Un juzgado de Madrid ha decidido archivar la causa abierta contra Mercedes González, delegada del Gobierno en la capital, por apartar unos metros del Congreso de los Diputados una manifestación ultra de protesta contra la Ley de Memoria Democrática. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, rechaza que González cometiera un delito de prevaricación: “El criterio seguido en la resolución no difería en nada del seguido por la Delegación de Gobierno, en decisiones anteriores”, explica el juez.
González fue llevada ante la Justicia por los convocantes de esa manifestación, que el pasado 13 de julio pidió autorización para manifestarse en la Plaza de las Cortes mientras en su interior salía adelante la Ley de Memoria Democrática. La Asociación convocante, que califica de “dictatorial” esta norma, se reunió pero lo pudo hacer unos metros más abajo, cerca del hotel Palace.
Mercedes González tuvo que acudir al juzgado el pasado mes de enero para dar explicaciones y ahora el magistrado instructor, siguiendo el criterio de la Fiscalía, ha decidido archivar el caso al entender que no cometió un delito de prevaricación. La decisión de desplazar ligeramente la concentración estaba en línea con otras decisiones tomadas en casos similares y, además, la delegada del Gobierno no intervino personalmente en la tramitación del expediente.
La Asociación denunciaba que un día después una manifestación similar pero favorable a la norma frente al Senado sí fue permitida, y el juez recuerda que en su caso la reunión frente al Congreso congregó a más de 200 personas y en el Senado a tan solo 40 manifestantes. “En otras concentraciones con igual o similar número de participantes, Delegación de Gobierno siempre habría acordado limitar la zona de concentración en idénticos términos a los que ahora nos ocupan”, explica el juez.
Además, Mercedes González no tramitó el expediente y tomo la decisión de forma personal. “No interviene, con carácter previo, en la tramitación de los expedientes, y se limita a firmar la resolución, siendo la Secretaria General la que comprueba el cumplimiento de los trámites que, en ambos supuestos ahora examinados, se cumplieron correctamente”, dice el auto.
La Delegación del Gobierno, concluye el juez, siguió los criterios que siempre ha seguido y ninguna de las acusaciones de la Asociación “nos puede llevar a la conclusión de que la decisión presentara, indicios suficientes de la comisión de un delito de prevaricación, conforme a la doctrina y la jurisprudencia ya analizada”, zanja.