El Gobierno de la Comunidad de Madrid no dispone de ningún informe de impacto socioeconómico, laboral o medioambiental que respalde la llegada del Gran Premio de la Fórmula 1 a Madrid. Así lo reconoce el propio Ejecutivo regional en una respuesta parlamentaria, a pesar de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso haya vendido las bondades del circuito y anunciase que el impacto económico de la llegada del Gran Premio ascenderá a 450 millones y creará en torno a 10.000 puestos de trabajo.
La realidad, según se recoge en una respuesta del Consejo de Transparencia a una solicitud de información realizada por Más Madrid, es que el Ejecutivo madrileño no ha elaborado ningún estudio que avale esas cifras facilitadas por Ayuso para promocionar el premio que aterrizará a Madrid en 2026.
“Trasladar al solicitante que, tras consultar a las Consejerías de la Comunidad de Madrid competentes en la materia, no se ha elaborado por parte de las mismas ningún informe en relación con los diversos impactos por los que solicita información”, respondió este martes 6 de febrero el Consejo de Transparencia a una solicitud de información realizada por el diputado de Más Madrid Pablo Padilla el 10 de enero. Padilla pedía conocer el contenido de diferentes estudios que justificasen la llegada del Gran Premio a la región. En concreto, el diputado había solicitado el informe de impacto socioeconómico, el informe de impacto laboral, el informe de impacto en materia de transportes y el informe sobre el impacto medioambiental.
elDiario.es había solicitado los informes de impacto económico y laboral al Gobierno regional sin éxito. Ahora se conoce que no existen. “Ayuso está convirtiendo Madrid en un decorado para turistas que pagamos los madrileñis con nuestra sanidad, nuestra educación y nuestro medio ambiente”, lamenta Padilla quien investiga desde Más Madrid las consecuencias de la llegada del circuito a la región después del despilfarro que ha supuesto en otras regiones como la valenciana.
Desde el Gobierno de Ayuso aseguran que no se han realizado estos estudios porque la llegada del circuito no es de su “competencia” a pesar de que fue la propia Ayuso quien lo presentó y lo promociona en entrevistas y empapelando el Metro de Madrid con publicidad. “Se contestó eso [a la petición de información de Más Madrid] porque es competencia de IFEMA y son ellos los que tienen que responder”, se escudan ahora desde la Consejería de Presidencia de quien depende el Consejo de Transparencia, a pesar de que esa explicación no se ofreció en la respuesta parlamentaria.
De hecho, en otras preguntas en las que Más Madrid ha pedido información sobre los pliegos de Ifema en relación a las licitaciones de la Fórmula 1, el Gobierno regional ha aludido a la competencia del ente semipúblico y le ha remitido la solicitud. No así en este caso donde el Ejecutivo de Ayuso asegura abiertamente no disponer de informes sobre el impacto medioambiental, económico y laboral de la llegada del Gran Premio.
El único estudio al que se ha hecho alusión hasta el momento, pero que tampoco se ha hecho público, es el mencionado por Ifema, elaborado por la consultora Deloitte, que estima que “más de 85.000” turistas llegarán a la Comunidad de Madrid con motivo de la celebración de un Gran Premio de F1. Según la consultora, su celebración significará para la región unos ingresos anuales “superiores a los 450 millones de euros”, con un impacto en creación de puestos de trabajo de “más de 8.200 empleos”. Isabel Díaz Ayuso elevó incluso esta última cifra a 10.000 puestos de trabajo directos, en una entrevista a El Mundo, sin que su gobierno haya elaborado ningún informe al respecto.
Ifema no ha compartido con los medios de comunicación dicho análisis pese a las peticiones de este diario de conocer a fondo su contenido. Tampoco se ha informado a la oposición si el estudio ha sido pagado con dinero público. El informe de Deloitte, además, solo se refiere al impacto económico que podría tener la llegada del gran premio. No hay estudios sobre el impacto medioambiental o en el transporte que podría suponer, según se desprende de la respuesta facilitada por el Consejo de Transparencia a Más Madrid.
Este último punto no es menor. La primera puesta de largo del proyecto ya trajo polémica medioambiental cuando un monoplaza de la escudería Red Bull circuló por el centro de la ciudad, en un enclave declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco e inmiscuido en otras controversias por la puesta en peligro de este reconocimiento ante las talas de comunidad y ayuntamiento. Los vecinos de las viviendas más cercanas a Ifema o Valdebebas esperan por su parte que no se repitan las molestias generadas durante otros eventos como el festival Mad Cool.
La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, pone las alarmas en esta falta de estudios por parte del Gobierno regional. “Lo que mal empieza mal acaba y la Fórmula 1 en Madrid ha empezado de la peor forma posible”, defiende Bergerot, que cuestiona que se anunciase que el circuito traerá miles de empleos e ingresos a Madrid pese a que “no existe un solo informe que avale esas cifras”. “Si Ayuso fue capaz de convertir al Zendal en un plató en plena pandemia, de qué no será capaz con la F1 en Madrid. Sus pelotazos nos cuestan médicos y profesores y su ambición por autopromocionarse con la F1 va camino de ser un agujero millonario que pagaremos todos”, asegura la líder de la oposición en Madrid.
¿Ningún coste para las arcas públicas?
El acuerdo anunciado hace unas semanas por Ayuso, el presidente y CEO de F1, Stefano Domenicali y el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente De los Mozos, fija 2026 como año de inicio del contrato y el 2035 como el último, con posibilidad de renovación. El recorrido consta de un total de 5,47 kilómetros. Atravesará distintos viales del recinto ferial de Ifema, incluyendo algunas zonas colindantes con Valdebebas e incluso 1,5 kilómetros pertenecientes al distrito de Hortaleza, actualmente integrados en la vía pública.
Aunque Ayuso aseguró el día de la presentación de la llegada del circuito que no costaría un euro a las arcas públicas, lo cierto es que Ifema –cuyo accionariado incluye a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital– ya cuenta con un coste de 100 millones de euros para ponerlo en marcha. A eso hay que añadir el pago del canon que se calcula que ascenderá, tirando a la baja, a 500 millones de euros, teniendo en cuenta lo que pagó el Gobierno de la Generalitat Valenciana.
Las cinco carreras que se disputaron en la capital valenciana acabaron costando más de 230 millones de euros a la Generalitat, que ha acabado de pagar las últimas facturas en 2023, más de una década después de que se celebrara el último Gran Premio. Teniendo en cuenta que Madrid ha firmado por diez años, el coste se doblaría. A eso habría que añadir la inflación de diez años.
De hecho, la revista Forbes con cifras de 2017 ya estimó en 1.000 millones de dólares (unos 932 millones de euros) el coste de organizar este evento durante diez años en Madrid. A esa cantidad habría que añadir de nuevo la inflación.