El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investiga desde el pasado 3 de agosto el faraónico proyecto de la Ciudad de la Justicia que puso en marcha el Gobierno de Esperanza Aguirre y que nunca llegó a culminarse, informan a eldiario.es fuentes próximas al caso.
La investigación parte de una querella de la Fiscalía Anticorrupción en relación con distintas prácticas presuntamente irregulares acometidas por la sociedad mercantil Campus de la Justicia SA (CJM) y que podrían ser constitutivas de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos.
La denuncia admitida se basa en el informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo pasado en el que se concluye que CJM no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público.
Dicho informe ponía de manifiesto, entre otros elementos, la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, deficiencias en la incorporación remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería, del inmovilizado, etc.
Igualmente, en el ámbito relativo a la contratación y pagos, el informe describe irregularidades consistentes en defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad o en ausencia de documentación que justifique, bien la existencia de expediente para la contratación, bien la causa de los pagos efectuados.
Un gasto de 356 millones de euros
El importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización realizados por la Cámara de Cuentas asciende a 355.577.355,92 euros. De todo el proyecto realizado sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, aunque inacabadas y en situación de abandono.
Entre las operaciones y procesos de contratación objeto de investigación se encuentran la gestión integrada del Proyecto y la Construcción de la Urbanización y la Edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia de Madrid (2007), la Aplicación de las nuevas tecnologías en el Proyecto Campus de la Justicia de Madrid (2007), la consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de Seguridad en el Campus de la Justicia o la creación de la marca representativa y la estrategia de comunicación.
También se investigan la asesoría técnica para la elaboración de la estrategia de gestión del cambio del Campus de la Justicia, el alquiler de la lona publicitaria para la fachada de Goya 66, la cobertura fotográfica del Campus de la Justicia, el mantenimiento de la sede social y servicios de vigilancia y seguridad de la sede social del Campus, en la calle Miguel Ángel, la edición y distribución del libro “Foster+Partners”, el servicio de asesoramiento jurídico a CJM o el patrocinio y promoción del Campus de la Justicia (2008), entre otros. . El juez ha comenzado a practicar las primeras diligencias para la averiguación de los hechos. Por el momento no hay personas imputadas.
Se trata de una investigación declarada secreta por el juez José de la Mata en el marco de la cual se ha requerido información a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid. Fuentes de la misma confirman que la Policía Judicial requirió documentación en la tarde del martes a este organismo y que sus responsables actuales entregaron la misma a los agentes.
El Consejero de Justicia al que salpica el proyecto es Alfredo Prada, hoy integrado en el equipo de Pablo Casado por decisión del nuevo presidente del Partido Popular, según las fuentes consultadas. El proyecto del Campus de la Justicia se inició en 2004 bajo la presidencia regional de Esperanza Aguirre, aunque las primeras ideas habían surgido ocho años antes, cuando Alberto Ruiz Gallardón planteó unificar las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid.
Impulso de la oposición madrileña
Más de una década después de que se colocase la primera piedra el legado de esas aspiraciones megalómanas son un único edifico sin uso y un agujero de 100 millones de euros, según el informe redactado por la oposición en la Asamblea de Madrid que llegó, primero a la Fiscalía de Madrid, y después a Anticorrupción. Ese informe es previo al que cita la Audiencia Nacional.
El pasado abril, en mitad del escándalo del máster falso de la ya expresidenta, el Gobierno autonómico envió a la Fiscalía el informe de fiscalización, en este caso elaborado por la Abogacía regional. Ese documento se basaba en una investigación previa de la Cámara de Cuentas en la que el órgano fiscalizador había detectado la “preponderancia de criterios discrecionales” en la adjudicación de contratos y “la aplicación de fundamentos desiguales en la valoración de las ofertas”. En el documento aportado por el Ejecutivo regional, los letrados alertaron de que en ese proyecto se habían incumplido “las normas más esenciales de contratación”.
Como otros grandes proyectos de la época de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, el Campus de la Justicia no se libra de la sombra de la corrupción. El mismo acto de colocación de la primera piedra en 2007 se convirtió en un símbolo del despilfarro: costó 1,4 millones de euros. De parte de la organización se encargó la empresa de José Luis Ulibarri, un constructor implicado en el caso Gürtel, que luego fue adjudicatario de contratos que no llegaron a cerrarse.
La trama Púnica también aparece relacionada con el proyecto. Entre las empresas sospechosas de haber pagado actos electorales al partido está Over Marketing, de Daniel Mercado, el publicista que ha admitido haber participado en el amaño de contratos con distintas administraciones del PP. Over Marketing y Traci Comunicación -otra de las empresas de Mercado- se encargaron en los primeros años de parte de la promoción de este proyecto, unos trabajos por los que recibieron 362.000 euros.