“Los servicios de urgencias de la Comunidad de Madrid son los mejores de España”. Isabel Díaz Ayuso ha presumido este jueves en la Asamblea de la atención a los ciudadanos en la sanidad pública madrileña, solo tres días después de anunciar la reorganización de las urgencias extrahospitalarias. Una reorganización que, de facto, es un recorte que ha supuesto el cierre definitivo de una veintena de los 37 Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) que cerró por la pandemia en marzo de 2020. De los 17 que han sobrevivido al tajo, solo diez reabrirán con personal médicos después del verano.
La presidenta ha justificado el cierre de estos servicios al afirmar que “solo el 0,44% de la atención en los SUAP era para una emergencia, por tanto, había que reorganizar efectivos de la siguiente manera: por criterio geográfico, es decir, donde no haya un hospital a menos de 15 minutos”. Según la nota difundida por la consejería el pasado lunes, la reapertura o el cierre definitivo de estos servicios responde a criterios de actividad, geográficos, de población y ausencia de hospital cercano.
Que la gente va a urgencias por cuestiones que no son urgentes es un discurso que la Comunidad lleva meses difundiendo. Pero el dato que ha dado este jueves Ayuso en al Cámara regional, contradice el de otros informes oficiales. También los de su propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
El Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud, de la Consejería de Sanidad, emitió un informe en el que cuantifica las atenciones de los 37 servicios de urgencias de Atención Primaria abiertos en 2019. En él, se desprende que del promedio de pacientes atendidos en estos recursos aquel año, el 7,3% requirieron ser derivados al hospital. Según estos datos, serían más de 55.000 personas derivadas a los hospitales.
A esas habría que sumar el resto de atenciones en los propios SUAP, que en 2019 ascendían a casi 755.000, pero con una simple cuenta se aprecia que el 0,4% de esa cantidad ya es una cifra inferior a la de las personas que los médicos de las urgencias de Atención Primaria derivaron a los hospitales.
Además, el dato facilitado por Ayuso este jueves en la sesión de control al Gobierno en la Cámara regional también contradice al de su propio consejero de Sanidad. Enrique Ruiz Escudero aseguró en mayo que el 77% era actividad demorable. Es decir, el 23%, y no el 0,4%, serían urgentes según sus cuentas. Ya entonces, el consejero afirmó que esos centros, que llevan más de dos años cerrados, solo atendían el 1% de toda la actividad urgente que se generaba en la sanidad madrileña.
“De ese 1%, el 77% es actividad demorable y, de todo ese 1%, un 0,04% es patología urgente”, desarrolló. Pero, con los informes de la consejería en la mano, esos porcentajes tampoco coinciden. Según los datos de la propia consejería, en 2019 se atendieron en ellos unas 753.000 consultas, de las que solo el 7,3% requirieron derivación hospitalaria. Ese mismo año, los centros hospitalarios atendieron 3,5 millones de urgencias totales. Es decir, los Servicios de Urgencias de Atención Primaria atendieron a en torno el 15% de los pacientes que acudieron por urgencias a una consulta médica o de enfermería.
Según el Plan Director de Urgencias y Emergencias Sanitarias 2016-2019 de la Comunidad ya señalaban que “la mayor parte de las urgencias atendidas se concentran en los Servicios de Urgencias Hospitalarios, un 67%; mientras que los servicios de urgencias prehospitalarias, Summa112 móviles concentra un 10% de actividad de urgencias y los SUAP, en los Servicios de Atención Rural (SAR) y el Centro de Urgencias Extrahospitalario (CUE), atienden el 23% de las urgencias restantes”.
Los sindicatos CCOO, UGT y CSIT-Unión Profesional han anunciado este jueves que emprenderán acciones legales contra la Consejería de Sanidad por el cierre de estos SUAP. Para estas organizaciones, la reorganización que defiende la Comunidad “supone la disminución de dispositivos de urgencias y recortes asistenciales dramáticos para algunas zonas rurales”. “Nuestra posición es de rotunda negativa a todo el contenido de la resolución y lo que de ella se derive”, han defendido.