“Me gustaría no necesitarlo. Me gustaría volar libre”, repitió Isabel Díaz Ayuso durante la campaña electoral. Se refería a no necesitar el apoyo de Vox y a obtener una mayoría absoluta, que las urnas finalmente le concedieron el pasado 28 de mayo. La recién reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid ya sin ataduras, a diferencia de lo que había ocurrido en las dos anteriores legislaturas en las que tuvo primero que formar un gobierno en coalición con Ciudadanos y después contar con el apoyo externo de Vox, ya puede hacer y deshacer desde el Gobierno regional y desarrollar su agenda ideológica, que pasa por un lado, por nuevas rebajas de impuestos e incentivos a los más ricos, y por otro, por modificar la ley trans autonómica, esta última medida muy aplaudida por la extrema derecha.
Con la renovación de los consejeros y tras la celebración del primer Consejo de Gobierno de la XIII legislatura, Ayuso compareció en rueda de prensa desde la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, para informar de cuáles van a ser las primeras medidas que su nuevo gabinete pondrá en marcha en el primer periodo de sesiones en el Parlamento autonómico que comprende desde septiembre a diciembre. La primera iniciativa que Ayuso quiere aprobar cuanto antes en la Asamblea de Madrid es en realidad una vieja, pero que en el último momento decayó por el voto en contra de Vox: el incentivo fiscal “a la inversión extranjera”, que consiste en subvencionar con una deducción del 20% en el IRPF del tramo autonómico cualquier inversión que realice un extranjero en Madrid, ya sea una inversión financiera o la compra de una vivienda.
“Lo primero que quiero hacer es llevar la Ley de Deducciones fiscales mientras preparamos los Presupuestos para el año que viene”, detalló la propia presidenta regional ante los consejeros, todos ellos nuevos porque ha reformando al completo el nuevo gabinete prescindiendo de su anterior equipo, incluido el ya ex consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, que impulsó la agenda más liberal de los gobiernos de Ayuso y que ahora permanecerá en la Asamblea de Madrid como diputado hasta encontrar un destino apetecible en el sector privado.
El último servicio de Lasquetty, esta reforma fiscal a la inversión extranjera, será aprobada previsiblemente en otoño y consiste en que si una persona procedente de otro país –ya sea nacional o extranjera– se compra una vivienda de 300.000 euros en la región, la administración autonómica le devolverá hasta 60.000 euros a lo largo de seis años. Si el inmueble asciende a medio millón, la bonificación podría alcanzar los 100.000 euros. Y así sucesivamente. Lo mismo pasará con cualquier tipo de inversión financiera. Esta medida la ha incluido ahora el PP en su programa electoral para el 23J con un espíritu similar al planteado por Ayuso: deducciones fiscales para inversiones extranjeras.
Esta promesa puede acabar agravando el encarecimiento del precio de la vivienda en Madrid, y en todo el territorio si se acaba aplicando en todo el país como pretende ahora el PP, según alertan los expertos. La iniciativa puede suponer una desigualdad frente a los residentes en Madrid y del resto del Estado, ya que estos no podrán acceder a estas ayudas con dinero público para la compra de vivienda. El PP siempre se ha opuesto a cualquier intervención pública a la vivienda para frenar la subida de precios y facilitar el acceso a los madrileños defendiendo que el mercado debe autorregularse solo. Sin embargo, esta medida va en la línea contraria puesto que subvenciona con dinero público la compra de la vivienda para unos pocos.
Nueva rebaja del IRPF
Además, la presidenta madrileña también anunció que para el próximo ejercicio, aprobará la deflactación del impuesto del IRPF, al igual que ha ocurrido este año, teniendo en cuenta el dato de inflación con el que cuente España durante 2023. Finalmente, otra de sus promesas electorales es rebajar de nuevo otro medio punto en todos los tramos del Impuesto de las Personas Físicas hasta situarlo en el 8%, la cifra más baja de todo el territorio español. Ayuso, sin embargo, no ponía fecha a cuándo estará aprobada la media por la que la región dejaría de ingresar más de 300 millones a las arcas públicas. En la rebaja similar hasta el 8,5% aprobada hace dos años, las rentas más altas han sido las más beneficiadas de esta bajada de los tributos.
Tras la salida de Lasquetty, Ayuso cuenta ahora con Rocío Albert como titular de la Consejería de Economía y Hacienda, quien será la encargada de llevar a cabo esta agenda neoliberal con la que Madrid no deja de bajar impuestos y así también contribuir a una menor recaudación y un aumento de la deuda pública. Albert tiene la misión por delante de elaborar los próximos presupuestos regionales de 2024, en esta ocasión sin contrapesos gracias a la mayoría absoluta de la que disfruta el PP en la Comunidad de Madrid.
Ayuso quiere tener redactado en septiembre el primer borrador de los presupuestos y empezar el periodo legislativo con los grupos para que su aprobación se produzca en diciembre. “Debido a que estamos en julio prácticamente y que los Presupuestos empiezan a negociarse entre agosto y septiembre en un escenario normal pues vamos a seguir con los plazos establecidos normales para que estén aprobados en el mes de diciembre”, dijo la presidenta.
Reforma de la ley Trans
Los presupuestos para 2024 o las deducciones fiscales para inversión extranjera no son las únicas medidas que Ayuso ha puesto en su agenda prioritaria. Hay otra de mayor calado ideológico: la reforma de la ley trans autonómica. La presidenta regional informaba el lunes que esta reforma legislativa “ya está redactada” y se aprobará antes de diciembre. En medio del debate público sobre los derechos del colectivo LGTBI después de que Vox los haya cuestionado en todos aquellos parlamentos y ayuntamientos donde ha llegado el poder, Ayuso se suma a esta agenda ideológica con su mayoría absoluta –sin necesidad de la extrema derecha–.
Una de las cuestiones esenciales es la de recuperar los informes psicológicos y médicos para que los menores, pero no solo, se puedan someter al periodo de hormonación o a las operaciones de cambio de sexo, según adelantó El Mundo. Este punto anulado por la norma estatal aprobada recientemente, se recuperará en la nueva modificación legislativa que prepara el Ejecutivo de Madrid.
“Nadie va a quedar desamparado en sus legítimos derechos, pero tampoco se va a hacer ingeniería social a costa de nadie”, dijo la dirigente madrileña durante el debate de investidura sobre los derechos de las personas trans. “Felicito a mi grupo, porque está claro que hemos ejercido y seguiremos ejerciendo una poderosa influencia”, se vanaglorió la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, al conocer que Ayuso impulsará esta medida como una de sus primeras iniciativas. “No necesitamos los escaños porque usted es parte de la agenda ideológica de Vox”, insistió la líder de la extrema derecha.