El Ayuntamiento de Madrid –a través de la sociedad semipública Madrid Calle 30, de la que posee el 80% de las acciones– ha adjudicado en 2021 tres contratos a dedo de 100.000 euros cada uno a EMESA –la empresa concesionaria de M30 encargada de su mantenimiento y poseedora del 20% restante de las acciones– por servicios que ya incluye su contrato de conservación. Dos de esos contratos se adjudicaron a finales de enero de 2021 por trabajos realizados tras el temporal de Filomena a principios de mes y así se justificaron.
El tercer contrato fue a finales de noviembre de 2021 y de nuevo Filomena –más de 10 meses después– volvió a ser la excusa para adjudicar sin concurso ni publicidad un contrato a EMESA por la cantidad máxima que permite la legislación para que pueda ser una adjudicación directa.
El primero de los contratos se concedió el 23 de enero de 2021. La cantidad es de 100.000 euros –el límite legal que establece la ley de Contratos del Sector Público– para que no tuviera que salir a concurso, un procedimiento que se utilizó igualmente en los otros dos casos. El objeto del contrato incluye el “rescate y retirada vehículos de la M30” durante los días 7, 8 y 9 de enero, cuando decenas de coches se quedaron atrapados en la circunvalación debido a la mayor nevada en 50 años de la historia de Madrid. El contrato se adjudicó por tanto a la concesionaria de M-30, dos semanas después de que realizase los trabajos, que por otra parte ya incluye el contrato inicial de la empresa.
El segundo de los contratos, fechado el 24 de enero de 2021 y también de 100.000 euros, tiene como objeto la “retirada árboles M30”, de nuevo, por la nevada de Filomena. Otra vez, días después de que se realizasen los trabajos. Del tercero sorprende aún más la fecha de licitación ya que de nuevo su adjudicación tiene relación con el gran temporal que tuvo lugar a principios de año. Sin embargo, se adjudicó el 30 de noviembre de 2021, hace poco más de un mes, para la “retirada de restos de vegetales procedentes de Filomena existentes en Calle 30 para evitar daños ante la amenaza de inundaciones”. Son más de diez meses después de la nevada.
Actividades que incluye el contrato
Todas las actividades descritas en cada uno de los contratos están incluidas ya en el contrato que la empresa semipública del Ayuntamiento de la capital, Madrid Calle 30, tiene con EMESA. Son tareas de conservación que están totalmente incorporadas en el contrato inicial y por las que EMESA ingresa al año alrededor de 30 millones de euros.
En el anexo III del contrato de conservación que la concesionaria tiene con Madrid Calle 30, se especifica que “con carácter de urgencia la Sociedad Adjudicataria [EMESA] acometerá las tareas que resulten necesarias para solventar las incidencias y emergencias planteadas: aviso en paneles de mensajes variables, limpieza, retirada de obstáculos, señalización, balizamiento” de modo que “se logre la reanudación inmediata del servicio en condiciones adecuadas de seguridad y comodidad”.
El contrato establece como emergencia “toda situación imprevista que afecte a la circulación o limite la capacidad (portante o funcional) de la infraestructura o de cualquiera de sus componentes, incluyendo, además de los hechos consumados, los supuestos de riesgo inminente”. Todas estas tareas también se incluyen en la oferta que EMESA hizo para hacerse con el contrato de conservación. Es más, se comprometió a realizar más trabajos de este tipo en un documento posterior.
Desde el área de Medio Ambiente que dirige Borja Carabante justifican la adjudicación de cada uno de estos contratos aludiendo a otro de los puntos del acuerdo de conservación que establece una compensación económica para casos de “fuerza mayor”, algo que a su juicio, fue el caso de Filomena: “Una nevada en Madrid de dimensiones desconocidas con efectos catastróficos sobre los elementos de Calle 30, como arbolado, pavimentos y equipamiento”, aseguran. “La urgencia, la falta de movilidad general y el ser fin de semana hizo imposible una licitación de estos trabajos, por lo que se recurrió al procedimiento de emergencia que la ley prevé para estas circunstancias”.
Sin embargo, el procedimiento utilizado por el Ayuntamiento de Madrid en otras ocasiones para los supuestos de “fuerza mayor” nada tiene que ver con el realizado en este caso. Efectivamente, la fuerza mayor puede conllevar una compensación financiera pero requeriría de un expediente que tendría que valorar los daños, las características del siniestro y la aprobación en Junta de gobierno. Esta redacción ha preguntado a la corporación municipal si se siguió este procedimiento para estos casos, pero no ha obtenido respuesta.
Para la tercera adjudicación de noviembre de 2021 –más de diez meses después de Filomena– el Gobierno de Almeida defiende que “hubo que actuar por emergencia ante la previsión de fuertes lluvias para evitar inundaciones producidas por los restos de árboles acumulados y pendientes de retirada por Filomena”. Una supuesta actuación de “emergencia” de nuevo aludiendo a la “fuerza mayor” para unos trabajos que se realizaron diez meses después de la gran nevada y que podría haber realizado EMESA a lo largo del año como parte del contrato de conservación.
El Ayuntamiento de Madrid tampoco explica por qué los tres contratos constan de una misma cantidad: 100.000 euros, el límite legal que permite que no salga a concurso el procedimiento ni requiera de publicidad para que otras empresas que lo deseen opten a ello.
3.000 millones para soterrar la zona norte
No es la primera vez que se paga trabajos por duplicado o que no se han realizado a la empresa adjudicataria, como ya ha desvelado en otras ocasiones elDiario.es. “Los tres contratos adjudicados a EMESA son un regalo directo a la empresa y suponen un vuelta al modus operandi anterior a nuestra llegada en 2015”, asegura el exconsejero delegado de Madrid Calle 30 en la etapa de Gobierno de Ahora Madrid, Samuel Romero, en conversación con este periódico.
El ingeniero de Caminos recuerda que “todas las actividades descritas están incluidas ya en el contrato que Madrid Calle 30 tiene con EMESA. Se trata de tareas de conservación que están totalmente incorporadas en el contrato inicial. Es inaceptable que adjudiquen un contrato por tareas de limpieza y conservación a la misma empresa que tiene un contrato integral precisamente para esas tareas”, insiste. “Es inaceptable esta situación, están regalando 300.000€ por tareas ya incluidas en un contrato por el que ingresan 30 millones cada año”, añade.
También Carlos Sánchez Mato, expresidente de Madrid Calle 30 cuando estaba al frente del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, asegura que el pliego de condiciones del contrato de conservación “obliga a mantener la infraestructura en cualquiera de las circunstancias que se puedan dar”. “No se plantea en ningún caso que circunstancias atmosféricas adversas puedan ser excusa para no hacer frente a sus obligaciones o para percibir una retribución superior”, explica.
Sánchez Mato afirma que “desgraciadamente esta forma de actuar no es novedosa en la gestión de Madrid Calle 30”. EMESA ha sido beneficiada de forma reiterada por el PP desde que resultó adjudicataria de la gestión del mantenimiento de la infraestructura“. El exedil recuerda que Madrid Calle 30 lleva asumiendo el pago de la factura eléctrica en vez de hacerlo EMESA pese a que lo estipula el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato. ”Además tal y como quedó acreditado en la Comisión de Investigación llevada a cabo en el anterior mandato, el propio contrato de reequilibrio realizado en 2007 prácticamente duplicó la retribución anual por mantenimiento a cambio de nada“.
Todo esto ocurre a la vez que el Ayuntamiento de la capital estudia remunicipalizar la empresa, algo que se intentó desde el Gobierno de Manuela Carmena y que se encontró con la resistencia de Emesa, según adelantó hace unos meses El Confidencial. Un ejemplo más de que las empresas privadas ven con mejores ojos llegar a un acuerdo con este Ayuntamiento. La última pretensión del alcalde de Madrid, según este mismo medio de comunicación, es soterrar la zona norte de la M-30, unos nueve kilómetros. El coste ascendería a más de 3.000 millones de euros. La última vez que se optó por soterrar la circunvalación, la deuda de Madrid ascendió a 7.000 millones lo que provocó recortes sociales y la venta del gran parque de la vivienda pública de Madrid, entre otras actuaciones.