El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha comparecido este jueves para hablar sobre el supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha asegurado que tras recibir un primer aviso de que un trabajador de una empresa municipal se reunió con un detective, el consistorio puso en marcha una investigación interna. “Hechas las averiguaciones concluimos que el detective niega la reunión, el trabajador niega la reunión, que no hay ningún contrato y que por tanto no se ha podido producir ningún encargo ni pago para obtener información de esa naturaleza”.
Almeida ha comparecido después de que varios medios publicaran el miércoles que un trabajador de la Empresa Municipal de la Vivienda se puso en contacto con una empresa de detectives para investigar a Ayuso, y en concreto, un contrato de 1,5 millones otorgado a dedo a una empresa cuyo dueño es amigo del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A pesar de la gravedad de estas informaciones, el alcalde ha dicho que aún no había hablado de ello con Ayuso, que tiene previsto a su vez comparecer ante los medios de comunicación sobre la una de este mediodía en la sede del Gobierno regional.
El alcalde ha relatado que en torno al 15 de diciembre recibió la información de ese posible encargo y que en ese momento se puso a hacer “las averiguaciones necesarias” tanto dentro de la Empresa Municipal de la Vivienda, que preside Álvaro González, como con la agencia de detectives a la que supuestamente se le encargó el espionaje. “Todos lo niegan”, ha afirmado.
Almeida ha reconocido que no avisó a la dirección del PP –de la que forma parte porque es portavoz nacional– ni a la propia Ayuso. Cuando ha sido preguntado por las supuestas irregularidades del contrato al hermano de Ayuso, ha evitado contestar y ha dicho que comparecía únicamente para “que no haya duda o sospecha sobre el ayuntamiento o sobre empresas del ayuntamiento Madrid” y siempre como “alcalde de Madrid”, no como “portavoz nacional del PP”, cargos que no ve que sean incompatibles a pesar de verse ahora envuelto en este episodio.
Carromero será cesado si se demuestra “una conducta irregular”
Después de insistir en que “no se ha producido ningún encargo desde el Ayuntamiento de Madrid”, ha dicho que no se han encontrado pruebas de tales hechos, pero no ha negado que puedan aparecer en algún momento. “En caso de que aparecieran pruebas de que alguna persona con cargo haya realizado cualquier tipo de gestión, tenga seguridad de que será cesado”, ha dicho.
En concreto, ha sido preguntado por el papel que puede haber jugado en todo este asunto Ángel Carromero, uno de sus principales asesores, y ha asegurado que ha hablado con él sobre las informaciones publicadas pero “ha negado todo tipo de gestión tendente a conseguir cualquier tipo de información”. No obstante, ha añadido que en el caso de que se demostrara que tuvo una “conducta irregular”, será “inmediatamente cesado”, al igual que “cualquier persona con una conducta no ejemplar”. “Sea Carromero o cualquier otra persona, dejará de trabajar en el Ayuntamiento de forma inmediata”, ha señalado, tajante.
elDiario.es desveló el pasado noviembre que el Gobierno de Madrid había adjudicado a dedo un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3 a la empresa Priviet Sportive SL, propiedad de Daniel Alcázar. Es un empresario amigo íntimo de los Díaz Ayuso, desde que eran niños y los tres jugaban juntos en el pueblo del que son originarios sus familias: Sotillo de la Adrada (Ávila).
A raíz de esta información de elDiario.es, según publican El Mundo y El Confidencial, personas cercanas al PP nacional intentaron averiguar si el hermano de Díaz Ayuso se había llevado una comisión a cambio de ese contrato a dedo de 1,5 millones de euros a su amigo. El Mundo asegura que la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid –que depende del Gobierno de Almeida– encargó en el mes de diciembre un presupuesto a la empresa de detectives Grupo Mira para investigar las cuentas corrientes de Tomás Díaz Ayuso, sus declaraciones de IVA y también la facturación de Priviet Sportive, la empresa que se llevó el contrato.
El Mundo asegura igualmente que Díaz Ayuso descubrió que estaba en marcha esta investigación con detectives a través de un ex ministro de Rajoy, cuyo nombre no cita y fue la persona que dio el aviso. Y que la empresa de detectives nunca llegó a indagar en este asunto porque el encargo nunca se formalizó ni se pagó. Por su parte, El Confidencial vincula a Ángel Carromero, director general de Coordinación del alcalde de Madrid, como artífice de la operación.
La dirección nacional del PP ha emitido un comunicado en el que “desmiente tajantemente las informaciones publicadas en relación a una supuesta investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid” y avisa que “tomará las medidas judiciales oportunas ante estas falsedades”.