Almeida acelera para evitar que su pleito contra Madrid Central devuelva la barra libre de coches al centro

Un error de cálculo del Ayuntamiento de Madrid enfrenta a la corporación dirigida por José Luis Martínez-Almeida a un agujero legal que puede devolver la circulación sin restricciones al centro de la ciudad. Al alcalde le estallaba este martes el frente judicial que abrió para frenar la zona de bajas emisiones decretada por el Gobierno de Manuela Carmena, la medida sobre la que construyó la campaña electoral que le llevó a la Alcaldía en 2019.

A primera hora de la mañana, el Tribunal Supremo notificaba el fin definitivo de Madrid Central tras prosperar hasta la última instancia, para sorpresa del PP, el recurso presentado por el partido en 2018 contra la ordenanza que regula las restricciones de acceso de los coches a la almendra central de la ciudad para reducir los niveles ilegales de contaminación que han llevado a España hasta los tribunales europeos. Madrid ha vuelto a ponerse en el mapa por ser la excepción europea: es la única ciudad que retrocede en políticas medioambientales.

La corporación, atrapada por las consecuencias de cimentar su campaña en una promesa insostenible a favor del coche , emprende ahora una carrera contrarreloj para evitar que vuelva la circulación sin límites y se dispare la polución. El área de Movilidad y Medio Ambiente confirma que acelerará los trámites administrativos para aprobar a finales de julio la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, que despejaría los problemas de vacío legal que ahora sí quitan el sueño al PP aunque no garantizan la solución a otro contratiempo, esta vez económico: el más que probable agujero financiero que puede ocasionar la nulidad del Madrid Central original si los multados recurren sus sanciones al no existir la base legal sobre la que se impusieron.

Almeida vs. Almeida

Almeida ha terminado siendo víctima de Almeida y de sus pleitos del pasado contra Manuela Carmena. Los demás damnificados son miles de madrileños desconcertados por las declaraciones de los representantes municipales. La número dos del Gobierno municipal, Begoña Villacís, recomendaba a los ciudadanos que se comportaran como si Madrid Central siguiera en vigor pese a que ha sido anulado por la justicia sin que quepa recurso posible. Después, el alcalde confirmaba que la zona de bajas emisiones “sigue en vigor” y, por tanto, no se puede circular dentro del perímetro “salvo en los supuestos exceptuados” hasta que se ejecute la sentencia.

“No se esperaban lo que pasó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace un año ni tampoco lo que ha pasado en el Supremo. Les ha pillado con el pie cambiado y el resultado es una plasmación real de las consecuencias que tienen sus políticas”, señala Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, que se pregunta por qué el PP no retiró su recurso de 2018 para evitar el desconcierto y los daños. La organización medioambientalista presentó el único recurso contra la anulación decretada por el TSJM en julio de 2020 ante la inacción del Ayuntamiento de Madrid.

Este recorrido judicial -aunque ha dado la razón al PP y a la Comunidad de Madrid en los “defectos de forma” de la ordenanza- deja un largo reguero de ruido político y confusión ciudadana, pero menos consecuencias a largo plazo. El alcalde desistió en octubre de 2020 -cuando toda España estaba pendiente de si el Gobierno de Pedro Sánchez aplicaba el estado de alarma a Madrid- de eliminar la zona de bajas emisiones. La promesa que inundaba sus carteles electorales -“con Almeida Madrid Central se acaba el 26 de mayo”- y sobre la que construyó toda su campaña se quedaba en nada.

Las mismas restricciones en la nueva ordenanza

Contra todo pronóstico, el portavoz de la oposición a Carmena -elegido alcalde en 2019- y el máximo exponente de la guerra contra Madrid Central va a terminar restaurando la zona de bajas emisiones anulada por la justicia en su próxima Ordenanza de Movilidad Sostenible. El texto, como adelantó elDiario.es, no recoge cambios sustanciales en las restricciones, más allá de un nuevo nombre -Distrito Centro- y más permisos para los comerciantes -equiparados a los residentes-: los vehículos con etiquetas B y C de la DGT solo podrán acceder a la zona de bajas emisiones con limitaciones para estacionar en un aparcamiento de uso público o privado o de reserva de estacionamiento en el interior del área.

Hacía tiempo que el PP estaba solo en su empeño de recortar Madrid Central para permitir que más coches tuvieran permisos. Ciudadanos se bajó del barco antes de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 y desde entonces no se movió, abocando al alcalde a dar marcha atrás. Solo esa imposibilidad aritmética obligó a cambiar de opinión al primer edil, que había hecho oídos sordos ante la oposición unánime de los partidos de izquierda, ecologistas y expertos a una regresión inconcebible mientras España se jugaba una multa en la Unión Europea por superar durante una década los límites legales de tóxicos, con el consiguiente impacto para la salud de los ciudadanos. Ahora, además, la ley nacional de Cambio Climático deja poco margen al retroceso: el texto, que se aprobará definitivamente en el Congreso este jueves, obliga a las poblaciones de más de 50.000 habitantes de toda España a tener una zona de bajas emisiones antes de 2023.

Sin embargo, el discurso no ha cambiado. El alcalde persiste en que la gestión de Manuela Carmena fue nefasta -hasta ahora sin avales pero a partir de este momento con el auto del Supremo- y en la inutilidad de Madrid Central. “Madrid Central es un fracaso en términos ambientales y para la calidad del aire de la conjunto de la ciudad”, decía este martes el primer edil en una declaración que bien podría ser de 2019 aunque alrededor nada es lo mismo. Martínez-Almeida instaba incluso a Más Madrid a pedir “perdón” y defendía que su plan, que en esencia es lo mismo pero con tres nuevos autobuses gratuitos cero emisiones, más carriles bus y algunas tímidas peatonalizaciones, es mucho mejor.

El primer año de implantación de Madrid Central redujo sin precedentes la contaminación en toda la ciudad y desmintió el “efecto frontera” que sostenían PP y Ciudadanos, pero no fue suficiente para cumplir con las exigencias europeas. “No existe ningún efecto frontera en el entorno de Madrid Central. Más bien habría que hablar de un efecto contagio, que ejerce un efecto positivo sobre la calidad del aire en el conjunto de la ciudad”, apuntó la organización ecologista. La zona de bajas emisiones además sirvió para evitar la multa europea que ahora sobrevuela con más fuerza que nunca sobre España al reactivarse el proceso de infracción. El caso se envió al Tribunal de Justicia Europeo a raíz del intento fallido del Gobierno municipal de suspender las multas en julio de 2019.

Los dos problemas que vienen: el vacío legal y el agujero financiero

El problema más inmediato para el Ayuntamiento es ahora la amenaza de un vacío legal que haga regresar la circulación masiva al centro de la ciudad. La corporación se aferra a un cálculo propio: dos meses de margen para ejecutar la sentencia. Sin embargo, este plazo podría verse acortado si alguno de los otros cinco recurrentes, cuyos recursos pasarán igualmente por el Supremo, pide que se cumpla antes el pronunciamiento judicial. Entre ellos están empresas y colectivos con intereses en que el tráfico sea libre, como los empresarios del ocio nocturno (CEONM), los Automovilistas Europeos Asociados o una consulta de gestión de multas de tráfico (Pyramid Consulting).

¿Y qué pasaría si la corporación se ve obligada a cumplir la sentencia antes de que pueda aprobar en Pleno la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible? El área de Movilidad y Medio Ambiente valora crear peatonalizaciones temporales de algunas vías de la capital.

El segundo conflicto, que tampoco es baladí, es un posible agujero financiero causado por la devolución de las multas cobradas sobre la base de una norma anulada por la justicia que se cubrirá, llegado el caso, con el dinero de las arcas públicas a las que aportan todos los contribuyentes. El Ayuntamiento de Madrid ha comunicado 1,393 millones de multas desde el 16 de abril de 2019, cuando entró en vigor la ordenanza con carácter sancionador tras un periodo de pruebas, según datos municipales.

La corporación asegura que las multas que ya han llegado a los domicilios no van a ser reembolsadas. Una teoría que no comparten, por ejemplo en la empresa DVuelta Asistencia Legal, una de las que presentó recurso contra Madrid Central y que considera que todas las sanciones podrían recurrirse a través de una revisión de oficio. Esto supondría, tomando como referencia el número de sanciones contabilizadas por el área de Movilidad y Medio Ambiente, 125 millones de euros (62 en el caso de pronto pago).