Un año de la comisión del hermano de Ayuso: sin consecuencias judiciales a la espera de la Fiscalía europea

“La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas”. Estas palabras las pronunció el exlíder del PP Pablo Casado en una entrevista en la Cadena COPE hace ahora un año. Casado se refería al contrato de 1,5 millones de euros que la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso había adjudicado a dedo a una empresa propiedad de un amigo de su pueblo –como había desvelado elDiario.es– y por el que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, cobró una comisión que la Comunidad de Madrid cifró en 283.000 euros. La denuncia pública que hacía el entonces presidente del PP de una posible corrupción por parte de Ayuso en el peor momento de la pandemia tuvo un coste elevado para Casado: su salida de la dirección del partido. ¿Y para los Ayuso? Un año después, por ahora, no ha tenido consecuencias judiciales. El caso está sobre la mesa de la Fiscalía europea, a la espera de que se pronuncie.

Todo sucedió muy rápido en el PP. Fue cuestión de días que Pablo Casado tuviera que rendirse y comprometerse a convocar unas primarias que encumbrarían –sin rival– a lo más alto del partido a Alberto Núñez Feijóo, el entonces presidente de Galicia, que hasta el momento había sido la eterna promesa de los populares que no se atrevía a dar el paso. Solo tres días después de la entrevista en la COPE, Ayuso se aliaba con Feijóo para forzar la salida inminente de Casado, un pacto al que se unió también el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. Pronto los más cercanos a Casado también le abandonarían.

El País desvelaba este fin de semana los mensajes de apoyo que el exlíder del PP recibió de su dirección cuando denunció en la radio de los obispos lo que consideraba una corrupción de su compañera de filas, su apuesta personal para presidir la Comunidad de Madrid solo dos años antes. Muchos de los que apoyaron a Casado en aquella contienda, lo abandonaron solo dos días después y hoy forman parte de la dirección de Feijóo. “Hicimos lo que teníamos que hacer”, ha asegurado este lunes Cuca Gamarra sobre lo sucedido aquellos días.

Para Ayuso, este año ha servido, sin embargo, para hacerse con más poder en el partido al ser proclamada presidenta del PP de Madrid. La investigación que elDiario.es publicó en noviembre de 2021, dos meses antes de que estallara la batalla campal entre Casado y Ayuso, desveló que el Gobierno de la Comunidad de Madrid había adjudicado a dedo un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3 a la empresa Priviet Sportive SL, propiedad de Daniel Alcázar, un empresario amigo íntimo de los Díaz Ayuso desde que eran niños y los tres jugaban juntos en el pueblo del que son originarias sus familias, Sotillo de la Adrada. Pero este contrato no tuvo efecto para Ayuso en el partido. El PP decidió cerrar filas con ella en su cruzada contra Casado. Hoy Ayuso no ha olvidado lo ocurrido y empiezan a caer los que en su equipo apoyaron al expresidente del PP.

Un contrato a dedo y una comisión para su hermano

Todo empieza el 14 de marzo de 2020. Ese día el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció para confirmar que el Consejo de Ministros había aprobado el real decreto por el que España entraba en estado de alarma. Los contagios por coronavirus habían aumentado exponencialmente la última semana y sus efectos se notaban en los hospitales de todo el país, que ya se encontraban en situación de colapso, y especialmente en Madrid, que acumulaba la mitad de los casos. Los fallecidos se contaban también por decenas. Desde la entrada en vigor dos días después de la medida histórica que confinaría en sus casas a todo el país hasta que el Gobierno de Ayuso adjudicó el contrato a dedo por 1,5 millones de euros en mascarillas pasaron solamente 14 días. Ocho si se tiene en cuenta la primera fecha que figura en el contrato y que fue rectificada mes y medio después por el Gobierno regional.

Ese es el tiempo que tardó Tomás Díaz Ayuso en hacer negocios con la Comunidad de Madrid que preside su hermana a través de la empresa de un amigo. Priviet Sportive se dedicaba hasta entonces al negocio textil y ganadero, y no tenía ninguna experiencia previa en el sector sanitario ni tampoco había trabajado antes con la Comunidad de Madrid. Esta adjudicación millonaria por el procedimiento de urgencia que permitió la declaración del estado alarma, es la primera y única relación contractual entre esta empresa y la administración regional.

Un trabajo por el que el hermano de Ayuso se embolsó vía comisión al menos 55.850 euros más IVA (67.785 euros), según el importe que ha reconocido públicamente la presidenta madrileña. El Gobierno regional confirmó después que el hermano de la presidenta regional recibió pagos en el total del año de esa empresa por 283.000 euros, pero aseguró que las otras tres facturas no tienen relación con el contrato adjudicado por la Comunidad. Un año después, nadie ha explicado qué tipo de trabajos ni ha enseñado las facturas de momento para justificar unos cobros que investiga la Fiscalía europea después de que la Fiscalía Anticorrupción archivara el caso.

En ninguno de la treintena de documentos que facilitó el Gobierno regional a la prensa para tratar de demostrar la “legalidad” de la adjudicación aparece referencia, ni implícita ni explícita, a Tomás Díaz Ayuso en el contrato. “La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid”, dijo en un comunicado público la Administración regional.

elDiario.es desveló después que las mascarillas que llegaron de China no correspondieron a las que incluía el contrato FFP2 y PFF3, sino que fueron KN95, un modelo más barato. El precio que pagó la Comunidad de Madrid por cada mascarilla fueron 5 euros, más IVA (6,05 euros por cada una). 1.512.000 euros en total.

La investigación en los tribunales

Habían pasado dos meses desde la exclusiva de elDiario.es cuando los grupos de la oposición presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. El 3 de marzo, la Fiscalía especializada anunció que abría una investigación preliminar por los hechos expuestos, si bien en ese momento no se dirigía contra nadie. De forma excepcional, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, decidió retener para sí la causa y no encargársela a alguno de sus subordinados.

Las diligencias de investigación de la Fiscalía siempre tienen carácter secreto. Deberían ser las mínimas imprescindibles para decidir si el Ministerio Público interpone una querella ante los juzgados o si firma un decreto de archivo, lo que ocurrió finalmente con el caso de las mascarillas del hermano de Ayuso. La investigación puede durar seis meses que son prorrogables y, en ocasiones, esas diligencias preliminares se eternizan, como ocurrió durante cuatro años con el caso de las cuentas de Juan Carlos I o durante 17 meses con el caso de las mascarillas de Luis Medina, Alberto Luceño y el Ayuntamiento de Madrid.

El caso de las mascarillas de la Comunidad de Madrid ha servido también para dar visibilidad a una joven institución que por entonces no había tenido casos mediáticos, la Fiscalía europea. Su sede en Madrid reclamó para sí el caso ante los indicios de que habían sido malversados fondos de la Unión Europea.

La coordinadora de la Fiscalía europea en Madrid es Concha Sabadell, la fiscal Anticorrupción que lideró la investigación del caso Gürtel, mano a mano con el juez Pablo Ruz, también destinado ahora en el órgano europeo. Su antiguo compañero, y después jefe, en Anticorrupción, Luzón rechazó de plano entregar la investigación a la Fiscalía europea alegando que entre los posibles delitos en que él indagaba no estaba la malversación y que los hechos solo afectaban a la Administración pública madrileña.

Tras un duro cruce de escritos –la Fiscalía europea dijo que Anticorrupción no era quien para delimitar sus competencias– la entonces fiscal general, Dolores Delgado, apoyada en la Junta de Fiscales, decidió dejar el caso en Anticorrupción, si bien dejó abierta la puerta a que la Fiscalía europea realizara su propia investigación respecto de la posible desviación de fondos europeos.

En cuatro meses, el fiscal jefe de Anticorrupción tenía listo el decreto de archivo de las mascarillas de la Comunidad, tras haber evitado filtraciones de relevancia sobre sus pesquisas. Con semanas de retraso trascendió que había prestado declaración Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta, y varios cargos de la Comunidad de Madrid. También se conoció, vía la Puerta del Sol, la documentación que el Gobierno regional había remitido al investigador.

En su decreto de archivo, Luzón especificó que no se pronunciaba sobre la posible malversación, fraude y cohecho a partir de los fondos públicos de procedencia de la UE. Respecto a su propia investigación, el fiscal jefe Anticorrupción era especialmente contundente con Más Madrid, PSOE y Podemos: “La hipótesis delictiva planteada por los denunciantes se fundamentaba en una secuencia de hechos de la que inicialmente no se deducían indicios razonablemente verosímiles ni de la realización del hecho investigado, ni de su carácter delictivo ni de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada”.

“No consta intervención directa ni indirecta de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en este expediente como tampoco -ya se ha dicho- de la mediación en su nombre de D. Tomás Díaz Ayuso ante funcionario o autoridad alguna”.

Con igual reserva se ha desarrollado desde entonces la investigación de la Fiscalía europea. Sobre la misma explican a elDiario.es que está próxima a finalizar, sin que se desvele el sentido de la decisión.

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