“Que nos llamen por nuestro nombre de pila, que nos tuteen. Somos sus servidores”. Desde que Manuela Carmena lanzara esta petición a los madrileños se cumplen ya dos años, la mitad de su mandato. Este martes 13 de junio es el segundo aniversario desde que la candidata de la “ilusión” tomara el bastón de mando de la Alcaldía de Madrid tras conseguir desbancar a Esperanza Aguirre. Se acababa así con 24 años de gobiernos del Partido Popular.
Junto a ella, aterrizaban en la institución un equipo de personas que provenían de diversos espacios profesionales, sociales y políticos. Esta mezcla personal e ideológica que representa Ahora Madrid también se ha traducido en tensiones en el seno del Gobierno, que Carmena ha intentado enmarcar públicamente dentro de lo “normal” y “saludable”. Pero, más allá de esas divisiones, también se han abierto cajones. Y se ha apostado por un modelo de gestión diferente al de las dos últimas décadas.
Carmena aceptó “con muchísimo gusto” convertirse en la regidora de la capital. Hoy el debate está centrado en su sucesión: en quién podrá volver a despertar esa ilusión de cara a los comicios de 2019. La alcaldesa ha repetido hasta la saciedad que su mandato se limitará a los cuatro años, pese a la llamada de unos y otros por que apueste por continuar. Ella, de momento, aunque sea hacia afuera, prefiere centrarse en su Gobierno que todavía presenta numerosos retos para la siguiente mitad del mandato.
Gestión económica: menos deuda, más inversión social
Madrid reduce su deuda es el titular que más se ha repetido en la prensa sobre la gestión de Ahora Madrid. Carlos Sánchez Mato llegó a la Concejalía de Economía y Hacienda con muchos desafíos por delante y uno de los más importantes era el de cuadrar unas cuentas marcadas en rojo, tras casi un lustro de Partido Popular. A mediados de 2015, la deuda de la capital era de 5.637 millones de euros. Esa cifra se ha reducido en unos 2.000 millones, situándose actualmente en menos de 3.500 millones. La intención es dejarla por debajo de la mitad al término de la legislatura, un ritmo de amortización que ponen de relieve otra de las cifras de este año: los 1.100 millones de euros de superávit con los que ha cerrado sus cuentas en 2016.
A pesar de la buena nueva, Cristóbal Montoro no es tan optimista en el diagnóstico. El enfrentamiento entre el ministro y el Ayuntamiento de Madrid por la interpretación de la regla de gasto se encuentra en los juzgados de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras ser admitido a trámite el recurso presentado por Sánchez Mato contra las exigencias de Montoro. Para Hacienda, la corporación local ha incumplido durante dos años la Ley de Estabilidad Presupuestaria y exige recortes para este ejercicio de más de 200 millones, pese a ser uno de los municipios que más ha ayudado a cuadrar las cuentas del Gobierno de Rajoy.
Con todo ello, Ahora Madrid ha aumentado el gasto social un 26% y paga la deuda, mientras intenta cumplir con uno de sus compromisos electorales: poner en marcha una auditoría “bajo control técnico y ciudadano” para evaluar “el impacto de las medidas de privatización y el desmantelamiento de lo público”. Las comisiones de investigación buscan ese propósito, aunque van a ritmo lento. Hasta ahora, se ha fiscalizado la venta de viviendas sociales a fondos buitre por parte del Gobierno de Ana Botella y desde el pasado martes se investigan las obras de la M-30 y el modelo de gestión escogido por Alberto Ruiz Gallardón.
Otra de las medidas encaminadas en ese sentido se anunció tras cumplirse un año de legislatura: la auditoría ciudadana, todavía en fase de desarrollo y de la que ha trascendido poca información.
Participación ciudadana
Los madrileños se han enfrentado a las urnas durante esta mitad de la legislatura, pero no para elegir representantes políticos sino para decidir cuestiones relacionadas con la ciudad. Se trata de una apuesta política que están copiando ya otras ciudades, también fuera de nuestras fronteras. El gran salto en el imaginario colectivo se produjo con la consulta de febrero cuando miles de madrileños se sumaron a decidir la remodelación de la Gran Vía y la Plaza de España, el modelo sostenible para la ciudad o un transporte más sencillo.
Los presupuestos participativos son otro ejemplo de esta apuesta política. El Ayuntamiento de Madrid ha destinado este año 100 millones de euros para proyectos que proponen y deciden directamente los ciudadanos. En 2016, los cuantía fue de 60 millones. El equipo de Pablo Soto, al frente de la Concejalía de Participación Ciudadana y Transparencia, ha desarrollado un software libre para que cualquier ciudad del mundo pueda copiar la tecnología desarrollada para los presupuestos participativos y un equipo del consistorio se dedica a ayudar a otros municipios a instalar el sistema.
Los foros locales tienen también que ver con la participación, pero además están encaminados a dar más autonomía a los distritos acabando así con la centralización. En este proceso de participación vecinal las personas definen propuestas que los concejales de distrito están obligados a llevar a la Junta de Gobierno. En este sentido, se ha aprobado recientemente la nueva estructura de las Juntas Municipales de Distrito, base de la descentralización en la que trabaja el equipo de Gobierno, con el fin de que puedan asumir más competencias.
Estos dos años han servido también para acabar con diez años de incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica en las calles de la ciudad. El callejero automático ya cuenta con 52 calles y lugares con nuevos nombres. Las nuevas denominaciones recuperan el nombre anterior de las calles o rinden homenaje a mujeres ilustres e instituciones pedagógicas, entre otras. El cambio de las placas se producirá a partir de finales de junio.
Movilidad y contaminación
El pasado mes de diciembre el Ayuntamiento de Madrid protagonizó dos grandes polémicas. La primera vino por el cierre de la Gran Vía durante el puente de la Constitución y Navidad; la otra fue la aplicación del escenario 3 del Protocolo Anticontaminación el último jueves del año, se prohibía la circulación de la mitad de los vehículos por la almendra central de la ciudad debido a los altos índices de contaminación. Una medida que fue histórica en España.
Pero queda mucho por hacer, reconocen desde el Consistorio. Madrid, junto con Barcelona, está a la cola de las ciudades europeas en cuanto a la lucha contra la contaminación del aire que respiran sus ciudadanos. Ambas salen mal paradas en el ranking Sootfree de la Oficina Europea del Medio Ambiente que evalúa las medidas, política y logros que estas poblaciones acumulan durante cuatro años. El plan de mejora del aire presentado en 2016 es ambicioso y plantea la peatonalización de gran parte del centro de Madrid y fuertes restricciones de tráfico en el área.
Aguirre deja la política
Aunque la salida de Esperanza Aguirre no está directamente relacionada con la gestión del Gobierno municipal, merece una mención. Con Carmena como candidata, el PP perdió la mayoría absoluta en el Ayuntamiento. La popularidad de Aguirre frente a los suyos -que ni Mariano Rajoy se atrevió a cuestionar- se vio debilitada tras perder la mayoría absoluta y sin la posibilidad de recabar los apoyos necesarios para mantener el Ayuntamiento tras más de veinte años de gestión popular.
Eso, sumado a los constantes escándalos de corrupción que han multiplicado por incontables el charco de ranas de la líder conservadora, obligaron a Aguirre a dejar la política, esta vez parece que para siempre. La primera dimisión tras la pérdida de apoyos en las urnas se produjo en 2015 tras el registro de la sede madrileña del Partido Popular. Aguirre dejaba la presidencia del PP de Madrid.
Los retos más importantes
Los retos no son pocos de cara a la segunda mitad de la legislatura, algunos se han enumerado a lo largo del artículo. La limpieza de la ciudad sigue estando pendiente, un asunto heredado por el que más críticas recibe de la oposición. y los medios. Una de las últimas medidas anunciadas es la contratación de 800 barrenderos más en la ciudad a partir de mayo y el aumento de las calles consideradas como principales a prácticamente el doble.
Junto a la limpieza, la gentrificación del centro es el otro problema que despierta más malestar entre los ciudadanos. Los precios de los alquileres se han disparado, expulsando a las personas a la periferia. El Ayuntamiento ha puesto en marcha ya medidas encaminadas a revertir esta situación, aunque queda mucho por hacer y las competencias recaen principalmente en la Comunidad de Madrid. El estudio encargado a expertos, cuyos resultados se conocieron hace poco más de un mes, arroja varias soluciones copiadas de medidas que están funcionando ya en otras ciudades europeas.
Finalmente, uno de los desafíos más importantes de la segunda mitad del mandato pasa por aplicar políticas de igualdad que funcionen. Revertir el aumento de asesinatos machistas es una urgencia, pero también está sobre la mesa acabar con las desigualdades de género. Una de las principales promesas de Ahora Madrid fue la concejalía de Igualdad, un compromiso que no ha llegado hasta casi la mitad de la legislatura. La encargada de gestionar ahora ese reto es Celia Mayer, tras su polémica salida de Cultura. En estos dos meses, el nuevo departamento se ha puesto como prioridad los asesinatos machistas con medidas como los comités de crisis. Queda por ver qué consigue hacer este área y todas las demás en los dos años escasos que quedan por delante.