La Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid está ultimando un convenio con Glovo para la entrega de comida a domicilio a personas vulnerables que no puedan recoger esos alimentos por razones de salud o movilidad reducida. El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso está cerrando este acuerdo de colaboración con la multinacional justo cuando la Inspección de Trabajo ha sancionado a Glovo con una multa millonaria que roza los 57 millones de euros por el fraude en la contratación de más 7.800 repartidores en Madrid. Una sanción que se suma a otras previas a la compañía.
La consejera del ramo, Concepción Dancausa, ha informado del acuerdo después de que el diputado de Más Madrid Emilio Delgado preguntase sobre este convenio en la sesión de control al Gobierno durante el Pleno regional en la Asamblea de Madrid. “La Consejería está ultimando un acuerdo con Glovo España para facilitar la entrega de comida a domicilio de aquellas personas que no puedan acudir o bien por razones de salud o bien por razones de movilidad reducida a recoger esa comida”, ha explicado Dancausa que ha señalado que no hay contraprestación económica porque no hay un contrato firmado.
El acuerdo incumpliría la ley general de subvenciones en su artículo 19, que establece que los beneficiarios o las entidades colaboradoras con la administración deben estar “al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social”. Algo que incumple Glovo con varias multas al respecto.
“Nos hubiera encantado que el ofrecimiento que nos ha hecho Glovo nos lo hubiera hecho Correos, que es una empresa pública donde Sánchez colocó a su exjefe de gabinete como presidente. Pero la lista de prioridades de Correos la encabezan proyectos como el de emitir sello conmemorativo del PSOE o promocionar a la mujer del presidente Sánchez”, ha lanzado Dancausa a las críticas vertidas sobre el acuerdo por parte del diputado de Más Madrid.
El diputado regional ha recordado las sanciones millonarias a la compañía por incumplir la normativa laboral con falsos autónomos. “La Comunidad de Madrid considera que para gestionar los comedores sociales y llevar la comida a las personas sin recursos la empresa idónea es Glovo, que ha levantado su fortuna literalmente aplastando los derechos de sus trabajadores, y que es un ejemplo del capitalismo más descarnado, el buque insignia de la precariedad laboral en España”, ha lamentado Delgado.
“Estos repartidores son trabajadores precarios que podrían acabar perfectamente acudiendo a los comedores sociales a los que van a ir trabajar. Esa es la distopía liberal de Ayuso”, ha proseguido el diputado de Más Madrid Emilio Delgado.
La Inspección de Trabajo sancionó el 24 de enero con 57 millones de euros por el fraude en la contratación de más 7.800 repartidores en Madrid. En concreto, la Inspección ha sancionado la situación de falsos autónomos de más de 7.000 repartidores de Glovo en Madrid, previos a la actual Ley Rider, con una propuesta de multa de 32,9 millones de euros por la infracción laboral. Sobre estos trabajadores, el organismo público reclama a la multinacional las cotizaciones no pagadas a la Seguridad Social que Glovo debería haber abonado a las arcas públicas por sus riders si los tuviera contratados. En total, el acta de liquidación suma 19 millones de euros por estas cotizaciones.
En total, la compañía acumula multas por “205,3 millones” de euros por todo el país y Trabajo estudia perseguir a la compañía con el nuevo Código Penal con penas de hasta seis años de cárcel por el abuso reiterado de falsos autónomos.