La Cámara de Cuentas concluyó que el contrato de la M-30 buscó blindar los beneficios de Dragados y Ferrovial. El Ayuntamiento de Madrid, que calcula que el modelo de gestión de la M-30 dilapidará 2.500 millones de euros, decidió en noviembre expedientar a las constructoras que gestionan la M-30 por trabajos que nunca hicieron.
Y, ahora, la actual dirección de Calle 30, dependiente del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, ha encontrado que el importe facturado a partidas alzadas por la ejecución de las obras asciende a más de 79 millones de euros.
De ellos, en torno a 52 millones corresponderían a partidas alzadas que debían ser justificadas. Pero el Ayuntamiento, tras revisar y analizar la documentación, afirma que no ha encontrado justificación para esos importes.
Las partidas alzadas, según fuentes municipales, “se definen como unidad de obra sin desglosar, por lo que precisan de una justificación a posteriori. Para ello, es necesario un informe técnico posterior donde se definan las unidades de obra sin que el importe de esas unidades sobrepase el importe de la partida a tanto alzado”.
¿Y esto qué significa? “En la época de las obras de la M-30 hubo un descontrol usando la figura excepcional de partidas alzadas”, razonan las fuentes municipales. “Resulta llamativo que, pese a la previsión que establece la legislación en relación a las partidas alzadas de abono íntegro, en la documentación analizada y en los presupuestos de las obras analizadas se han encontrado conceptos que resultan llamativos por su ambigüedad”.
Este viernes, el pleno del Ayuntamiento de Madrid vota una proposición presentada por la concejala de Ahora Madrid Rita Maestre para que se cree una comisión de investigación, como Comisión no Permanente del Pleno, para “analizar la gestión de la contratación realizada por la Empresa Madrid Calle 30, S. A. en los tres últimos mandatos [los de Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón]”.
Esta proposición responde a que los tribunales anularon hace dos semanas el acuerdo plenario que creó –con el apoyo de Ahora Madrid, Ciudadanos y el PSOE– la comisión de investigación de las irregularidades en el aumento de la deuda del Ayuntamiento de Madrid. El tribunal aceptó así el recurso interpuesto por el PP contra esa comisión, en la que se ha negado a participar desde el principio. El Ayuntamiento, que esperaba el fallo, ha decidido fraccionar la comisión por temas para que sea viable.
Expedientes abiertos
El mes pasado, el Gobierno de Manuela Carmena decidió abrir seis expedientes por incumplimientos muy graves a las constructoras Dragados (ACS), Ferrovial y API, que en 2005 constituyeron la UTE Emesa para hacerse con la explotación y el mantenimiento de la M-30, una de las principales arterias de la capital. Los dos contratos adjudicados por el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón entonces –el original y una modificación suscrita apenas dos años después– han permitido a esas empresas ingresar desde entonces 500 millones de euros de las arcas municipales a cambio de mantener la infraestructura. El actual Ayuntamiento de Madrid acusa a las concesionarias de haber estado cobrando todo este tiempo por trabajos no realizados.
Por eso el Gobierno de Ahora Madrid impuso el pasado 11 de noviembre su mayoría en el Consejo de Administración de Madrid Calle 30 SA, la empresa propiedad del Ayuntamiento que tiene la titularidad de la obra, para dejar atrás las amenazas y pasar a las multas. Ese día, con la abstención del Partido Popular y Ciudadanos, decidió abrir seis expedientes por incumplimientos graves.
El baremo en el que se mueven las sanciones que baraja el ayuntamiento madrileño es el más alto de todos los que prevé el contrato: de 50.000 a 750.000 euros por cada una de las deficiencias. De momento se han hallado seis: telecontrol del alumbrado; mantenimiento de sistemas de apoyo en los túneles; medios y actuaciones relacionados con la seguridad vial; deficiencias en el sistema antiincendios; ausencia de una segunda red para transmitir datos; y la falta de red wifi para las comunicaciones internas.