El Ayuntamiento de Madrid elevará a la Fiscalía el informe con las conclusiones de la investigación que abrió en el pasado mes de julio para averiguar si antiguos gestores de la empresa municipal Mercamadrid cometieron delito al firmar un acuerdo extrajudicial “lesivo” que le cuesta 623.000 euros al año.
El informe será remitido al fiscal, según avanza hoy el diario El País, seis meses después de que el Ayuntamiento de Madrid anunciase que estaba analizando un contrato de Mercamadrid -de la que posee el 51 %- ante la posible comisión de “algún tipo de actividad delictiva” en un acuerdo para la construcción un hotel y un área de restauración que se adjudicó en octubre de 2001.
El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha informado tras la comisión del ramo que están investigaciones nuevos elementos de “dudosa legalidad y legitimidad” en Mercamadrid, como celebraciones y gastos representativos.
“Se trata primordialmente de un gran mercado de alimentación destinado sobre todo a mayoristas, por lo que parece evidente que su objetivo debe ser el de mejorar el negocio de manera responsable. Es cuestionable por ello que se gastaran cerca de 300.000 euros en diferentes partidas para la celebración de una fiesta con motivo de la colocación de la primera piedra de una ampliación en 2007”, ha explicado el Gobierno municipal en un comunicado.
El Ayuntamiento de Madrid revisará la contabilidad de Mercamadrid desde el año 2005 para comprobar la pertinencia de muchos de los gastos asumidos por la sociedad mixta. También consideran “poco razonables” otras facturas relativas a regalos y gastos representativos. Desde Ahora Madrid se revisará la idea de negocio de Mercamadrid y buscarán posibles irregularidades. “Por ello se estudia poner en conocimiento de la fiscalía un informe que apunta a la difícil justificación de unos acuerdos, en principio lesivos para la sociedad, en torno al alquiler de unas naves. Y, además, se revisará el sistema contable para esclarecer hasta qué punto los datos de beneficios oficiales obedecían a la realidad”, han detallado.
De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento el pasado 14 de julio, Mercamadrid licitó en julio de 2001 un contrato para la construcción un hotel y un área de restauración que se resolvió en octubre de ese mismo año.
Finalmente, tras un traspaso, la empresa Merca Ocio Hoteles 22 S.L. se quedó con la adjudicación inicial y comenzó a pagar un canon a Mercamadrid de manera regular hasta 2010.
Pero en ese año, 2010, Merca Ocio dejó de abonar el canon y se inició un litigio judicial, en el que Mercamadrid reclamó las cantidades no pagadas, mientras que la empresa solicitó ocho millones de euros por incumplimiento de contrato, ya que, en su opinión, el Ayuntamiento no había tramitado unas licencias para su actividad en 2001.
El litigio, según la explicación de Sánchez, se resolvió en noviembre de 2013 con un acuerdo extrajudicial por el que Mercamadrid dejó de reclamar el dinero que no había recibido y se firmó un “contrato blindado” de veinte años, durante los que Merca Ocio recibirá 623.000 euros anuales por la zona de restauración.
Las estimaciones municipales apuntan que el “perjuicio patrimonial” para Mercamadrid alcanza el 10% de los beneficios anuales de la empresa durante los últimos años. Fuentes próximas a la delegada del Gobierno replicaron entonces que el acuerdo inicial citado por el delegado data de 2001, cuando Dancausa no formaba parte del Ayuntamiento de Madrid.
Esas mismas fuentes apuntaron además que la firma del acuerdo extrajudicial de noviembre de 2013 la realizó la entonces vicepresidenta de Mercamadrid y coordinadora de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Dolores Flores.