Isabel Díaz Ayuso ha decidido dar un giro completo a su estrategia, en su empeño por sacar adelante el proyecto de la Ciudad de la Justicia, una macroinfraestructura proyectada en la zona de Valdebebas de Madrid para aunar las sedes judiciales de la región, que inició en 2004 su antecesora Esperanza Aguirre. Tras casi dos décadas de vaivenes, sospechas de corrupción y derroche por decenas de millones de dinero público, Ayuso retomaba la pasada legislatura el proyecto después de que Cristina Cifuentes lo paralizase. La dirigente madrileña, no obstante, se ha visto obligada a cambiar su plan inicial de privatizar el complejo durante cuatro décadas para poder ver materializado uno de sus proyectos estrella –heredado de Aguirre–, recurriendo a la gestión directa, como pedía la oposición.
En un primer momento la presidenta regional decidió no acometer la obra con fondos propios, sino a través de lo que el PP de Madrid ha llamado “colaboración público privada”. Su idea pasaba por que una empresa construyera, conservara y explotara la Ciudad de la Justicia a través del alquiler 10.000 metros cuadrados de edificios y una concesión de más de 2.200 millones a lo largo de 37 años –el canon anual rondaba los 60 millones–. Esta fórmula fracasó el pasado mes de julio al quedar por segunda vez desierta la licitación a la que se presentaron ACS y Acciona: “La proposición del único licitador presentado ha sido rechazada ya que el programa económico aportado no incluye todos los parámetros y partidas mínimas”, explicó el ejecutivo. Ahora, el último intento de la dirigente del PP de Madrid para que el complejo sea una realidad pasa por recurrir a la gestión directa, el modelo que la izquierda de la Asamblea de Madrid había reclamado durante años.
El mecanismo es similar al empleado para levantar el Hospital Zendal: licitar por un lado las obras, asumiendo el coste de manera directa y, por otro, sacar a concurso los servicios de mantenimiento cuando los juzgados vayan estando en funcionamiento. Con este modelo, ya no habrá una empresa que ostente la propiedad de las instalaciones durante cuatro décadas, como pretendía el Ejecutivo madrileño, sino que la propietaria será la administración regional y esta será a su vez la encargada de explotarla y contratar el resto de servicios de suministros, mantenimiento y seguridad, entre otros gastos.
El proyecto que maneja la Consejería de Presidencia y Justicia, en manos de Miguel Ángel García Martín, supone levantar diez edificios a lo largo de una superficie de 236.475 metros cuadrados por un total de 660 millones de euros, 150 millones más que los que el anterior gobierno de Ayuso había calculado que costarían las obras si una empresa se hacía con la concesión por 37 años. Entonces, el ejecutivo presupuestó la construcción por parte de la empresa concesionaria en 507 millones de euros.
El macrocomplejo, que quiere aunar las 28 sedes del partido judicial de Madrid, no estaría terminado en su totalidad hasta 2030, según los plazos que se ha fijado el gobierno regional. Pero la idea es ir construyendo los edificios por fases para poder ir trasladando sedes de manera progresiva en los próximos años.
La fase inicial de redacción del anteproyecto, licitación y adjudicación ya está en marcha, aseguran desde la consejería. Una vez adjudicadas las obras, que se dividirán en dos lotes, las obras comenzarían a principios de 2025. La previsión del gobierno regional es que los traslados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), además de la Audiencia Provincial de Madrid y otros 105 juzgados de primera instancia (la región tiene 130) lleguen una vez termine esta primera fase de construcción a lo largo de 2026.
La segunda fase comenzará a finales de esta legislatura, en 2027, y en ella se pretenden levantar 19 juzgados de lo mercantil, 49 de lo social y 34 de lo contencioso-administrativo, además de sus aparcamientos subterráneos y demás servicios propios. Las siguientes fases comenzarán en la siguiente legislatura con la finalización de tres edificios para penal y otros espacios como la Fiscalía y el archivo judicial territorial.
Hacerse con la gestión directa, que en un primer momento había rechazado Ayuso y que era una reclamación de la oposición, supondrá un ahorro para las arcas públicas, asegura el consejero de Presidencia y Justicia. Actualmente, la Comunidad de Madrid gasta 40 millones de euros al año en el alquiler de edificios para albergar las sedes judiciales, unos contratos de arrendamiento que se cancelarían. Además consume otros 30 millones de euros anuales en servicios de mantenimiento y seguridad y otros cinco en consumo (luz, agua...), un coste que el ejecutivo cree que se verá reducido al aunarlo todo en un mismo lugar. Los cuatro edificios propiedad de la administración, como es el que alberga actualmente el TSJM, el gobierno estudiará si es viable conservar el patrimonio para usarlo para otros servicios que ahora se prestan en inmuebles alquilados o procede a su enajenación, explica el consejero.
100 millones que investiga la Justicia
Solo el evento a bombo y platillo para poner la primera piedra del macroproyecto, en 2007, costó 1,4 millones de euros. Una de las empresas que se hizo cargo de esa factura pertenecía a José Luis Ulibarri, un constructor implicado en Gürtel que luego recibió contratos que nunca llegaron a cerrarse y que fue condenado a un año y medio de cárcel tras confesar los delitos de fraude a las administraciones públicas, falsedad documental, tráfico de influencias, contra la Hacienda pública y por prevaricación en la trama que afecta a algunos municipios madrileños gobernados por el Partido Popular, lo que le ha permitido ver rebajada su pena.
Ya en 2009, con la crisis económica haciendo estragos en España, la Comunidad dejó el proyecto en punto muerto tras haber enterrado por el camino más de 100 millones de euros de dinero público en contratos que investiga la Audiencia Nacional. Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel y 13 de inhabilitación absoluta para el consejero de Justicia de Aguirre, que era también presidente y consejero delegado de la empresa pública que se creó para la gestión del proyecto, y seis años de prisión y de inhabilitación para otros cinco altos cargos y asesores de aquel Gobierno. El ministerio fiscal considera que entre 2005 y 2008 se adjudicaron contratos por valor de más de 330 millones de euros en los que “se ha acreditado, en general, la ausencia de documentación justificativa del proyecto, de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad o de rendición de las cuentas”
Aunque Ignacio González quiso retomar el proyecto de Aguirre en 2014, finalmente prefirió esperar. Y ya con Cifuentes como presidenta, el entonces consejero de Justicia de Cifuentes, Ángel Garrido, admitió que el dinero invertido en el proyecto no había servido “para absolutamente nada” y trató de marcar distancias con el de González. Ante el bloqueo de este segundo intento, las empresas que habían sido señaladas como adjudicatarias –entre ellas OHL– llevaron a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por no ratificar la adjudicación de las obras. El Tribunal Superior de Justicia madrileño emitió una sentencia en 2017 en la que no les daba la razón. La decisión judicial ahorraba a la Comunidad un gasto previsto de 1.750 millones de euros.
En marzo de 2020, el Supremo ratificó aquella sentencia y dejó las manos libres a la Comunidad de Madrid, ya bajo la tutela de Isabel Díaz Ayuso. Ayuso admitió que la sentencia “despeja el camino para los planes” de la Comunidad de Madrid para la concentración de sedes judiciales y se puso manos a la obra para lanzar el tercer intento, aunque la idea inicial similar a la de Aguirre de privatizar la explotación de los edificios, ha sido de nuevo un fracaso.
Sin grandes diseños
De los 15 edificios proyectados por Aguirre, solo se ha levantado uno, el conocido como 'donut', diseñado por Alejandro Zaera Polo, que terminó Ayuso y que no fue utilizado hasta la pandemia de COVID. Se empleó primero como morgue y después se instaló allí el Instituto Anatómico Forense de Madrid. El nuevo recinto estará compuesto por 10 inmuebles, que albergarán las 28 sedes judiciales de la región.
Si la idea inicial de Aguirre incluía edificios de arquitectos de reconocidísimo prestigio y altos honorarios, como Zaha Hadid o Norman Foster, que llegaron a cobrar por proyectos que jamás se realizaron, la nueva licitación ha dejado a un lado los criterios de diseño y calidad arquitectónica, aunque el consejero de Justicia asegura que se ha reservado el edificio que albergue el TSJM como el que presente la mayor “singularidad” en diseño.