Dimite el presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid tras su imputación en Lezo
El presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, ha presentado este jueves en la Asamblea de Madrid un escrito en el que comunica su dimisión de su cargo, según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias. Canalda había avanzado el pasado 1 de diciembre en la comisión de corrupción de la Asamblea que dimitiría si resultaba imputado. De momento, asume sus funciones el vicepresidente Carlos Salgado.
La renuncia de Canalda se produce tras su imputación en el caso Lezo en lo relativo a su presunto papel en la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II. El escrito de renuncia de Canalda ha llegado a la cámara regional a las 9 horas, al ser la Asamblea de Madrid la que nombra a los consejeros y estos al presidente.
“He actuado conforme al ordenamiento jurídico”
En el escrito, el ya expresidente del órgano que controla la fiscalización en la Comunidad de Madrid asegura que a lo largo de los 20 años dedicado a la vida pública “siempre ha actuado con honestidad y siempre ha adoptado las decisiones basándose en informes que le avalaban”, pero que dimite para “no perjudicar” a la institución.
Canalda asegura en la comunicación a la presidenta de la Asamblea Paloma Adrados que ha conocido “a través de los medios de comunicación” que la Audiencia Nacional va a citarle en calidad de investigado por supuestas irregularidades en la compra de la empresa colombiana Inassa en 2001 por parte del Canal de Isabel II cuando él era gerente de esta empresa pública.
Sostiene que como este órgano depende de la Asamblea y no de la Comunidad de Madrid no tendría que dimitir, como sí lo hacen los miembros del Gobierno regional y altos cargos en aplicación del Código Ético. Y como tampoco es afiliado al PP le deja fuera del ámbito de aplicación del Código Ético de esta partido.
Además, señala que según la Ley 11/1999 de la Cámara de Cuentas en su artículo 35 apartado g) establece como causa para la pérdida de la condición de consejero de la Cámara la de “haber sido declarado, en virtud de sentencia judicial firme, responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso”, circunstancias que a fecha de hoy no se dan en su caso.
“No obstante lo anterior, en el pleno convencimiento de que he actuado siempre conforme al ordenamiento jurídico, soy consciente de que mi permanencia al frente de la Cámara de Cuentas en estas condiciones puede suponer un importante perjuicio para la institución que he tenido el honor de presidir a lo largo de los últimos seis años”, apunta.
Ossorio defiende la operación investigada
El portavoz del grupo popular Enrique Ossorio defiende que se trata de “una decisión voluntaria” ya que a Canalda “no le afecta ninguno de los códigos éticos”. “Queremos respetar la decisión judicial, que las investigaciones se desarrollen lo más rápido posible porque lo que deseamos desde el grupo popular que se demuestre la inocencia de las personas señaladas por ese auto”, ha dicho en declaraciones a los medios.
Ossorio se ha mostrado seguro de que la compra de Inassa “se hizo con todas las garantías”. “Es una operación que tiene todos los requisitos administrativos más allá de un pequeño desfase, que es lo que se puso de manifiesto en la comisión de corrupción. Eso sí, intentar vincular la labor de la comisión con las imputaciones es patético. Me parece patético que los portavoces de otros grupos pretendan que gracias a su labor ha sucedido este auto”, ha rematado.
Una propuesta aprobada para cambiar la ley
Para elegir a un nuevo presidente de la Cámara de Cuentas, los diputados de la Asamblea deben cubrir primero la vacante que deja Canalda como consejero. Cada grupo propone a un candidato y el nombrado debe salir por mayoría de tres quintos en primera votación o mayoría absoluta en segunda. Después son los propios consejeros los que se reúnen y eligen por mayoría absoluta al sustituto de Canalda como presidente del órgano. Hasta el momento será el vicepresidente Carlos Salgado quien asuma este puesto en funciones.
La Asamblea de Madrid aprobó antes de verano una proposición de ley de Podemos para tramitar una reforma de la ley que regula el funcionamiento de la Cámara de Cuentas. Antes, el grupo parlamentario solicitó a la Asamblea que el Pleno pudiera votar la destitución de Canalda pero la Mesa rechazó la petición. Desde Podemos explican que el mandato de los consejeros de la Cámara de Cuentas finaliza en 2018 y que la renovación del órgano se debería ya con una nueva ley.
