Contra los inmigrantes, que se “saltan la cola para entrar”. Contra la “extrema izquierda”. Contra la “ideología de género”. Contra “el fracaso del multiculturalismo”. Y contra Telemadrid, “una tele ruinosa que hay que cerrar”. El discurso de la ultraderecha de Vox reventó este viernes el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso, que supone el pistoletazo de salida de su segundo mandato al frente de la Comunidad de Madrid. El mensaje de la líder de la formación de extrema derecha, Rocío Monasterio, da la medida de cómo serán los próximos dos años, en esta legislatura corta, que terminará en mayo de 2023. “Nosotros le vamos a pedir derogar las leyes de género”, le dijo Monasterio a la nueva presidenta de Madrid. “Se lo vamos a exigir. Sus votantes se lo agradecerán”. Tras escuchar sus proclamas machistas, racistas y xenófobas, Ayuso se limitó a agradecer a la extrema derecha su apoyo y a atacar a la oposición que hizo piña contra los ataques racistas de Monasterio al diputado senegalés de Unidas Podemos, Serigne Mbayé.
Ayuso ya había perfilado la víspera en la Asamblea Regional el que será su segundo mandato al frente de la Comunidad de Madrid, ahora sin el socio incómodo de Ciudadanos. Ese primer día debía servir para que la dirigente madrileña expusiera las líneas generales de su mandato después de dos años sin apenas gestión: no fue capaz de aprobar unas cuentas ni de sacar adelante ninguna ley de calado. Su discurso recuperó viejas promesas que han ido quedando en un cajón estos dos últimos años, la fundamental, una rebaja generalizada del tramo autonómico del IRPF que según Ayuso llegará en otoño a la Asamblea cuando presente el primer proyecto de presupuestos desde que es presidenta. Una bajada generalizada de 0,5 puntos de este tributo que beneficia a las rentas altas y merma las cuentas públicas ya que la administración regional dejará de recaudar 300 millones al año.
Otra promesa, para fomentar la natalidad entre las mujeres jóvenes, arranca con polémica. La presidenta madrileña anunciaba ayudas económicas de 500 euros mensuales para las menores de 30 años durante 29 meses que excluye a gran parte de las mujeres de la región al incluir una cláusula que exige que estas lleven empadronadas en Madrid al menos 10 años. Un requisito duramente criticado por la oposición que considera que solo busca agradar a Vox y dejar fuera a miles de mujeres, con lo que el gasto será mínimo para el Gobierno.
“Es curioso: a los millonarios que vienen a Madrid para no pagar impuestos de sucesiones y patrimonio, no les pide 10 años de empadronamiento, pero a una joven andaluza, vasca o gallega para tener un hijo sí”, criticaba la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que se estrenaba este viernes como líder de la oposición en la Asamblea regional. La portavoz adjunta del Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, acusaba al PP de promover la “discriminación” de las mujeres extranjeras “de dentro y fuera de España”.
La presidenta madrileña pasaba al contraataque mezclando aborto, eutanasia y maternidad en un cóctel imposible. Díaz Ayuso defendía la medida y aseguraba que se trata de una vía para evitar abortos y permitir que las gestantes “tengan una oportunidad de acogerse a la vida”. “El aborto es el recurso fácil que pone la izquierda”, lanzó. Subiendo el tono, afirmó después: “¿Te molesta? Eutanasia; ¿Te molesta el bebé? Aborto. La libertad es darles la opción de elegir”, concluyó haciendo gala de los postulados que ha acogido con los brazos abiertos de la extrema derecha, socio imprescindible para gobernar estos dos próximos años.
Ayuso se olvidó durante la jornada de la solemne sesión de investidura de la sanidad y la pandemia. Y eso que la región lidera la tasa de variación en el número de defunciones del año 2020 con un 34,8% más que en el ejercicio anterior. La segunda comunidad es Castilla la Mancha con siete puntos menos. La media nacional está en el 17,7%, tres veces menos que Madrid.
El asunto no centró su campaña electoral ni tampoco en sus planes de gobierno hay proyectos en marcha para un sector que ha sufrido la peor crisis sanitaria de la historia reciente por la pandemia del coronavirus. De la Atención Primaria, en armas tras lo que califican “el abandono” de Ayuso, no hubo nada nuevo más allá de asegurar que la región cuenta con “la mejor” medicina familiar. La presidenta madrileña prometió la contratación de 1.200 médicos para los centros de salud, una medida anunciada el pasado septiembre, que no ha implantado y que los sindicatos ya advierten de que será insuficiente porque para los próximos cinco años están pendientes de jubilarse más de 1.400 facultativos. Sumado al déficit estructural que ya hay.
En materia de educación Ayuso anunció para el curso 2022 y 2023 una reducción de las ratios en las aulas pero solo para las de infantil, una enseñanza que no es obligatoria. También aseguró que rebajaría las tasas universitarias. En realidad, se trata de una iniciativa aprobada por el Ministerio de Universidades, y que es de obligado cumplimiento para todas los autonomías. El año pasado, en mayo, el Gobierno y las comunidades alcanzaron un acuerdo de precios máximos para los créditos universitarios: para que fueran igual en toda España. Por eso Madrid los ha tenido que bajar. Lo hacen, a su pesar: votaron en contra de la medida y después recurrieron en los tribunales esta decisión, un recurso que sigue en pie pese al anuncio de la presidenta.
Vox marca la línea de Ayuso
Menos de 24 horas después de que la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid desplegase sus planes, el resto de grupos tomaba este viernes la palabra. Por un lado, la extrema derecha anunciaba el apoyo a la investidura y advertía de que hará respetar su programa electoral que solo unos minutos después detallaba: la derogación de “las leyes de género” entre las que se encuentra la LGTBi y el cierre de Telemadrid.
“En Madrid están vigentes unas leyes de género propias de la izquierda más radical. Soy capaz de entender que su anterior socio [Ciudadanos] no le dejará derogarlas pero nosotros sí se lo vamos a exigir”, advertía Monasterio quien también pedía “una auditoría integral de las subvenciones para eliminar las ideológicas e inútiles y obligar a la devolución de todas aquellas que no hayan cumplido escrupulosamente los fines para los que fueron otorgadas”.
Telemadrid se situó en la diana de los ataques de Monasterio, que llegó a pedir su cierre: “Ni es un servicio público, ni necesario para los madrileños sino un pozo sin fondo que consume decenas de millones de euros cada años, 74 millones de euros anuales”. “¿Por qué los madrileños tenemos que pagar de nuestro bolsillo a quienes insultan a diario en televisión? Y si no se puede cerrar de forma inmediata habrá que reducir drásticamente su coste”, añadió. Ayuso había anunciado semanas antes que impulsaría un cambio de la ley para cambiar a su dirección. Para ello necesitará a Vox.
Monasterio proseguía con sus exigencias señalando a los menores extranjeros no acompañados. “Sé que no tiene competencias pero del mismo modo que es valiente para hacer frente a Sánchez en otros ámbitos en los que tampoco tiene competencias, le pido que haga lo mismo, por favor, con la seguridad y la prosperidad del conjunto de los madrileños”, lanzaba a la presidenta madrileña.
Pero el momento más tenso del debate se produjo cuando Monasterio aludió directamente al diputado de Unidas Podemos de origen senegalés, Serigne Mbayé. “Además de entrar de forma ilegal a España, durante años se lucró de la venta ilegal a las puertas de los comercios”, atacó Monasterio. Mbayé pedía después que retirase las palabras –“el racismo no cabe en esta Cámara”–, una solicitud a lo que se unió también la presidenta de la Asamblea de Madrid, María Eugenia Carballedo, del PP. El apoyo de la izquierda a Mbaye fue unánime.
No así por parte de Ayuso, que cuando tomó la palabra lo hizo para atacar a la oposición por sus críticas a Vox. “Quienes son realmente radicales son los partidos de la izquierda”, comenzaba la presidenta en funciones y candidata a la reelección su defensa cerrada de los que son desde este viernes sus socios de gobierno. “No hay nada más que ver el trato que le han dado, señora Monasterio, me ha abochornado que traten a su partido de esa manera”, continuó.
“Va a tener el aliento de mi boca mustia un poquito más cerca”
Por el lado de la izquierda, tanto Más Madrid como PSOE y Unidas Podemos dejaron claro en que harán una oposición firme pese a los 58 diputados frente a los 78 de las derechas. La portavoz socialista, Hana Jalloul, recordaba al PP que Isabel Díaz Ayuso se ha convertido de nuevo en presidenta con “el acuerdo del que huyen avergonzadas todas las derechas de Europa, esos serán sus compañeros de viaje” y advertía de que la legislatura no será de “rodillo y seda”. “Votar contra su investidura es un acto de responsabilidad cívica, mucho más que un posicionamiento político o una decisión de partido”, insistía Jalloul.
La líder de Más Madrid advertía a Ayuso que la estará vigilando de cerca tras asegurar que cuando el PP aumenta en número de diputados, multiplica su corrupción. “Me imagino que se habrá fijado, pero a partir de hoy me siento delante de usted; lamento decirle que a partir de ahora va a tener el aliento de mi boca mustia, como usted la definió, un poquito más cerca”, espetó Mónica García. La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, lamentó que Ayuso no busque soluciones sino solo “propaganda”. “Madrid no necesita cánticos sobre la libertad, sino un poco de justicia fiscal para que no haya que despedir profesores y recortar en hospitales”.
Con estos mimbres, arranca una legislatura corta, la segunda para Ayuso, a quien desde el primer día le ha puesto deberes la extrema derecha. Vox tendrá más fuerza que en 2019 con la desaparición de Ciudadanos pese a que el PP solo necesita el voto de otros cuatro diputados. La jornada de investidura se convertía en la antesala de un mandato en el que la presidenta regional promete seguir explotando la confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez con las elecciones autonómicas de 2023 como telón de fondo.