El juez seguirá con la investigación del caso de los niños robados a pesar de la muerte de Sor María Vallbuena

La religiosa María Gómez Vallbuena, conocida como Sor María imputada en dos juzgados de Madrid por su implicación en el caso de los niños robados desde la Guerra Civil hasta la década de 1990, falleció el pasado martes 22 de enero a causa de las dolencias cardiovasculares que ya le habían impedido prestar declaración el viernes 18 de enero en los juzgados 47 y 50 de instrucción de Madrid, por su relación con la sustracción sistemática de recién nacidos. Sor María, que es la única persona que ha sido imputada en un caso de robo de bebés, habría cumplido 88 años el próximo 8 de abril.

El fallecimiento de la religiosa, sin embargo, a pesar de que fue acogido como un mazazo por buena parte de las víctimas del caso de los niños robados, no tiene por qué significar el final de las investigaciones sobre esta espeluznante práctica generalizada por el franquismo.

La congregación a la que pertenecía, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, no hicieron público el fallecimiento hasta dos días después, cuando Sor María ya había sido enterrada. La congregación evitaba así que las exequias de la religiosa provocaran la presencia de los medios de comunicación y aparecer en informativos de televisión y otros medios.

El fallecimiento de Sor María ya ha tenido la primera consecuencia judicial. El juzgado de instrucción número 47 de Madrid ha archivado la investigación instada por María Luisa Torres, que la acusaba de haberle robado a su hijo en 1980. Pero sólo por lo que respecta a Sor María.

El juez Adolfo Carretero afirma en el auto emitido ayer que la causa continúa a raíz de la denuncia de una joven que denunció el robo de su hermano a su madre el 3 de julio de 1980. La ginecóloga que se ocupó del parto está imputada en el procedimiento y tiene muchas explicaciones que dar porque las pruebas de ADN confirman las acusaciones.

Otros casos

El juez Carretero es consciente de las dificultades que tiene la investigación. Y aún así está determinado a seguir con la investigación de los hechos mientras pueda. Además ha cundido el ejemplo y ya hay otra causa abierta, ésta en el juzgado de instrucción número 50 de Madrid, por el robo de dos gemelas en 1981. Si el magistrado sigue el mismo criterio que su colega, el caso seguirá vivo.

Mientras sigan apareciendo magistrados con suficiente sensibilidad, una de las mayores atrocidades cometidas por el franquismo y por algunos de sus antiguos dirigentes en connivencia con la Iglesia católica –el robo a sus padres de miles de niños por la simple militancia política de sus padres o por su condición social– no quedará impune.

Los magistrados que han intentado investigar el caso se han encontrado con una especial dificultad. De hecho, el primero que lo intentó fue el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que consideraba el caso de los niños robados como uno de los crímenes más crueles del franquismo cuando intentó instruir una causa contra los abusos cometidos durante la dictadura.

Las presiones sobre Garzón llegaron a tal extremo que finalmente tuvo que abandonar el caso. Pero, al intentar perseguir los crímenes del franquismo, Garzón violó una de las normas no escritas de la transición, y acabó inhabilitado, aunque por vulnerar los derechos de los principales responsables de la trama Gütel.

Hasta 1990

Y es que uno de los mensajes de la inhabilitación de Garzón parecía bastante claro: los crímenes del franquismo no se tocan, ni se investigan. En particular si afectan a la Iglesia católica.

Pero, a pesar del tiempo transcurrido –el secuestro de hijas de presas republicanas o de familias consideradas poco idóneas por la Iglesia empezó en 1940, a iniciativa del psiquiatra de cabecera de Franco, Antonio Vallejo Nájera, pero tras la muerte de este último en 1960 siguió practicándose por razones religiosas y para obtener beneficios económicas casi hasta la década de 1990–, los últimos bebés secuestrados están entre la veintena y la treintena, y tienen energía suficiente como para seguir exigiendo que se esclarezca la verdad.

Es una cuestión de voluntad política. A pesar de los avances realizados por el juez Carretero, la mejor solución para el caso es precisamente política. Dejar de perseguir los casos individualmente y volver a la doctrina establecida por Garzón en su auto y considerar el robo de niños como el resultado de la acción concertada de una o varias redes.

La colaboración de la Conferencia Episcopal, presidida por el cardenal Antonio María Rouco Varela, es fundamental. La mayor parte de los casos podrían haber sido documentados e incluidos en los archivos de la Iglesia católica. Hasta ahora Rouco se ha negado a abrir los archivos a la Justicia. Pero, dado que buena parte de los ingresos de la Iglesia proceden del concordato entre el Vaticano y el Estado español, hay una forma clara de presionar a los purpurados.

Las otras 'Sor María' y sus cuadernos azules

Las diferentes asociaciones de víctimas de la trama de los niños robados aseguran que Sor María era la persona encargada de supervisar las adopciones, pero sólo en lo que hoy es la Comunidad de Madrid. Y aseguran tener la convicción de que la religiosa recién fallecida no era la única que organizaba las adopciones forzosas.

Entre los investigadores, algunos de ellos historiadores independientes que no tienen relación alguna con las víctimas, hay un consenso generalizado sobre el número de religiosas implicadas en el robo de recién nacidos, tanto a disidentes del franquismo como a familias consideradas “poco adecuadas” por la Iglesia Católica, fundamentalmente madres solteras.

Consideran que en el momento de máxima actividad de la red de niños robados hasta 70 religiosas se dedicaban a la sustracción de bebés. En el caso de Sor María, las víctimas aseguran que en los últimos tiempos no ocultaba en absoluto que estaba robando los bebés, algo que, durante el franquismo sí se hacía, comunicando a la familia que el recién nacido había fallecido durante el parto.

También aseguran que la religiosa fallecida la semana pasada consignaba todas las gestiones que realizaba en relación con la reasignación de los bebés a lo que consideraban familias adecuadas en unas particulares libretas de color azul.

En algunos casos registrados fuera de la Comunidad de Madrid, algunas de las víctimas aseguran que la religiosa que realizaba un papel equivalente al de Sor María también registraba todas las incidencias en cuadernos azules. Cuadernos que, con toda probabilidad, fueron remitidos a los archivos de la Iglesia católica.

La religiosa María Gómez Vallbuena, conocida como Sor María imputada en dos juzgados de Madrid por su implicación en el caso de los niños robados desde la Guerra Civil hasta la década de 1990, falleció el pasado martes 22 de enero a causa de las dolencias cardiovasculares que ya le habían impedido prestar declaración el viernes 18 de enero en los juzgados 47 y 50 de instrucción de Madrid, por su relación con la sustracción sistemática de recién nacidos. Sor María, que es la única persona que ha sido imputada en un caso de robo de bebés, habría cumplido 88 años el próximo 8 de abril.

El fallecimiento de la religiosa, sin embargo, a pesar de que fue acogido como un mazazo por buena parte de las víctimas del caso de los niños robados, no tiene por qué significar el final de las investigaciones sobre esta espeluznante práctica generalizada por el franquismo.