Los empresarios Hipólito Merino y Salomé Torres, el exsecretario general de UGT La Rioja y exdiputado autonómico del PSOE, José María Buzarra, la empresa Cenformadu SL y el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), dependiente de UGT se van a sentar en el banquillo tras la denuncia de un profesor de Logroño, que responde a las iniciales de Roberto G.B. por pagos irregulares -mordidas- a los que obligan algunas academias.
El abogado del docente pide a cada uno ocho años de cárcel y les han fijado una fianza de responsabilidad de 203.000 euros. La Fiscalía ha propuesto el sobreseimiento a última hora después de haber acusado por malversación durante todo el proceso. La Abogacía del Gobierno de La Rioja también ha pedido el archivo.
Este 2008 y 2012 el profesor impartía cursos de formación financiados por la UE para el Servicio Riojano de Empleo a través de la fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales de UGT. La fundación a su vez subcontrataba a la academia Cenformadu.
En uno de los cursos de soldadura que impartió el docente se le contrató para 955 horas. Las impartió pero solo cobró por 409. Las otras 546 las facturó y cobró el empresario de la academia Hipólito Merino con “la anuencia” de Buzarra, que es quien habría autorizado los pagos ocultándoselo al docente.
Esta situación se repitió en otros cursos, según la acusación del profesor. En otra ocasión, Ceformadu cobró al docente por el “uso del local y los equipos de soldadura”. Estos pagos de alquileres se acompañaban de la correspondiente reducción de horas en el contrato, que no de las que realmente impartía el profesor.
Así lo recoge eldiario.es, que presenta ese caso como un paso más de la lucha contra el fraude a gran escala con el cobro de estas mordidas a los profesores que imparten cursos de formación con fondos europeos.
Los docentes han tenido que devolver parte de su sueldo a las academias. Si la justicia termina considerándolo una estafa, estos profesores podrían reclamar su dinero. La Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Valenciana Antifraude y la Intervención General del Estado investigan este presunto fraude por la vía de los posibles delitos de fraude en subvenciones y malversación de caudales públicos combinados con falsedad documental o delito fiscal. En estos casos el docente nunca recuperaría el dinero que factura y que le obligan a devolver para seguir trabajando.
UGT asegura que es un problema entre un profesor y la academia
El secretario general de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo, ha manifestado que para el sindicato ha sido una “sorpresa la apertura de juicio oral” por unos hechos que ocurrieron hace más de 7 años. “No tenemos nada que ver en esto, que se trata de un problema entre un profesor y la academia, a UGT no se le acusa de nada”, ha declarado Izquierdo, que ha explicado que el sindicato solo era beneficiario, puesto que desde hace años no imparten cursos de formación.
UGT ha subrayado su sorpresa por la apertura del juicio, “y más cuando tanto el fiscal como los abogados del Gobierno de La Rioja han pedido el archivo del caso porque no ven indicio de delito”.