La Comunidad de Madrid avanza hacia la historia clínica unitaria de los pacientes entre la sanidad pública y la privada. El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso introdujo una modificación legal en la conocida como ley ómnibus, para cambiar la ley de Ordenación Sanitaria autonómica de 2001 y que, de este modo, la sanidad pública y la privada puedan compartir los datos médicos de los pacientes. Desde la Consejería de Sanidad que dirige Enrique Ruiz Escudero aclaran que esa modificación es solo un primer paso, ya que antes de que esto se implante es necesario un desarrollo normativo de los requisitos “para que se pueda hacer con garantías”.
La ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, la conocida como ley ómnibus, fue polémica desde su presentación hace un año en Consejo de Gobierno porque modifica de golpe hasta 40 textos normativos que van desde la ley del Suelo, a la normativa fiscal o la ley del juego. En materia sanitaria contempla la creación de una Agencia para canalizar los contratos o la contratación de médicos extracomunitarios, además de la mencionada interoperatividad entre la sanidad pública y privada. La norma fue aprobada finalmente en el último pleno de diciembre con los votos de PP y Vox y se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 22 de diciembre.
Según recoge la ley ómnibus en su artículo 42, los profesionales sanitarios que presten servicio en hospitales o centros sanitarios de la Comunidad de Madrid “podrán tener acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica, tanto pública como privada, de los pacientes a los que prestan asistencia en el marco temporal que dure esa atención”.
De este modo, se modifican los artículos 22 y 25 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, con el fin de que se pueda compartir la historia clínica entre entidades públicas y privadas “lo que garantiza el derecho a la seguridad de los pacientes, a la integridad de sus datos de salud y a la continuidad asistencial”, justifica el Gobierno autonómico. La administración regional defiende que esto conlleva “importantes ahorros para todos los sujetos y entidades implicadas, ya sean pacientes, Administraciones públicas o instituciones privadas”, según el texto normativo.
Desde la Comunidad de Madrid reconocen que los detalles de cómo se hará ese intercambio de datos deben aún elaborarse y no aclaran cuándo podría ponerse en marcha este sistema “colaborativo” entre el sector público y el privado. “Lo que prevé la ley ómnibus es que se pueda hacer, pero no fija plazos”, asegura un portavoz de la Consejería de Sanidad. “Y para hacerlo hace falta primero un desarrollo normativo del Gobierno regional con los requisitos para que se pueda hacer con garantías y un desarrollo informático”, añade.
Buen recibimiento desde el sector privado
La medida ha sido celebrada desde el sector privado que considera que “el mayor beneficiario es el paciente”, defienden fuentes de la Fundación IDIS, entidad que aglutina al sector sanitario privado. “El hecho de que se tenga que duplicar pruebas es un gasto innecesario para la sanidad pública, que además también perjudica al paciente quien, en definitiva, es el dueño de sus datos, según ha dejado ya claro la Unión Europea”, aseguran.
Desde IDIS recuerdan que ellos mismos están ya desarrollando un sistema llamado 'proyectos Hermes' que arrancará previsiblemente en marzo para compartir datos de los 15 hospitales privados más importantes, algo que hará el sistema más ágil. En su opinión, es algo parecido a lo que contempla ahora la ley ómnibus con la sanidad pública y la privada: “El objetivo pasa por que no se dupliquen pruebas, algo que hará que el sistema sea más eficiente”, insisten. “Más en una región como Madrid donde el 38% de la población tiene seguros privados”.
Los seguros sanitarios privados en Madrid crecieron con Ayuso tras la pandemia. Según los datos que registra la patronal de los seguros, Madrid fue en 2021 la Comunidad con mayor número de seguros sanitarios privados, con 2.567.365, lo que supone que un 38,11% de la población madrileña tiene uno. Son 14 puntos más que la media nacional que se sitúa en el 24,4%. En estos datos se incluyen también aquellos funcionarios públicos que han optado por acogerse a una de las mutuas que ofrecen las administraciones: MUFACE, MUGEJU y ISFAS, aunque la patronal no desglosa los datos entre unos y otros.
“Reticencias” en la sanidad pública
A diferencia del sector privado, desde el sector público expresan sus “reticencias” ante la medida, dado que aún se desconocen muchos de los detalles de cómo se hará y si puede acabar siendo un coladero de información privada para intereses empresariales. “Que no esté desarrollada todavía la normativa legal es empezar la casa por el tejado”, considera Ángela Hernández, secretaria general de Amyts. El sindicato mayoritario de médicos a priori ve con buenos ojos la medida que puede “ahorrar pruebas a los pacientes”. “No nos parece mal todo lo que sea facilitar la interoperabilidad de las historias clínicas, lo que habrá que ver es cómo se utiliza finalmente, si es de una forma correcta o se hace un mal uso de ello”, asegura.
En Comisiones Obreras comparten este mismo temor, de ahí que se muestren “reticentes” a la apertura de los expedientes e historiales clínicos completos de las personas a estas entidades, “por naturaleza privadas, y por tanto no plenamente asimilables a los sistemas públicos de salud ni a las inspecciones médicas de los mismos y del Instituto Nacional de la Seguridad Social”. “Hay que garantizar que a los expedientes médicos personales y privados sólo acceda quien tiene un interés médico-asistencial por llevar el tratamiento del daño y a quien la persona trabajadora paciente preste el consentimiento expreso motivado”, defienden.
Mucho más tajantes se han mostrado desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública que consideran que se trata de “un paso más para fomentar la privatización del sistema sanitario público”, asegura su presidente Marciano Sánchez. La federación emitió hace unos días un comunicado en el que critican que se deje en manos del sector privado el libre acceso a las historias clínicas de la sanidad Pública, lo que supone “no solo una intromisión de empresas con ánimo de lucro en los datos del sistema sanitario público, sino además favorece el acceso a datos confidenciales a empresas de aseguramiento privado”. “Un nuevo paso para propiciar la rentabilidad del sector privado y de paso desproteger los datos confidenciales de las historias clínicas”, defienden.
Desde la Asociación madrileña de Enfermería (AME), su presidente advierte de que la medida “fomenta que los pacientes tengan un doble aseguramiento para poder tener una atención mínima a la salud”. Pero además pone el foco en la plataforma informática de la sanidad pública en funcionamiento, Horus, para compartir datos entre centros sanitarios y a la que solo pueden acceder actualmente cinco hospitales.
De momento, cabe esperar a conocer en qué se materializa la medida que Ayuso ha decidido aprobar con un atajo legal en la ley ómnibus que ha servido al Gobierno como cajón de sastre para modificar decenas de leyes más.
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