sido contratado sin estar dado de alta en la Seguridad Social ni tener permiso de trabajo.
El cadáver fue encontrado por uno de los hijos, que había entrado en el edificio para coger algunos de los embutidos que estaban almacenados allí y que, en un primer momento, dijo que el muerto era un ladrón, según afirmaron los guardias civiles que declararon como testigos en el juicio.
La condena de los tres empresarios (Tomás, Javier y Miguel Ángel Amutio) generó un movimiento de solidaridad en Baños de Río Tobía, pueblo donde se produjeron los hechos, muchos de cuyos ciudadanos, encabezados por su alcalde, reclamaron el indulto, solicitud que también fue apoyada por el presidente riojano, Pedro Sanz.
La petición de indulto fue rechazada por sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales y, finalmente, denegada por el Consejo de Ministros del 29 de junio de 2007.