La cláusula del 1% en la obra pública de la Comunidad de Madrid que obligaba a las empresas adjudicatarias a destinar ese porcentaje a publicidad se extendió a todo tipo de contratos públicos. Tuviera sentido o no. No solo se reservaba una partida de fondos públicos para anunciar hospitales o carreteras, los Gobiernos de Esperanza Aguirre generalizaron de tal manera su propaganda que se pagaron fondos públicos incluso para publicitar meros trámites administrativos.
Lo demuestra un documento al que ha tenido acceso eldiario.es y que prueba que la cláusula del 1% se incluyó incluso en contratos a empresas que se dedicaban a la redacción de proyectos. La Audiencia Nacional ha puesto la lupa en esa cláusula administrativa que los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González incluyeron en los pliegos de los contratos públicos de construcción y que según los investigadores, acababa en muchos casos en el Partido Popular o en los bolsillos de sus dirigentes.
El documento que obra en poder de este periódico supone un ejemplo muy claro de hasta qué punto se extendió la propaganda con dinero público en la Comunidad de Madrid bajo los mandatos de Aguirre y González. Toda obra pública o de edificación necesita un proyecto técnico que describa qué se pretende construir, cómo y lo que costará. Se trata de una descripción en planos, mediciones y presupuestos de lo que se pretende hacer. Cuando ese proyecto es complejo y no puede ser abordado por técnicos de la administración, es habitual que las instituciones recurran a empresas de ingeniería para que los redacten. Se trata de un procedimiento habitual dentro de las administraciones que no requiere de divulgación hacia el ciudadano.
No lo vio así la empresa pública del sector transportes dependiente de la Comunidad de Madrid (creada en 1999 para construir líneas de metro y que se disolvió en 2011), Mintra, en el concurso público que abrió en noviembre de 2007 para contratar el proyecto técnico que procediese a la duplicación de la carretera M-600, tramo M-503 a A-5. En el apartado de “exigencias al contratista”, la cláusula 29 obliga a que el contratista pague los gastos de “comunicación e información del contrato, confección de vídeos o documentos audiovisuales, documentación gráfica y divulgativa y realización de actos al inicio y fin de trabajos, así como visitas de las mismas” hasta un máximo del 1% del presupuesto “IVA incluido”.
En este caso no había obra alguna que visitar ni que publicitar puesto que lo que se estaba adjudicando era papeleo, un mero pliego sobre las características técnicas de la obra y la forma en que debía acometerse.
Las competencias en carreteras en la Comunidad de Madrid eran de la dirección general de la Consejería de Transportes, pero en 2007 por medio de una encomienda de gestión, la empresa pública Mintra, que dependía de dicha Consejería, también licitó redacciones de proyectos de carreteras. Alrededor de una decena. Solo se construyó después una duplicación, la M-206. La duplicación de la carretera M-600, relacionada con el contrato de redacción anteriormente mencionado, nunca se hizo.
No es el único contrato en el que Mintra incluyó la cláusula del 1% que investiga la Audiencia Nacional. En el contrato de prolongación de la línea 2 de Metro a las Rosas, una adjudicación de 134,9 millones de euros, este concepto para publicidad también aparece en la cláusula 33. “El importe de dichos gastos será abonado a Mintra previa presentación de factura por parte de esta”, indica el contrato. Ese porcentaje supone que, en ese contrato, se destinó 1,34 millones de euros a publicidad.
“El desvío del dinero público se producía a través de las empresas adjudicatarias de cada contrato, que se veían obligadas a incrementar la oferta que presentaban al concurso en ese 1% para publicidad a la que les obligaba el pliego. Esto producía un perjuicio a las arcas públicas, al verse minorados sus fondos en ese 1%. Dichas empresas, que solían ser grandes constructoras, no contrataban la publicidad de su obra, se limitaban a atender las órdenes de pago de las facturas emitidas por las mercantiles del investigado Horacio Mercado, que les eran remitidas desde la Consejería implicada. Muchas de ellas con publicidad que no se realizó”, recoge el último auto del magistrado Manuel García Castellón del 2 de septiembre.
Las empresas que se llevaban ese 1% de los contratos públicos eran escogidas a dedo por el PP: no había ningún concurso previo. Un ex alto cargo de la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitarias imputado en el caso Púnica, Germán Rasilla, confirmó hace una semana ante el instructor del caso Púnica que la Presidencia de la Comunidad, al frente de la cual estaba Esperanza Aguirre, ejerció un control total sobre la adjudicación de los contratos de publicidad y medios de las distintas consejerías, aseguraron a eldiario.es fuentes presentes en la declaración.
“La introducción de esta cláusula evitaba, como se pretendió, licitar la supuesta publicidad y aseguraba que las facturas que se presentarían a las empresas constructoras adjudicatarias, de cobertura o por publicidad sobrevalorada, las emitirían las empresas del investigado Horacio Mercado [el publicista elegido por el PP de Madrid, que según la investigación desviaba fondos de la administración regional al partido]. También provocaba que las empresas licitadoras presentasen unas ofertas más elevadas, al tener que contemplar en su 'bussiness plan' el coste de dicha publicidad, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas”, asegura el magistrado García Castellón en el auto.
En poder de eldiario.es figura una factura de Traci Comunicación, por la que la empresa de Horacio Mercado cobró 50.665 euros. El concepto era “campaña de vialidad invernal 2009-2010 en las estaciones de servicios en los meses de diciembre 09 y enero 10”. La Comunidad de Madrid bordeó la ley de contratación pública vigente en 2010 (Ley 30/2007) que establecía para los contratos de servicios, los de publicidad también lo son, que los de más de 18.000 euros debían ser sometidos a concurso público.
Esta factura demuestra que la ley se incumplía con los pliegos administrativos de los contratos, que establecían que las campañas de publicidad a las que había que destinar el 1% de la licitación de la construcción de infraestructuras debían publicitar la obra a la que iban vinculadas. Hay más ejemplos. En el mismo escrito judicial de García Castellón, se detalla una campaña de comunicación de seguridad vial en las carreteras regionales para motoristas, una campaña institucional, que no debería haberse costeado con los fondos de las obras públicas.
En otra factura, cuyo contenido fue adelantado por infoLibre, y a la que ha tenido acceso eldiario.es, sucede lo mismo. La factura tiene como concepto: “Campaña publicitaria Sillas bebé, referente al 1% de gastos de publicidad según pliego de la obra de refuerzo M-206” por un importe de 17.473 euros. La empresa que cobró dicha factura fue O3 comunicación visual y márketing.
Funcionarios de la Consejería de Transportes denunciaron hace más de seis años esta práctica ante los responsables políticos. Los trabajadores públicos, en su mayoría ingenieros, hallaron pruebas de esta supuesta malversación desde 2009 y lo denunciaron ante los cargos públicos. Presentaron esa denuncia por varias vías: a través de documentos por escrito y de forma presencial en una reunión en la que estuvieron presentes políticos y técnicos de la Administración regional.
La alerta se produjo después de que los directores de obra manifestaran su miedo a que se les estuviese obligando a certificar gastos irreales ya que, como comprobaron, algunas de esas campañas de publicidad no se estaban realizando y porque las empresas adjudicatarias comenzaron a pedirles permiso por esos gastos.
“Nos extrañó mucho la forma de enviar facturas a adjudicatarios de obras por parte de empresas que nada tenían que ver en el contrato, que no habían sido revisadas ni contrastadas por los funcionarios responsables de los contratos y que desconocían su existencia”, asegura a eldiario.es un director de obra de la Consejería de Transportes de aquella época. “En ocasiones, se llegaron a recibir dos facturas de sendas empresas por los mismos supuestos trabajos efectuados. Ni los conceptos ni los precios ni las cantidades habían sido objeto de control alguno”, añade.
Estas prácticas terminaron poco después de las denuncias internas llevadas a cabo por los trabajadores. Dirigentes del Gobierno de González lo atribuyen a las dificultades derivadas de la crisis económica.