La justicia reabre la investigación por la venta de pisos protegidos, propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, al fondo buitre Blackstone durante la etapa de Ana Botella como alcaldesa de Madrid. La Audiencia Provincial ha estimado los recursos presentados del PSOE de Madrid y la asociación de afectados por la venta, a los que se adhirió la actual EMVS, al considerar “la eventual presencia de delitos de prevaricación, malversación y fraude” en el proceso de traspaso de 1.862 viviendas en 2013.
Los magistrados que firman el auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, ordena al mismo juzgado que sobreseyó la causa en enero (el de Instrucción nº 38 de Madrid) a reabrir las diligencias porque “resulta imposible de mantener” a la luz de las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas que documenta irregularidades en la venta.
Y citan las siguientes: “la venta se produjo sin fijar con carácter previo los inmuebles a enajenar”; “la información privilegiada que con carácter previo al acuerdo de la venta han tenido cuatro compañías”; “un precio objetivamente inferior al precio que podría obtenerse”; y el pago de facturas a una intermediaria cuyo trabajo no era necesario y del que no hay más constancia que “la aparición de las propias facturas”.
La investigación se había cerrado después de que el juez considerara que la batería de reproches de la cámara y las irregularidades que detectó en la subasta de casas protegidas de la Empresa Municipal de la Vivienda no aportan nada nuevo “que no fuese valorado cuando resolvió este órgano judicial”. El tribunal había sobreseído el caso en enero de 2015, mucho antes de que el órgano fiscalizador emitiera su dictamen. Y así también consta en el auto fechado en 29 de septiembre.
La nueva resolución judicial afirma que dicho dictamen “sí aporta datos inexistentes en las actuaciones archivadas y que ahora aparecen con un brillo relevante”. Matiza, no obstante, que “la opción para no incrementar el déficit del Ayuntamiento de Madrid y no acudir al auxilio de la EMVS no es un hecho reprochable penalmente”. “No se va a entrar a valorar si era posible una solución distinta a la de la venta de inmuebles mediante un apoyo extraordinario del Ayuntamiento de Madrid para hacer frente a sus obligaciones de pago del año 2013”, dice el auto.