Esperanza Aguirre tuvo un sueño. Visualizó un vasto terreno en el que emergían más de una decena de edificios vanguardistas de planta circular, rodeados de árboles y conectados por una pasarela que serpenteaba entre ellos. Una especie de museo de la arquitectura moderna cuya vertiente práctica era reunir toda la administración de Justicia de la Comunidad de Madrid. Ese sueño que había tenido la recién estrenada presidenta regional requería una inversión inicial de 516 millones de euros de dinero público, una superficie de más de 200.000 metros cuadrados y una década para ejecutarse.
El proyecto de la Ciudad -o Campus- de la Justicia se presentó oficialmente el 2004. Se convocaron las licitaciones pertinentes, se creó una empresa pública para gestionarlo y se puso la primera piedra. Pero como ocurrió con otros grandes proyectos de la época de las grandes mayorías del PP de Madrid, pronto la corrupción se filtró hasta la médula. El sueño megalómano de Aguirre fracasó, convertido en un chiringuito donde unos pocos hicieron negocio con el dinero de todos. Una suerte de cajero automático con cargo a los presupuestos de los madrileños donde acudían a por su parte los amigos de los gestores políticos.
La Audiencia Nacional ha procesado ahora a cinco responsables de la Ciudad de la Justicia por delitos de prevaricación, fraude y malversación. El auto del juez José de la Mata es un auténtico catálogo de corrupción, un manual de 250 páginas sobre las prácticas habituales en este tipo de proyectos de construcción. Hay sueldos estratosféricos para los amigos de los políticos, falsos concursos de empresas, concesiones amañadas o contratos troceados para poder otorgarlos a dedo.
El auto es una maraña de cifras, a veces sin saber si se concreta el pago o no, una suma de “arbitrariedades” y una larga lista de errores en la gestión que acabaron por enterrar la Ciudad de la Justicia. “La ineficacia global del proyecto es el reflejo de la ineficacia de los contratos que lo integraron, destacándose la ineficiencia de múltiples actuaciones comenzadas, pero no terminadas, e incluso en las actuaciones, las menos, que prácticamente terminadas carecen de utilidad al formar parte de un proyecto global e integrado que como tal se frustró”, dice la Audiencia Nacional.
Pero no solo hubo una gestión nefasta, fruto de “errores y confusión”. “Estamos ante una situación de ilegalidad manifiesta que todos conocían”, dice De la Mata, que incide en que se despreciaron los intereses públicos en todos los casos en los que hubo concertación entre los responsables políticos y los representantes de las empresas. El juez ha detectado casos en los que las compañías adjudicatarias habían redactado los propios pliegos del concurso.
Al frente de este epítome de la corrupción está Alfredo Prada, todopoderoso consejero de los primeros gobiernos de Aguirre y luego caído en desgracia. En su currículum político oficial figura haber sido senador, diputado, consejero de Justicia y vicepresidente regional; en el extraoficial emerge su relación con el espionaje político en Madrid y el haber sido el padrino político de Pablo Casado, al que fichó como asesor cuando era presidente de las Nuevas Generaciones del PP.
De la Mata señala en su auto a Prada como el responsable de todas las irregularidades por el control absoluto que ejercía sobre el proyecto. El juez abrió la investigación hace dos años y ya la ha cerrado. El secreto de esa celeridad es que buena parte de la instrucción se ha basado en el ingente trabajo de fiscalización que realizó la Cámara de Cuentas de Madrid, que en 2018 ya alertó del despilfarro y la corrupción.
Aquel prolijo informe destapó que se habían gastado 355 millones en un proyecto del que solo se había conseguido levantar un edificio que permanecía medio abandonado. La mayoría en contratos formalizados pero también en modificaciones prórrogas, indemnizaciones o gastos sin que haya contrato de por medio.
Es decir, 355 millones gastados para un solo edificio cuando, en 2005, Price Waterhouse Cooper estimó en su estudio de viabilidad que construir ese y los otros 13 iba a costar 516 en total. En 2008, Sterling & Goyria dobló en una nueva estimación la cantidad necesaria para sacar adelante el proyecto. Solo un año después, en 2009, esa consultora realizó un nuevo informe, en esta ocasión para ver las alternativas que había para suspender los contratos. Las obras se paralizaron definitivamente en 2010.
El informe de la Cámara de Cuentas y el auto de la Audiencia Nacional recorren ese descenso a la quiebra. Señalan, por ejemplo, que el Campus de la Justicia tenía muchos más directivos que trabajadores rasos, “algo que se incrementó en los años en los que era claro que el proyecto estaba abocado al fracaso”. También tenían sueldos estratosféricos que subían cada año. El ejemplo más claro es Isabelino Baños, director técnico: en 2005 cobraba 43.999,92 euros, en 2006 sube a 68.838, en 2007 a 82.969,68 y en 2008 ingresa 102.637,52 euros.
Prada lo decidía todo en el Campus de la Justicia. De él partían la mayor parte de contrataciones de personal, que la Audiencia Nacional destaca que siempre eran “personas de confianza de los gestores políticos”. En el auto se señala en este punto un correo con un listado de personal que un asesor envió al liquidador de la sociedad: junto a los nombres, escribió la relación que tenían con Prada y otros cargos políticos, como los exministros Pedro Morenés y Miguel Arias Cañete.
Todos ellos eran, claro, personal directivo. Tal era su falta de personal administrativo que en ocasiones tuvieron que recurrir a una consultora externa (una facturó 132.000 euros) para labores de contabilidad que deberían haber hecho los trabajadores del propio Campus. El problema es que no había nadie para hacerlo. La empresa facturaba por conceptos como “Visita al cliente para explicarle cómo se calculan las nóminas”, “Revisión de los cálculos totales de la nómina realizada por Campus”, “Trámite en la seguridad social presentación partes IT” o “preguntas sobre % de IRPF a aplicar a determinados trabajadores”.
Pero donde más daño hizo la mano de Prada fue en los contratos con empresas. Buena parte de las 250 páginas del auto están dedicadas a los contratos trufados de prácticas corruptas. Porque la Cámara de Cuentas reunió todos los despilfarros, gran parte con soporte legal; pero la Audiencia Nacional ahonda en los acuerdos que chocan con el código penal.
El repaso comienza por los contratos de construcción y gestión. Aquí el auto destaca que se contrató a Bovis and Lease, a quien se externalizó la dirección del proyecto durante la primera fase. No hay justificación de por qué se toma esa decisión ni estudio de costes. Lo que sí se sabe es que Isabelino Baños trabajó en esa empresa antes de recalar en el Campus de la Justicia y volvió a ella tras el fracaso de este proyecto.
Fue Baños quien redactó el informe para la adjudicación -en la que hay multitud de irregularidades- y quien luego propuso prorrogar el contrato, a pesar de que había constancia de que no había cumplido con los trabajos exigidos en los pliegos.
Encomendada la gestión, se pasó a la construcción. Aguirre pensó en varios arquitectos de renombre para levantar los edificios, pero solo se llegó a cerrar acuerdos con uno. Norman Foster iba a construir las sedes de la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo. Su empresa cobró casi 14 millones de euros en concepto de pago de los servicios profesionales.
Pero los edificios jamás se construyeron. El auto de De la Mata señala que no hay ningún documento que justifique por qué se contrató a este arquitecto y que todo se hizo sin pasar por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y es que la única razón para contar con Foster era que la presidenta madrileña quería que él se ocupase del diseño de dos edificios. Fueron Aguirre y Prada quienes en abril de 2006 firmaron el acuerdo para la redacción del proyecto, que iba a necesitar de 180 millones de euros.
La investigación ha detectado además que se usó el contrato con el despacho de Foster para enmascarar pagos a otras empresas por servicios de consultoría durante la construcción. Es decir, el Campus de la Justicia contrató a empresas como Buró Happold sin licitación de por medio y les pagó con la intermediación de la empresa del arquitecto: esta recibía fondos públicos a través del contrato legal y luego los transfería a las otras compañías. Los responsables de la Ciudad de la Justicia informaron por escrito a Foster de la maniobra y su empresa luego aportó esos escritos a la Audiencia Nacional.
El proyecto de Foster necesitó de un contrato adicional de asistencia técnica que se llevó una UTE de tres empresas: FM Arquitectos, NB-35 y Aguilera Ingenieros. Obtuvieron el quinto puesto en la valoración de ofertas, pero Isabelino Baños hizo un informe para que ellos ganasen el concurso. La Audiencia Nacional ha detectado multitud de llamadas durante el proceso de adjudicación entre el representante de la UTE y Baños. Se llevaron 2,5 millones de euros.
5,5 millones de euros en publicidad sin contratos
Una de las grandes vías de agua de la Ciudad de la Justicia fue la publicidad del proyecto. Varios millones de euros dedicados a glosar las ventajas de reunir las sedes judiciales y hacerlo además en edificios vanguardistas. Se pagaron lonas de publicidad, se organizó una exposición, se compró espacios publicitarios en medios, se editó una revista y se contrató a un fotógrafo que documentase.
El auto llama la atención sobre el gasto en empresas de publicidad. Superó los seis millones de euros, pero solo se ha encontrado un expediente de contratación por 957.989,91 euros. El resto, 5.481.291,83 euros, se pagaron sin que se siguieran los cauces de contratación pública. Se encargaron de contratar los espacios en medios, editar folletos sobre el proyecto o poner anuncios en autobuses.
Además, la Audiencia Nacional alerta de que, más allá de la falta absoluta de documentación, cada campaña de publicidad se fraccionó en varios contratos, que a su vez se trocearon en diversas facturas y que luego fueron cobradas por empresas aparentemente distintas, pero relacionadas entre sí. El auto dedica unas cuantas páginas a glosar las relaciones que mantenían Abba, Red de Medios y Mediaege, que concurrían como competidoras “de manera burda” a los concursos a pesar de estar vinculadas.
El dinero público también se evaporó en pagos a una empresa para que realizase un vídeo sobre el proyecto de Foster (59.128 euros), en multitud de actos de presentación de los edificios (125.000 euros), en asistencia a ferias internacionales (58.825 euros), merchandising (más de 100.000 euros), publicidad en medios (323.617 euros), visitas guiadas a las obras (39.406 euros) o actos de colocación de primeras piedras.
Sobre la presentación de maquetas, la Audiencia Nacional se detiene, una vez más, en las de Norman Foster. El acto se celebró en noviembre de 2006. Al contrato para organizarlo se presentaron tres empresas vinculadas a un mismo hombre: Daniel Horacio Mercado, propietario de Over Marketing, uno de los publicistas de referencia del PP, imputado en varios casos de corrupción y que ha confesado el amaño de contratos.
Su empresa se llevó más de 200.000 euros de la Ciudad de la Justicia, buena parte por ese acto de presentación de las maquetas, al que la Audiencia Nacional añade entre los gastos una factura al catering Samantha de España (8.560 euros) y otra a Class Bar Concept (522 euros).
También se destinó dinero púbico a la elaboración de 3.000 unidades de un libro sobre el trabajo del despacho en el diseño de los edificios de Foster. Este contrato en particular revela una de las prácticas corruptas más simples y poco sofisticadas: se presentaron tres ofertas falsas porque pertenecían al mismo grupo empresarial (Everest), aunque de filiales distintas. Se entregaron “con las mismas características de formato, encuadernación e impresión”. Había una oferta firmada por el dueño de Everest y otra por su hija. La edición del libro costó casi 40.000 euros.
También se destinó parte del presupuesto del Campus a la creación de la marca del proyecto, que se llevó Culdesac. La investigación no ha encontrado justificación de dicho contrato y ha vuelto a detectar empresas vinculadas en las ofertas. Consta también un contrato para la edición de una revista digital, que se llevó Wolter Kluwer en otro concurso falseado, y cuyos contenidos eran supervisados directamente por Alfredo Prada.
Uno de los gastos que más llamó la atención de la Cámara de Cuentas y de la Audiencia Nacional es el de fotografía. Según el auto, se contrató al fotógrafo Pedro González en un concurso en el que de nuevo había empresas relacionadas entre sí y sin que se aclarase cuál iba a ser exactamente su función, sin definir por qué se le iba a pagar. Se llevó 73.404,8 euros.
El policía de confianza de Cospedal y el jefe de Gabinete de Cascos
Para la Audiencia Nacional merecen especial atención los gastos en seguridad de la Ciudad de la Justicia, cuyo responsable era Andrés Gómez Gordo, policía de confianza de María Dolores de Cospedal (fue su asesor) e imputado en la Operación Kitchen por ser el responsable de haber entregado cheques de los fondos reservados al chófer de Luis Bárcenas.
El auto señala que de los 12 trabajadores del Campus, tres eran de seguridad y su nómina “sobrepasaba los 14.000 euros mensuales”. Además, se contrató a empresas externas para incrementar la seguridad, cuyos informes de valoración los elaboró Gómez Gordo. “Todo esto no fue obstáculo para que en varias ocasiones se dieran casos de robos de ordenadores y teléfonos móviles”, dice el juez.
Sobre las licitaciones a las empresas externas, el auto destaca que la que se llevó Tecisa 74 estuvo diseñado de tal forma que los criterios subjetivos se impusieran al resto. El mismo día en que se firma el contrato con esa empresa, Gómez Gordo hace una propuesta oficial a los responsables del Campus para ampliar su duración y coste. Aparentemente sin conocer este movimiento, la empresa presenta unos días después una solicitud de ampliación del contrato por el mismo importe que había propuesto Gómez Gordo.
El juez no tiene dudas de que se pusieron de acuerdo, porque ha detectado de nuevo un tráfico de llamadas entre el ente público y la empresa.
Hubo otros dos contratos de seguridad, esta vez con Serygur para la vigilancia de las obras, de nuevo con falta documentación sobre los trámites obligatorios en contratación pública. Pero aquí llama la atención que uno de los apoderados es Álvaro de la Cruz, el jefe de Gabinete del exministro del PP Francisco Álvarez Cascos y entonces número dos de Rita Barberá en la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).
Hay una larga lista de contratos sospechosos que completan el despilfarro, como el firmado con Félix García de Castro para asesoría jurídica y a quien se empezó a pagar antes de haberle contratado; o como el que se hizo con Machtmind con unos pliegos diseñados a su medida; o como el firmado con Metaverse, que se encargó de hacer una recreación en Second Life de la Ciudad de la Justicia.
La Audiencia Nacional llama la atención sobre que Metaverse se creó seis días antes de que se publicitase el concurso para ese contrato. Además, antes de que el contrato le fuera adjudicado ya había empezado a cobrar del Campus y había adquirido espacio en unos servidores para alojar el proyecto de Second Life. El juez cree que la empresa tenía “información privilegiada o un preacuerdo” con los responsables del proyecto, porque también ha detectado irregularidades en el proceso de licitación.