Isabel Díaz Ayuso cierra su primer año con mayoría absoluta aprobando tres de los proyectos más importantes y polémicos de su incipiente mandato. Coincidiendo con el día de la lotería, la Asamblea de Madrid celebró este viernes un pleno extraordinario que ha dado luz verde a los presupuestos de 2024 –los segundos que ha podido sacar adelante en cinco años desde que es presidenta–, y que aprobó las modificaciones de las leyes trans y LGTBI, lo que supone en la práctica el primer retroceso en derechos del colectivo respecto de una ley aprobada con otro gobierno del PP en la Puerta del Sol, el de Cristina Cifuentes.
El rodillo de su mayoría absoluta también permitió este viernes a Ayuso, antes de las vacaciones de Navidad, aprobar otra de las leyes más discutibles desde que está al frente de la Puerta del Sol: una reforma legislativa de 15 normas con la que de un plumazo se hará con el poder total de Telemadrid y controlará el Consejo de Transparencia y la Cámara de Cuentas, todos órganos necesarios para la fiscalización de su Gobierno. Con esta reforma legislativa, la dirigente del PP también podrá otorgarse un sueldo vitalicio para cuando deje de ser presidenta.
La oposición ha acusado al PP de tener comportamientos similares a “partidarios de las dictaduras” y de “totalitarismo”. El PSOE ha anunciado que llevará esta modificación legal tramitada por la vía de urgencia al Tribunal Constitucional.
Las leyes trans y LGTBI
En medio del debate público sobre los derechos del colectivo LGTBI después de que Vox los haya cuestionado en todos aquellos parlamentos y ayuntamientos donde ha llegado el poder, Ayuso se suma a esta agenda ideológica con su mayoría absoluta –sin necesidad de la extrema derecha– para en la práctica derogar las leyes autonómicas respaldadas por el PP en 2016. Vox ha apoyado ambas modificaciones legales.
En la ley trans, se elimina el concepto de identidad de género, se marca que los menores deberán pasar por un examen de pediatras antes de recibir tratamiento y se explicita que la atención psicológica o las valoraciones psiquiátricas no serán muestra de discriminación. En educación se eliminan los contenidos relativos a las personas trans de los currículos.
En el caso de la ley ante la LGTBIfobia se retocan aspectos sanitarios, organismos como el Consejo LGTBI de la Comunidad o el régimen sancionador. Una de las partes centrales de la reforma es el ámbito educativo, que concentra cinco de los veinte artículos derogados, entre ellos el que ataja el acoso escolar. En concreto, el plan contra el acoso a los alumnos LGTBI sale del currículo en los centros educativos.
El poder total en Telemadrid
Gracias a una ley contenedor, que modifica 15 leyes el último día antes de navidad, con medio país pendiente de la lotería, Ayuso logra hacerse con el poder total de Telemadrid y culmina un camino que inició tras las elecciones de 2021. La primera medida de Ayuso tras el adelanto electoral –que supuso la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid, hasta entonces su socio de Gobierno– fue una ley para cargarse a la anterior dirección de Telemadrid (elegida por consenso) y hacerse con el control del ente público tras dos años de quejas sobre la independencia de la cadena regional, una purga declarada recientemente ilegal por el Tribunal Supremo. Un año después, de nuevo con la connivencia de Vox, la dirigente del PP sacó adelante otra ley para poder nombrar por mayoría simple de la Asamblea al director general, que hasta entonces requería una mayoría reforzada.
Con la nueva ley, Ayuso da una nueva vuelta de tuerca para que el control sea absoluto y dejar bajo mínimos la capacidad de fiscalización de la oposición. De entrada, plantea que el consejo de administración pase de cinco a siete consejeros. Actualmente, como todos los grupos deben estar representados en el mismo, el PP cuenta con dos consejeros, Más Madrid con uno, el PSOE con uno y Vox con otro.
Pasando a siete consejeros, el PP tendrá cuatro, lo que le otorgará mayoría absoluta también en el ente público. De esta forma, la ley cambia el sistema de elección de la figura del director general “para evitar situaciones de interinidad prolongadas en el tiempo” y establece que será “la Junta General de Accionistas de Radio Televisión Madrid a propuesta del Consejo de Administración de la sociedad” quien lo nombre. Es decir, la nueva mayoría del PP sin que tenga que pasar por una votación en la Asamblea de Madrid.
Ayuso nombrará y controlará el Consejo de Transparencia
Hacerse con el control del Consejo de Transparencia evitará en el futuro a Ayuso situaciones como la de tener que acudir a los tribunales para impedir que se conozca su expediente académico, como ha ocurrido después de que el órgano determinase que debía ser público. Con la ley aprobada este viernes “se elimina su dependencia de la Asamblea” y será el Gobierno quien designe a dedo al ahora único integrante del organismo.
Hasta ahora, el Consejo de Transparencia y Participación lo formaban tres consejeros propuestos por el Pleno de la Asamblea de Madrid que se eligieron por un procedimiento de mayoría reforzada de tres quintos. Estos tres miembros estaban en el cargo por un periodo de seis años, y se distribuían rotatoriamente la presidencia cada dos años. Con la nueva ley aprobada este viernes solo habrá un responsable máximo de este órgano elegido por el Consejo de Gobierno a propuesta del titular de la Consejería de Presidencia que en la actualidad es Miguel Ángel García. Es decir, será la propia Ayuso quien decida la persona que estará al frente del organismo.
La ley modificada gracias a la mayoría absoluta del PP exigía además diez años de experiencia profesional acreditada en actividades relacionadas con el sector público, la transparencia y el acceso a la información pública. Ahora este requisito ya no será imprescindible, con lo cual podría nombrarse a cualquier exdiputado del PP que jamás haya tenido relación ni actividad alguna con la transparencia o el sector público.
Otro de los cambios que se introducirá será añadir al nuevo Consejo las competencias de protección de datos. La idea es situar en el mismo nivel la protección de datos que la transparencia, de modo que los conflictos de intereses recaerán en el nuevo Consejo, cuando hasta ahora no era así. Por ello cambiará de nombre y pasará a llamarse Consejo de Transparencia y Protección de Datos.
También se elimina el régimen sancionador contemplado en la norma para las Administraciones que incumplen la normativa en materia de transparencia, que fue una exigencia de PSOE y Ciudadanos, después de los casos que protagonizaron los expresidentes Ignacio González y Cristina Cifuentes.
Control de la Cámara de Cuentas
No es la única forma que ha encontrado Ayuso para quitarle al parlamento regional cualquier capacidad de control al Gobierno. El PP ha planteado una reforma de la ley que regula la Cámara de Cuentas que elimina la mayoría reforzada de dos tercios para elegir a los consejeros.
La Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad en 2019 una propuesta de Podemos para modificar la norma, que llevaba desde 1999 sin tocarse, para reducir el número de consejeros de siete a tres y reforzar las mayorías para elegirlos con el fin de que fueran más independientes, con tests de idoneidad. Aquella ley tenía algunos desajustes que había que modificar, según reconocieron todos los grupos, pero el PP de Ayuso lo ha aprovechado para eliminar el sistema de elección parlamentario y que sea el Gobierno regional quien elija directamente a los consejeros que luego tendrán que fiscalizar su gestión económica.
Los gerentes de los hospitales serán elegidos a dedo
La ley, que modifica hasta 15 textos legislativos, también incluye “devolver al Consejo de administración del Sermas la posibilidad de ejercer las competencias que le son propias y poder elegir, de entre los mejores, a los gestores de los hospitales, agilizando los nombramientos y ofrecer así una respuesta más rápida y eficiente a las necesidades de cada centro hospitalario”. Esto implica que los directores gerentes y territoriales ya no serán elegidos por un “proceso de igualdad, mérito y capacidad” sino por el Consejo de Administración del Sermas. Se elimina la limitación del mandato a cinco años.
Todas estas cuestiones, tramitadas por la vía de urgencia, se han aprobado este viernes en la Asamblea de Madrid. Cada una de estas reformas legales va en la línea de limitar la labor de fiscalización a su Gobierno por parte de la oposición y de otros organismos públicos.