El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado en el Pleno de este martes la comisión de investigación de Madrid Calle 30, la sociedad mixta que está participada por el consistorio, con el 80% del capital, y por Emesa, compuesta por Ferrovial, Dragados y API Conservación, con el 20% restante. La comisión no permanente fiscalizará la gestión, explotación y mantenimiento, además de las obras de reforma y mejora, de la vía de circunvalación M-30 y sus infraestructuras. El acuerdo plenario ha salido adelante con los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos. El PP ha votado en contra.
Después de que el juzgado contencioso-administrativo número 9 de Madrid decretara la nulidad del acuerdo plenario que creó –con los votos de Ahora Madrid, Ciudadanos y el PSOE– la comisión no permanente de investigación sobre las irregularidades en el aumento de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, el Consistorio acordó fragmentar la comisión por temas para que fuera viable.
Antes de que la justicia paralizara la comisión de investigación sobre el incremento de deuda en general, que se encuentra recurrida por el Gobierno de Ahora Madrid, el Ayuntamiento fiscalizó la venta de las viviendas sociales a los fondos buitre por parte del Gobierno de Ana Botella y concluyó que la venta fue ilegal. Tras la decisión judicial avalando la demanda del Partido Popular, el consistorio aprobó una comisión específica sobre venta de pisos sociales a fondos de inversión en el Pleno del pasado mes de enero.
La obra de la M-30 y el modelo de gestión mixta a través de Madrid Calle 30 es lo próximo que fiscalizará el Ayuntamiento de Madrid, aunque se desconoce cuando comenzará puesto que es una decisión debe aprobarse en Junta de Portavoces, que se encuentra a la espera de determinar el próximo 7 de marzo si la de la enajenación de viviendas sociales se repite por completo, parcialmente o se convalida la que ya se hizo.
La Cámara de Cuentas de Madrid ha advertido en varias ocasiones que el contrato de M30 es oneroso para las arcas municipales y que la sociedad mixta no tiene más razón de ser que pagar unos intereses del 7% a las empresas constructoras. La Cámara de Cuentas propone incluso rescatar la concesión, ya que desde 2011 el Ayuntamiento ha tenido que asumir como propia la deuda de la obra.
El Consistorio ha manifestado en numerosas ocasiones su intención de cambiar el modelo de gestión que ha costado a los madrileños 612 millones de euros entre 2005 y 2016 en concepto de pago de impuestos, intereses de deuda subordinada y dividendos repartidos al socio privado. De mantenerse hasta 2040 como firmó Gallardón, podría ascender a más de 2.550 millones, según los cálculos del Gobierno munal.
La fórmula utilizada por Gallardón -sociedad mixta- para levantar su obra estrella ha sido cuestionada reiteradamente por el Gobierno de Ahora Madrid. La única fuente de ingresos de Madrid Calle 30 la sociedad entre EMESA con el 20% de las acciones y el Ayuntamiento de Madrid con el 80% es el propio Consistorio que asume “en exclusiva” el pago de tasas, dividendos y costes de mantenimiento de la vía. Esto supone para la administración local más de 140 millones de euros anuales, según recoge la web del Ayuntamiento de Madrid.