El juez Juan Antonio Sáenz de San Pedro se ha negado a reabrir la causa de la venta de 1.860 viviendas de protección que el Ayuntamiento de Madrid hizo al fondo buitre Blackstone a pesar de que la Cámara de Cuentas constató en su informe de hace medio año que el equipo de la exalcaldesa Ana Botella (PP) se saltó “las más elementales reglas de la buena gestión”.
El juez ha considerado que la batería de reproches de la cámara y las irregularidades que detectó en la subasta de casas protegidas de la Empresa Municipal de la Vivienda no aportan nada nuevo “que no fuese valorado cuando resolvió este órgano judicial”. El tribunal había sobreseído el caso en enero de 2015, mucho antes de que el órgano fiscalizador emitiera su dictamen.
Tras conocerse el análisis oficial sobre el proceso de enajenación de parte del parque de viviendas de alquiler público, el Partido Socialista solicitó que se reabriera el caso a la luz de los nuevos datos. Se adhirieron a la petición, el propio Ayuntamiento de Madrid y la asociación de afectados por esa venta. Con todo, Sáenz de San Pedro despacha la moción calificando los dictámenes como “nuevas valoraciones o interpretaciones”. Y añade que el expediente que él mismo archivó (y confirmó la Audiencia Provincial) ya contenía todos esos elementos de juicio.
El Partido Socialista en el consistorio ha asegurado que va a recurrir esta decisión. La concejal del grupo municipal Mercedes González Fernández ha considerado la decisión judicial “desoladora”. Según su criterio, todo lo que se ha aportado de nuevo al proceso “no son valoraciones sino hechos: el informe de la cámara, las decisiones del Tribunal de Cuentas, los vencimientos de los contratos de los afectados...”. La concejal explica que, además del recursos barajan abrir otras vías legales: “Vamos a ir hasta el final con este asunto”.
La Cámara de Cuentas expuso que en la operación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Ana Botella no había informes técnicos que avalasen la necesidad de la venta por la que el fondo pagó 128 millones de euros. También que facilitó información privilegiada a cuatro sociedades antes de anunciar su intención de vender y que, por lo tanto, no hubo auténtica concurrencia.
Además, el auto le dice al actual Ayuntamiento –que había pedido también que volviera a investigarse todo el proceso– que, en caso de que “prosperase la acción penal cuya apoertura ahora solicita”, el Gobierno local sería “responsable civil subsidiario”. Es decir, que tendría que afrontar hipotéticas multas económicas.