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Hacia una profunda reforma constitucional
Todo apunta a que este país se encamina hacia una profunda reforma constitucional a corto o medio plazo, que suscita cada vez mayor consenso en numerosos sectores políticos y sociales.
Tras el debate sobre Cataluña del pasado martes en el Congreso, los líderes de UGT y CCOO se sumaron a la necesidad de que 35 años después se revise la Constitución. Cayo Lara también lo pide para cambiar el modelo económico. Y el PSOE ha hecho bandera de esta petición para afrontar el llamado problema territorial.
Ni que decir tiene que los dos grandes partidos nacionalistas -CiU y PNV- están más que dispuestos, y que existe un clamor social por un nuevo sistema democrático, más participativo y transparente, que debe ser recogido en la Carta Magna.
Con todo esto, la única duda está en qué quiere hacer el actual partido mayoritario y, sobre todo, quién manda y ordena en él: Mariano Rajoy. En el año y medio que aún queda de legislatura, se podría perfectamente afrontar el reto pero haría falta una voluntad política del Gobierno que no parece que tenga.
En el debate del martes, Rajoy dijo una frase ambigua donde parecía apostar por esta vía, pero luego fue rebajada por sus portavoces parlamentarios.
Pero en el caso de que Rajoy no se atreva –en parte, lo tendría muy fácil, con su mayoría absoluta y el talante de “hombre de Estado” que se le atribuye a Rubalcaba–, todo se encamina a que en esta o en la próxima legislatura se tendrá que abordar un cambio serio de la Carta Magna, aunque no sea un proceso constituyente.
Y no sólo para redefinir el modelo de Estado, que también; sino para hablar del modelo económico como pide IU, para recoger derechos sociales que no están, para atender al clamor popular de cómo se elige a nuestros representantes, qué derechos y obligaciones tienen; para incluir la igualdad entre hombres y mujeres, para cambiar de una vez por todas el Senado. En fin, para modernizar una Constitución que se ha quedado obsoleta.
Tarde o temprano habrá que hacerlo y, ante la desafección que hay actualmente con la clase política, intentar un cambio democrático, consensuado y profundo en busca de una Constitución del siglo XXI podría ser una vía para propiciar la reconciliación con la sociedad.
Lo de añorar la Transición puede estar bien, pero los problemas los tenemos ahora y son muy serios.
Todo apunta a que este país se encamina hacia una profunda reforma constitucional a corto o medio plazo, que suscita cada vez mayor consenso en numerosos sectores políticos y sociales.
Tras el debate sobre Cataluña del pasado martes en el Congreso, los líderes de UGT y CCOO se sumaron a la necesidad de que 35 años después se revise la Constitución. Cayo Lara también lo pide para cambiar el modelo económico. Y el PSOE ha hecho bandera de esta petición para afrontar el llamado problema territorial.