La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no está cosechando buenos resultados en su ofensiva judicial contra el Gobierno en asuntos de calado ideológico para el Partido Popular. El Tribunal Constitucional ha rechazado sus recursos contra el impuesto a las grandes fortunas y las medidas de ahorro energético después de haber tumbado la normativa regional que afectaba al derecho a la eutanasia y también de que el Supremo rechazara sus denuncias de “carga ideológica” contra el currículo de bachillerato. Todas ellas son solo algunas de las grandes batallas ideológicas actuales del partido y su líder en Madrid que se han encontrado con el rechazo de los tribunales mientras arrecian las críticas de la derecha contra el Constitucional con varios recursos todavía pendientes de sentencia.
El último golpe llegaba esta misma semana cuando el pleno del Constitucional decidió rechazar las alegaciones de la Comunidad de Madrid contra el plan de choque que el Gobierno central puso en marcha en 2022 para hacer frente a la crisis de suministro derivada de la guerra de Ucrania. Medidas como limitar el uso del aire acondicionado en algunos edificios o imponer horarios para los escaparates de comercios que recibieron la oposición de la derecha: “No se aplicará. Madrid no se apaga”, dijo Ayuso en Twitter.
Otra de las grandes batallas planteadas desde la Puerta del Sol fue la oposición al impuesto de solidaridad. Se trata de un gravamen a las grandes fortunas que, según los datos oficiales, solo en 2023 recaudó más de 600 millones de euros a nivel estatal, la gran mayoría (550 millones, el 90%) en la región madrileña. “El fondo se gana seguro, ese impuesto está mal por todos los sitios”, llegó a decir el ejecutivo regional madrileño, calificando el impuesto de una “imposición ideológica y fiscal” del Gobierno central.
La respuesta del Constitucional al recurso en defensa de las grandes fortunas madrileñas fue señalar que la medida no invadía competencias autonómicas y que se trataba de un impuesto “proporcionado”. No interfería, como denunciaba el ejecutivo madrileño, con el Impuesto de Patrimonio: “El mínimo exento, la tarifa, las deducciones y las bonificaciones del IP aplicables en la Comunidad de Madrid seguirán siendo, única y exclusivamente, los que esta decida, sin que el impuesto sobre grandes fortunas suponga cambio alguno”.
El adoctrinamiento en la aulas
Un campo de batalla constante del PP, en la actualidad y en legislaturas anteriores con líderes diferentes, es el supuesto adoctrinamiento que los gobiernos de izquierdas imponen a los más pequeños en las aulas. “Conlleva una gran carga ideológica, tiene afán de ingeniería social”, afirmó Isabel Díaz Ayuso cuando en junio de 2022 anunció que llevaría al Tribunal Supremo el currículo de bachillerato, arguyendo, entre otras razones, los sesgos ideológicos.
Pero las alegaciones fueron rechazadas por la sala tercera del Supremo. Los jueces llegaron a reprochar en su sentencia que la Comunidad de Madrid haya “silenciado” en sus alegaciones que esas supuestas deficiencias en asignaturas como Historia de España o Historia del Mundo Contemporáneo pueden ser completadas con la propia normativa regional. “Reorientarlas hacia planteamientos neutrales”, incluso dijo el Supremo al rechazar el recurso.
Otra sentencia del Constitucional selló la derrota de la Comunidad de Madrid en un asunto con mucha trayectoria política: la eutanasia. Después de que el pleno rechazara los recursos de PP y Vox contra la normativa que reconoce este derecho, los jueces estiman un recurso del Gobierno central contra una normativa madrileña que afectaba parcialmente a la eutanasia de personas con discapacidad. En este caso, la que pisó competencias estatales fue Isabel Díaz Ayuso al poner en marcha una ley que “invade la competencia en materia procesal que corresponde al Estado al regular cuestiones que le están vedadas”, dijo el Constitucional.
Recursos pendientes: ley de vivienda
Los tres primeros recursos de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso ante el Constitucional han quedado rechazados, pero el ejecutivo regional tiene todavía varios recursos pendientes de sentencia. El más relevante fue admitido a trámite a mediados de septiembre: el que la Comunidad de Madrid y media docena de autonomías gobernadas por el PP presentaron contra la Ley de Vivienda. Madrid pero también Andalucía o Balears, entre otras, cuestionan algunos de los aspectos esenciales de la norma.
“Creemos que la vivienda es una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid y el Estado se está extralimitando”, dijo desde un plano más técnico el consejero regional de Transportes, Jorge Rodrigo, unos pocos días antes de las últimas elecciones generales. La presidenta, por su parte, denunció los “graves errores jurídicos” de una ley “aprobada con Bildu y ERC” que, según su criterio, “perjudica seriamente al mercado inmobiliario y muy especialmente a los madrileños”.
El último recurso de amparo de la lista fue anunciado por la Isabel Díaz Ayuso a mediados de enero: la licitación de un contrato a nivel nacional para crear un servicio de fidelización y formación de familias interesadas en el acogimiento de menores tutelados. Entiende el ejecutivo regional que, como en los casos anteriores, el Estado está pisando competencias autonómicas. Una “intromisión, e incluso una interferencia” en las competencias regionales sobre este asunto, según la Comunidad de Madrid.
El naufragio de los recursos de la administración regional en el Constitucional discurren en paralelo a un endurecimiento de las críticas del Partido Popular contra el tribunal de garantías. Su dirigente Esteban González Pons llegó a afirmar que el Constitucional era, en la actualidad, el “cáncer del Estado de derecho”, unas declaraciones de las que se retractó en cuanto a la alusión a la enfermedad.
La nueva etapa con mayoría progresista bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido se ha traducido en un recrudecimiento de las críticas del partido de Alberto Núñez-Feijóo contra el tribunal, a veces incluso buscando su deslegitimación, estrategia compartida con Vox. Para Isabel Díaz Ayuso, el Constitucional es en la actualidad un organismo “colonizado” por Pedro Sánchez que actúa como un “tercer parlamento” y que, por ahora, ha rechazado todos sus recursos.