Un interna de una residencia de la localidad madrileña de Villa del Prado, en Madrid, murió ahorcada por las correas que la mantenían sujeta a la cama. Los hechos, adelantados por El País, ocurrieron el pasado mes de junio. La mujer, de avanzada edad, padecía de alzhéimer. Se da la circunstancia de que esta misma residencia ya estaba siendo investigada por al fiscalía a causa de otro homicidio imprudente ocurrido en 2019.
La residencia, que se llama Villa del Prado, como el municipio donde se encuentra, pertenece a la Comunidad de Madrid, pero su gestión recae –a cambio de 2,7 millones anuales de dinero público– en la filial de atención a la tercera edad de la constructora Sacyr.
Al parecer el hallazgo de la víctima se produjo durante una ronda de medianoche, cuando un cuidador halló a la residente sin vida, según explica al citado diario un portavoz de la concesionaria.
Prórroga en la gestión
La Comunidad de Madrid habría prorrogado el contrato de gestión con la filial de Sacyr pese a que por aquel entonces ya era sabido que la Fiscalía estaba indagando en una muerte previa, de 2019, y a pesar de que meses antes de esos hechos la inspección autonómica había multado en dos ocasiones a los responsables de la residencia por la escasez de personal contratado.
La ley –recuerda la información de El País– autoriza las sujeciones mecánicas siempre que sean prescritas por un médico y sean consentidas por el residente o sus familiares. No son raros los fallecimientos a causa de estrangulamientos o por problemas cardiovasculares generados por la ansiedad que el procedimiento desata en ciertos pacientes.