La corrupción municipal sigue campando a sus anchas en importantes municipios de Madrid. El caso de las mascarillas con el que el Ayuntamiento capitalino ha sido estafado, y que sigue investigando la Fiscalía Anticorrupción, ha puesto la guinda a unos meses en los que al menos tres municipios de la Comunidad de Madrid han terminado situándose también bajo la lupa de la Justicia por distintos motivos y con un denominador común: operaciones urbanísticas sospechosas, contratos irregulares, supuesta prevaricación y también enchufismo. Todo ello aderezado con casos de transfuguismo, cruces de denuncias e incluso de amenazas, entre los ediles protagonistas de las tramas en cuestión.
Los focos apuntan ahora a los gobiernos de Arroyomolinos y Alcorcón con sus respectivas alcaldesas al frente -Ana Millán, del PP, y Natalia de Andrés, del PSOE. En Móstoles, su alcaldesa, la socialista Noelia Posse, que estaba imputada junto a parte de su equipo municipal por malversación y prevaricación, respira ahora tranquila tras saber que el juez ha archivado la causa.
La historia de los distintos grupos municipales que conforman el Ayuntamiento de Arroyomolinos da para escribir un culebrón. En junio de 2018, el anterior alcalde, Carlos Ruipérez, de Ciudadanos, que inició su mandato gobernando con el PSOE, fue detenido por la Policía Nacional dentro de la macrooperación Enredadera que llevó a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por la adjudicación de contratos amañados para la colocación de semáforos y la gestión de las multas. El edil terminó dimitiendo después de sufrir un infarto. En la actualidad está retirado de la política, pero sigue en libertad sin que este asunto haya derivado en una condena.
El escándalo continúa en el consistorio ahora con la actual alcaldesa, Ana Millán, del PP, que es además vicesecretaria de Acción Sectorial del Partido Popular y una dirigente muy próxima a Isabel Díaz Ayuso. La fachada de la sede del partido en esa localidad del suroeste de Madrid luce un enorme cartel de ambas abrazadas.
El pasado 25 de enero agentes de la Guardia Civil registraban su despacho en el marco de una investigación por presunta prevaricación de contratos irregulares vinculados con la trama Púnica, un caso que tiene numerosas ramificaciones que afectan al PP. Los hechos investigados, no obstante, se remontan a antes de 2015, cuando Millán era concejala de la oposición, por una denuncia por posibles casos de corrupción que realiza el gobierno anterior formado por Ciudadanos, PSOE y PIARR (un grupo independiente que impulsó un exconcejal del PP). Las acusaciones giran en torno a contratos irregulares. Entre otros, al presunto cobro de 900 euros de alquiler de un ático por parte de Millán a una empresa, Neverland, que facturaba 700.000 euros con el Ayuntamiento de Arroyomolinos. Además, la alcaldesa ingresó en efectivo en su cuenta entre 2008 y 2017, más de 52.000 euros que, según le dijo al juez, eran ingresos que le daba su marido para cubrir gastos domésticos. Su marido ha sido llamado a declarar en calidad de testigo.
A pesar de los presuntos delitos que pesan sobre su gestión y de estar imputada, Millán continúa en su cargo y mantiene además intacto su gobierno municipal pese a que un tercio de sus actuales concejales firmaron en 2016 un escrito presentado ante la Fiscalía Anticorrupción con los hechos que han derivado en el caso, que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de Navalcarnero. A finales del pasado mes de abril, tras acudir a declarar, Millán manifestó su esperanza de que se archive su caso dado que a su juicio se trata de una “persecución política” para “desprestigiarla” a ella y a su partido.
Un Ayuntamiento con un historial turbulento
Desde las elecciones de 2019 el Ayuntamiento de Arroyomolinos está compuesto por cinco concejales del PP; cuatro de Ciudadanos; tres concejales del PSOE; tres de Vox, dos de Podemos y uno de PIARR. Pero hay otro grupo, Vecinos por Arroyomolinos, que consiguió tres ediles en esos comicios, dos de ellos provenientes de otros partidos. Millán llegó a la alcaldía de este municipio tras esas elecciones gracias al apoyo de Vox, con el que formó al principio Gobierno junto con el edil de PIARR.
En enero de 2020, Vox abandonó la coalición que había mantenido con Millán alegando “incumplimientos” del acuerdo de investidura. La formación de extrema derecha señaló que otro de los motivos fue por “la continuidad de la práctica de contratación pública poco transparente” y la ausencia de una “auditoría completa” de las cuentas locales, como habían exigido a la regidora.
Tras la espantada de Vox, la alcaldesa logró mantener el gobierno con los cuatro concejales de Ciudadanos, y dos independientes de Vecinos por Arroyomolinos, ya que la tercera edil de este partido, la concejala Ana Noguera, abandonó la formación y pasó a ser No Adscrita. A ellos se unió la tránsfuga del PIARR, que ha terminado como No Adscrita. Los concejales que la apoyan coinciden en que solo cambiarán su posición actual si un tribunal condena a Millán.
A su vez, Podemos también ha sufrido una escisión y de las dos actas que sacó en los pasados comicios se ha quedado finalmente con una ya que la otra edil, que pertenecía a Anticapitalistas, pasó igualmente a ser No Adscrita. El PSOE no ha sido menos y también ha sufrido dos abandonos: uno de sus ediles dejó el partido en la pasada legislatura y el otro es el actual concejal de Hacienda, que se fue a Ciudadanos.
“La política en Arroyomolinos se ha convertido en un cenagal, en un juego de tronos vergonzoso. Los vecinos tienen un montón de problemas mientras la alcaldesa no para de promocionarse junto a Díaz Ayuso haciéndose fotos con ella”, lamenta la portavoz del PSOE, Pilar Sánchez Torres.
Alcorcón, otro municipio rodeado de polémicas
Alcorcón, en el sur del área metropolitana de Madrid que formó parte del llamado 'cinturón rojo' de la capital, constituyó un feudo tradicional de los socialistas hasta que en 2011 arrasó el PP y se quedó en la alcaldía dos mandatos. Desde 2019 gobierna de nuevo el PSOE de la mano de Natalia de Andrés, quien ha sido condenada en un juzgado mercantil por la quiebra de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA) en la época en la que el también socialista Enrique Cascallana estaba al frente de la Alcaldía y ella era una de las administradoras de la mercantil.
Una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid dictaminó su inhabilitación por cinco años para gestionar y administrar bienes ajenos públicos y privados. En el caso de Cascallana, la inhabilitación se elevó a diez años. También se inhabilitó a otros administradores del Consejo de Administración de EMGIASA.
En dicha sentencia el juez apreció “graves y constantes irregularidades contables reiteradas al menos en tres ejercicios contables”. En ella relató que las anomalías detectadas consistieron en “la no contabilización de provisiones por responsabilidades por importe superior a los 68 millones de euros, así como al trasvase de beneficios y financiación ordinaria y regular de la explotación de la sociedad concursada a contrato concesional público a muy largo plazo por importe de 93 millones de euros”.
Tras conocerse el fallo, la regidora anunció la presentación de un recurso por “no ajustarse a la realidad de los hechos” y descartó dimitir por considerar que la inhabilitación impuesta era aplicable “solo al ámbito mercantil” y no afecta a su cargo político. Juan Lobato, el secretario general de los socialistas madrileños, aseguró que si, finalmente, la alcaldesa resulta condenada en firme, tendrá que abandonar de inmediato su puesto y la militancia socialista.
La que pidió enseguida su cabeza fue la secretaria general del Partido Popular de Madrid, Ana Camíns, asegurando que era “una vergüenza” que continuara al frente del Ayuntamiento“: ”No puede seguir ni un minuto más gestionando un municipio de más de 170.000 habitantes“, dijo.
David Pérez, el anterior regidor, del PP, fue reprobado en siete ocasiones
La polémica en Alcorcón tampoco es un asunto nuevo. El anterior alcalde, David Pérez, hoy consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, se gastó un total de 65.704 euros en la instalación de 21 banderas de España por las calles de la ciudad durante las dos legislaturas en las que ejerció como alcalde.
Durante los nueve años que fue regidor de Alcorcón, casi toda su gestión estuvo rodeada de polémica. De hecho batió todo un récord al ser reprobado hasta en siete ocasiones por el Pleno municipal. En 2015, por llamar a las feministas en un acto público “mujeres frustradas, amargadas, rabiosas y fracasadas como personas. En 2016, por negarse a colgar la bandera del Orgullo en el balcón municipal. ”A mí no me reprueban cuatro politicastros comunistas y socialistas porque el pueblo me aprueba“, respondió entonces. Su fobia contra los colectivos LGTBI nunca la ha disimulado. De hecho, Pérez no acudió a su escaño cuando Cifuentes presentó en la Asamblea madrileña la ley LGTBI.
Incluso en su despedida dejó su impronta: “Estoy orgulloso de que en esta ciudad antes se homenajeaba a la República, una idea sectaria de la izquierda. Hoy aquí no se homenajea ni a la República ni a regímenes comunistas, ni como hacen los de Podemos a terroristas”, afirmó.
Posse, la alcaldesa socialista imputada en Móstoles, ve archivada su causa
A menos de nueve kilómetros de este municipio se encuentra Móstoles, en donde su alcaldesa, Noelia Posse, del PSOE, ha estado bajo la lupa de la Justicia durante varios meses por un caso de presunta prevaricación y malversación de fondos públicos. Pero hace unos días el juez acordaba el archivo provisional de la causa. El asunto se remonta a diciembre de 2021, cuando la juez de Instrucción número 1 de esa localidad, María Pinto, citaba como investigados a casi todos los miembros que componían la Junta de Gobierno local por la presunta comisión de un delito de malversación y otro continuado de prevaricación por la condonación de una deuda de 2,4 millones de euros a la empresa de ITV Móstoles S.L.
Las citaciones se producían tras la denuncia interpuesta en el juzgado por Más Madrid Ganar Móstoles contra el Gobierno municipal después de que este grupo abandonara el tripartito de Gobierno que formaba con PSOE y Podemos. Posse declaró como investigada en la causa, una acusación que entonces atribuyó a “una querella política”, manifestando estar “muy tranquila” y mostrando su confianza en la Justicia.
Meses antes, en mayo de ese mismo año, elDiario.es desvelaba la existencia de un demoledor informe de fiscalización, trasladado posteriormente al Tribunal de Cuentas, realizado por la Intervención Municipal -cuyo responsable fue posteriormente cesado-en el que se revelaba cómo la corporación históricamente -con gobiernos tanto del PP como del PSOE– había condonado cánones de forma arbitraria a propietarios de cafeterías en centros deportivos, adjudicatarias de aparcamientos municipales o a una empresa inmobiliaria cuyos terrenos cambiaron de calificación. El informe de 30 páginas detallaba tributos impagados de al menos tres de las 15 empresas fiscalizadas.
Por el caso de la ITV fueron citados también como investigados el tesorero del Ayuntamiento y varios miembros del gobierno local, entre ellos, el concejal de Hacienda, sobre el que la alcaldesa, en su declaración, descargó la responsabilidad manifestando que se trataba de una iniciativa del concejal por la urgencia del caso.
Ciudadanos anunció entonces que iba a “impulsar y liderar” una moción de censura contra la alcaldesa socialista al considerar que la situación era “insostenible”, según dijo José Antonio Luelmo, el portavoz de la formación que lidera ahora por Inés Arrimadas. Pero todo se quedó en agua de borrajas. “Solo lo anunciaron para sacar cabeza y obtener protagonismo ya que sabían que no tenían mayoría para sacarla adelante”, asegura Gabriel Ortega, portavoz de Más Madrid Ganar Móstoles.
Ahora, la titular del juzgado que lleva el caso ha acordado su archivo provisional al entender que no ha quedado acreditado ningún tipo de delito. En su auto la jueza asegura que “en ningún momento ha existido voluntad por parte de la Junta de Gobierno local de causar un perjuicio para las arcas públicas”. Posse y el secretario genral del PSOE madrielño, Juan Lobato, han celebrado en Twitter esta resolución.
No obstante, no es la primera vez que Posse se ve envuelta en un lío. Ya estuvo en el punto de mira poco después de hacerse con el bastón de mando, en octubre de 2019, por realizar nombramientos a dedo de familiares y amigos. Entonces, la edil de Más Madrid, Susana García, acusó a la regidora de convertir a Móstoles en “la capital del enchufismo” por colocar a dos familiares suyos directos en puestos de responsabilidad generosamente remunerados. A su hermana, como coordinadora de Redes Sociales, un cargo que creó ex profeso para ella con un salario de 52.000 euros al año. Y a su tío, funcionario del Ayuntamiento, al que se le asignó un complemento de 1.607 euros al mes por su ascenso como Director Técnico Deportivo.
El caso le valió de una reprobación del Pleno del Ayuntamiento presentada por el PP, Ciudadanos y Vox, que salió adelante. Únicamente los socialistas votaron en contra.El PSOE la suspendió cautelarmente de militancia y convocó un Comité de Ética para investigar la polémica. Pero a día de hoy Posse continúa como alcaldesa de Móstoles y acaba de anunciar que piensa volver a presentarse a las elecciones de la primavera de 2023.