Por unanimidad, todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid se han puesto de acuerdo en algo que todos estos años se antojaba imposible: la remunicipalización de la gestión de la M-30 a mediados de este año. La iniciativa partió de una propuesta del PSOE e instaba al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida a iniciar “con la mayor celeridad” los procedimientos administrativos necesarios para establecer la gestión directa del servicio público de conservación y explotación de la M-30 y remunicipalizar así la empresa semipública ideada por el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón, Madrid Calle 30, cuando soterró parte de la circunvalación. El modelo escogido por Gallardón ha costado ya a las arcas públicas más de 1.000 millones de euros –sin contar las obras– entre impuestos y el pago de beneficios a la EMESA, la empresa privada socia de la corporación municipal formada por Ferrovial y ACS. La cuestión ahora radica en saber qué importe pagará el Gobierno de Almeida a las constructoras por hacerse con la gestión directa de la infraestructura a la que destina cada año más de 140 millones de euros de las arcas municipales.
La onerosa factura que supone para el Ayuntamiento este modelo escogido por Gallardón recibió severas objeciones de la Cámara de Cuentas de Madrid en una resolución de 2017. El organismo independiente que fiscaliza la gestión de las distintas administraciones públicas en la región concluyó en enero de ese año que el modelo de gestión escogido por el Gobierno municipal de Ruiz Gallardón perjudicaba gravemente a las finanzas de la capital. El órgano auditor ya recomendaba entonces rescatar la gestión por las “importantes deficiencias” del modelo escogido, gravosas para el interés general.
El Gobierno de Gallardón escogió este modelo mixto como una manera de maquillar las cuentas municipales, ya que pretendía de esta manera que la deuda que contrajo por las obras no computase para el Ayuntamiento. Eurostat dijo en el mismo año que se creó la sociedad mixta, en 2005, que el Ejecutivo de Gallardón no debía separar de las cuentas municipales la deuda provocada por las obras de la M-30 (2.500 millones de euros en aquel momento solo en el proyecto constructivo), como venía haciendo en sus apuntes contables. El Ejecutivo del PP decidió recurrir la decisión y mantuvo el modelo de gestión mixta con ese propósito. Pero en 2011 la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio la razón a Eurostat y el Ayuntamiento tuvo que asumir como propia esa deuda milmillonaria.
Como señaló este martes el concejal socialista Ignacio Benito, la iniciativa ahora tiene como “objetivo” implantar el nuevo modelo 100% público “a partir del 1 de julio de 2022”. Si se logra remunicipalizar la empresa, el Ayuntamiento de Madrid se ahorrará en torno a 45 millones cada año en impuestos hasta 2025, el año en que el actual contrato abre una puerta a recuperar la gestión directa de la empresa. Sumarían 125 millones que se dejarían de abonar en el impuesto de sociedades y el IVA, dos tributos de los que estaría exento el Ayuntamiento si la gestión fuese pública.
Pero ahí no terminan los costes que ha supuesto para las arcas públicas la sociedad Madrid Calle 30, una empresa mixta hoy participada al 80% por el Ayuntamiento de Madrid y al 20% por EMESA, la firma encargada del mantenimiento de la circunvalación, integrada a su vez por las constructoras Ferrovial y ACS. Además de los impuestos, el modelo económico escogido desde prácticamente su nacimiento por el Gobierno que presidía Alberto Ruiz-Gallardón consistió en garantizar unas cantidades anuales para EMESA, que cobra por dividendos y además ingresa los intereses de un préstamo que la empresa anticipó al comienzo del contrato.
La única fuente de ingresos de la sociedad entre EMESA y el Ayuntamiento es el propio Consistorio, que asume en exclusiva el pago de tasas, dividendos y costes de mantenimiento de la vía. Para que las constructoras obtengan los beneficios pactados, el Ayuntamiento de Madrid transfiere cada año de sus presupuestos 140 millones de euros a Calle 30, que eleva a su vez el impuesto de sociedades y el IVA (que deben abonar este tipo de empresas y del que estaría exenta la Administración).
Una comisión de investigación de la deuda por la M30 durante el Gobierno de Manuela Carmena también dictaminó que “el modelo de gestión de la sociedad es totalmente ruinoso para las arcas municipales”, porque “garantiza el beneficio de las empresas privadas adjudicatarias de un contrato blindado hasta el año 2025 y prorrogado hasta el año 2040”. La Cámara de Cuentas también consideró que la sociedad mixta no tiene otra razón de ser que la de garantizar el pago de unos intereses del 7,05% a las empresas constructoras que forman EMESA: Ferrovial y ACS.
Al contrario que en otras sociedades mercantiles, donde en función de los resultados de la empresa, y su buen o mal hacer, los dividendos ascienden o descienden, en Calle 30 la cifra a repartir en dividendos es fija y garantizada por la propia Administración. Viene determinada por el modelo económico financiero firmado entre el Gobierno de Gallardón y las constructoras para asegurar que EMESA tenga durante todo el contrato una rentabilidad de la inversión realizada del 7,053%. Ese beneficio se calcula con los intereses de un préstamo subordinado que realizó a su entrada en la sociedad y el reparto de dividendos por su 20% en la empresa. En total, EMESA obtiene anualmente en torno a 15 millones de euros en beneficios por estos conceptos.
Madrid Calle 30 contrajo un préstamo con las constructoras de 111,5 millones de euros al 5,5% de interés, que era a su vez la manera con la que EMESA cubría el 20% de los recursos propios de la sociedad. El pago de los intereses por el préstamo, el reparto de dividendos y los impuestos (IVA e impuesto de sociedades) hacen que Calle 30 genere un coste anual de 60 millones de euros que no tendría si la sociedad fuera 100% pública. De mantenerse la gestión mixta hasta 2025, el montante será de 195 millones de euros en concepto de impuestos, intereses de la deuda subordinada y dividendos repartidos al socio privado. Desde 2005, cuando la firma pasó a ser mixta, el Ayuntamiento lleva consumidos 820 millones de euros por estos conceptos. Si la gestión se mantiene hasta 2025, serán 1.100 millones de euros.
EMESA, además de los beneficios que obtiene por tener el 20% de la sociedad, tiene en exclusiva el mantenimiento de la circunvalación, por el que recibe cada año en torno a 30 millones de euros.
El coste de remunicipalizar la entidad
Ahora el Gobierno de Almeida tendrá que asumir varios costes si decide hacer la empresa pública. Entre ellos está la devolución del préstamo a EMESA de 111,5 millones, un importe que el Consistorio asumiría en cualquier caso si la remunicipalización se hace en 2025 como está previsto por contrato. De hacerse ahora, podría ahorrarse en siete años el pago del 5,5% de interés de ese préstamo.
Además, el Ayuntamiento tendría que comprar las acciones de Emesa, el 20% de la sociedad. Un coste que, al igual que el anterior, también tendría que asumir en 2025. La diferencia viene, por tanto, en la indemnización que el Gobierno municipal tendrá que asumir por rescindir el contrato antes de tiempo. Es lo que dijo que había que hacer el dictamen de la Cámara de Cuentas que en su apartado de recomendaciones aconsejaba al Ayuntamiento de Madrid “amortizar anticipadamente el préstamo” que las constructoras aportaron a Calle 30, “dado que resulta excesivo para las necesidades de la empresa en la situación económica y de actividad actual”.
Recuperar la gestión directa de Madrid Calle 30 ya se intentó durante el Gobierno de Ahora Madrid liderado por Manuela Carmena pero no pudo lograrse, principalmente por la oposición que ejerció entonces la empresa privada y también el PP. Allí estaba como presidenta de la entidad Carlos Sánchez Mato que en declaraciones a esta redacción considera que “la gestión de una infraestructura no tendría que estar sujeta a debate ideológico dado que la gestión directa ”es mucho más rentable porque te ahorras los beneficios de la empresa y los impuestos“. El retraso de estos años ha costado ya 200 millones de euros a las arcas públicas, indica, agridulce de que el retraso en adoptar la remunicipalización, pues ha costado prácticamente 200 millones de euros. ”195 millones de euros que le han costado a todos los ciudadanos de la ciudad de Madrid, haciendo más daño a los más vulnerables, un dinero que podría haberse destinado a servicios público“, asegura Sánchez Mato.
Para el exconsejero delegado de la entidad semipública durante el Ejecutivo de Manuela Carmena, Samuel Romero –que trabajó por esta remunicipalización–, recuperar la gestión directa “es una excelente noticia”. “Pero no debe hacerse a cualquier precio”, defiende en declaraciones a elDiario.es. Romero, que se conoce bien las tripas de los contratos, alerta: “Quienes idearon este modelo de empresa han permitido pagos por duplicado, dejan la infraestructura sin auditar y muestran una permisividad absoluta con que la empresa mantenedora vaya a marcar el camino de la nueva forma de gestión. Da indicios suficientes de que, una vez más, Emesa volverá a lucrarse muy por encima de lo que establece el contrato”.
También desde Más Madrid, la concejala Esther Gómez considera que lo aprobado en el pasado pleno municipal es “un primer paso necesario pero no suficiente”. “Hay que aclarar y concretar varias cosas que ya se indicaron en su día en las conclusiones de la comisión de investigación para llevar a cabo la resolución del contrato y la municipalización de Calle 30.
Gómez, al igual que Romero, apuesta por una auditoría del estado de la instalación después de años sin hacerse –como ha desvelado en numerosas ocasiones elDiario.es–, por la subrogación del personal del servicio de intervención y emergencias y del centro de control encargado de la explotación y seguridad y añade que hay que elaborar “un nuevo contrato de conservación que garantice los mecanismos de control y supervisión adecuados y una auditoría rigurosa centrada en el grado de cumplimiento del contrato”. “Nuestro apoyo al primer paso de hoy no es un cheque en blanco y estaremos muy pendientes del cumplimiento de estos requisitos”, advierte.
Almeida llevaba dos ejercicios incluyendo una partida para la remunicipalización en sus anteriores presupuestos. La gestión directa nunca ha llegado y sorprende ahora a la oposición que esas cantidades hayan desaparecido de las nuevas cuentas de 2022. De mantenerse la gestión mixta hasta 2025, el año en el que se abre por contrato la opción, el Ayuntamiento de Madrid habrá dilapidado más de 1.100 millones de euros que se habría ahorrado si la empresa Madrid Calle 30 se hubiera mantenido pública desde el origen.