Ángela ha abierto una nueva brecha en un conflicto que lleva enquistado ocho años, desde que la Justicia emitió la primera sentencia que anuló la venta de 3.000 viviendas públicas a Goldman Sachs. Esta mujer, de 48 años, y madre de familia numerosa, fue desahuciada en 2016 por el fondo cuando desaparecieron las bonificaciones sociales de su alquiler. Tras iniciar una lucha legal, ha conseguido que una magistrada obligue a la Comunidad de Madrid a darle un nuevo piso público. Cuando recibió la llamada de su abogado gritó de emoción. Luego se puso a llorar y celebró la sentencia con toda su familia. El fallo no es firme y el Gobierno regional ha anunciado que lo recurrirá.
Esta mujer pide a la administración pública, aquella gobernada por Ignacio González (PP) en 2013 y que vendió su vivienda a Encasa Cibeles, una sociedad participada al 97% por el fondo estadounidense, “que se den cuenta del daño que han causado” porque sus hijos “lo han pasado fatal”. Ángela recuerda el primer día que toda su familia entró en una casa que les tocó por sorteo en Valdecarros. Era 2009. “Era todo perfecto”, apunta, a la vez que explica que “los niños estaban muy contentos” en ese piso.
La Comunidad de Madrid le adjudicó una vivienda por su “especial necesidad” y “acordó la reducción de la renta en un 90% y, posteriormente, en un 95%, a partir de su situación económica, situación que no ha mejorado”, recoge la sentencia emitida el 23 de septiembre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 33 de Madrid. Ángela, que en ese momento trabajaba como barrendera, pagaba un alquiler mensual de 50 euros.
Con el cambio de casero, los descuentos sociales desaparecieron y Ángela empezó a acumular recibos sin pagar, tal y como reconoce ella misma. A su alrededor, sus vecinos comenzaron a abandonar el edificio por este mismo motivo. “No podía hacer frente [a esa cantidad], pedí ayuda a los servicios sociales, a Cáritas y no sé a cuántas cosas más”, recuerda. Nadie le explicó las consecuencias que tendría para ella y su familia la venta de vivienda pública. Solo recibió una carta, que le costó interpretar.
En 2016 ella y su familia fueron desahuciados. “Cogí todas mis cosas y me fui una temporada a la Cañada [Real]”, relata. Aquella salida traumática de la que fue su casa durante siete años, desbordada de maletas y muebles, le ha dejado secuelas psicológicas. “Yo no he pedido un piso en La Moraleja. He pedido una casa para estar a gusto con mis hijos, porque yo no valgo para meterme en ninguna vivienda que no sea mía”, añade.
1.700 viviendas recuperadas por la Comunidad
Ocho años después de aquel lanzamiento una magistrada le ha dado la razón. Ángela no tiene que iniciar una nueva petición de vivienda social y esperar a que le toque por sorteo o la administración se la conceda. En primera instancia, la Justicia considera que la Comunidad de Madrid, por lo menos en este caso, “ha de responder a la necesidad habitacional de la recurrente que ella misma ha creado”. Y añade que la demandante no puede verse “perjudicada por una actuación administrativa que ha sido declarada nula de pleno derecho y ha devenido firme”.
No hay datos sobre el número de personas que fueron desahuciadas después de que las viviendas públicas pasaran a manos privadas. De las 3.000 viviendas que adquirió el fondo, la Comunidad de Madrid solo ha recuperado 1.700. El resto fueron vendidas durante los años en los que Encasa Cibeles fue el dueño de esas promociones inmobiliarias.
Desde que estalló el conflicto, en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han prestado ayuda y acompañamiento a los inquilinos que se lo han solicitado. Su portavoz, Enrique Villalobos, cuenta que de los 3.000 adjudicatarios de las viviendas públicas, el sector que más achacó las consecuencias de la venta fueron los 700 inquilinos que entraron en esas casas con un alquiler social. Según apunta, “el resto eran de alquiler joven”, con opción a compra, y la mayoría de ellos no afrontaron dificultades con el cambio de casero.
Ángela no se marchó del piso hasta que no tuvo una sentencia judicial que le obligaba a ello. Otros inquilinos de aquellas viviendas los abandonaron sin necesidad de llegar a esa situación. Marian M, que recibió una casa en Soto del Henares, se fue “por el acoso que sufría”. “El alquiler que me querían poner era abusivo, 800 euros. No podía pagarlo. Tenía dos hijos y una tercera en camino. Hasta entonces pagaba 120 euros”, explicó a esta redacción. Encasa Cibeles ha asegurado en todo momento que nunca existieron “presiones” para que los residentes que no estaban al día con los recibos abandonasen sus viviendas.
Ahora, tras conocer la sentencia de Ángela, Marian M. está estudiando si acude a los tribunales, ya que asegura que tras pedir a la Comunidad de Madrid que le devuelva su piso, no ha obtenido respuesta. Después de todo el periplo administrativo y burocrático, se siente desamparado en su búsqueda de una solución. Lamenta que no haya facilidades para los afectados por la venta de vivienda pública. “Es como si no existiéramos”, plantea.
Tras salir de su vivienda, su familia se desmoronó debido a la incertidumbre y preocupación vivida al ver que no llegaban a pagar el alquiler. Desde entonces comparte casa con cinco personas más. Por su parte, Ángela tuvo que abandonar la Comunidad de Madrid en busca de un piso asequible. Ahora mismo, reside en casa de un familiar en un pueblo de Toledo a 96 kilómetros del centro de la capital, a la espera de que la Justicia determine si se confirma que tiene derecho de nuevo a un piso público.