Ayuso rescata la frustrada Ciudad de la Justicia: convertirá el único edificio levantado en un Instituto médico Legal 11 años después y por la vía de urgencia

El Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso sigue apostando por el ladrillo y la construcción para combatir la crisis sanitaria y económica en la región por la Covid-19. El Consejo de Gobierno regional aprobará este miércoles una partida presupuestaria de 4,3 millones de euros para comenzar a rescatar el proyecto de la Ciudad de la Justicia que impulsaron los anteriores gobiernos del Partido Popular. El primer paso, y a lo que se destinarán esos millones, será acabar de construir el único edificio del macroproyecto que se puso en marcha durante los mandatos de Esperanza Aguirre y que quedó congelado en el tiempo en 2009: no se terminó y nunca se utilizó. El Ejecutivo de Ayuso quiere poner fin a ese desuso tras más de 11 años el próximo otoño.

El edificio de 13.500 metros cuadrados distribuidos en ocho plantas se convertirá en el Instituto Anatómico forense de Madrid. La idea del consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, es rescatar en el futuro el proyecto de la denominada Ciudad de de la Justicia y reagrupar en Valdebebas las sedes judiciales de la región. El primer paso pasa por recuperar el primer edificio que se comenzó a construir, que tiene forma de donut, y que se destinaría a un uso forense.

Las obras por 4,3 millones han sido adjudicadas a Dragados a través de un contrato de urgencia sin que haya salido a concurso público. Desde la Consejería de Justicia lo justifican asegurando que las instalaciones tienen que estar listas en otoño para combatir una posible segunda ola por la Covid-19. Este proyecto sería uno más del plan del Gobierno regional para hacer frente a la pandemia después de que se esté construyendo ya un hospital de emergencia con vocación de permanecer vacío –solo se utilizaría en caso de ser necesario– por más de 50 millones de euros. En este caso, la adjudicación a Dragados se produce después de que se ofreciera el proyecto a otras nueve constructoras –“las más importantes de la región”, aseguran–. La empresa que se ha llevado las obras es la que hizo la oferta más baja.

Según defiende el consejero Enrique López, la crisis sanitaria de la Covid-19 ha puesto de manifiesto “la necesidad de que Madrid tenga un Instituto de Medicina Legal a pleno rendimiento”. “A corto plazo, y una vez finalizada las obras, procederemos a trasladar a estas instalaciones a los profesionales que han dado servicio estos años en el Instituto Anatómico Forense”. “Serán ellos, los que combatan la Covid-19 con sus estudios, en sinergia con el futuro hospital que se va a levantar en Valdebebas, en la parcela contigua al instituto médico legal”, asegura el consejero.

López también ha hecho hincapié en que este es el primer paso para “dar vida por fin al primer hito del proyecto de unificación y concentración de sedes del partido judicial de Madrid”. El proyecto del Campus de la Justicia se inició en 2004 bajo la presidencia regional de Esperanza Aguirre, aunque las primeras ideas habían surgido ocho años antes, cuando Alberto Ruiz Gallardón planteó unificar las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Más de una década después de que se comenzase a construirse, el legado de esas aspiraciones megalómanas son un único edifico sin uso y un agujero de 100 millones de euros que investiga la Fiscalía Anticorrupción. En el proyecto inicial se proyectaron hasta 12 edificios como parte de la llamada Ciudad de la Justicia. Lo planeado quedó en el aire coincidiendo con la crisis económica de 2008 tras una inversión de 130 millones.

El relanzamiento del proyecto se produce después de que el pasado 3 de marzo una sentencia del Tribunal Supremo avalase el desestimiento del Gobierno regional sobre el proyecto anterior de Ciudad de la Justicia. De esta forma, se ha dado vía libre al Ejecutivo regional para “repensar, rediseñar y poner en marcha nuestro proyecto de concentración de sedes”, explica el consejero de Justicia.

Las instalaciones del Instituto Médico Forense

El edificio, de planta circular, tiene un radio de 27 metros, y 13.500 metros cuadrados repartidos en ocho plantas –distribuidas en dos sótanos y cinco alturas-. La infraestructura dispone de cámaras de conservación para 125 cuerpos, además de dos cámaras frigoríficas colectivas con capacidad para albergar 100 cuerpos más. El instituto médico forense estará equipado con 19 mesas de autopsias, con la posibilidad de habilitar otras 34 mesas adicionales, han indicado fuentes de la Consejería de Justicia.

El edificio dispondrá también –explican estas mismas fuentes– “de todos los servicios necesarios para el adecuado funcionamiento, incluyendo servicios generales, patología, antropología y odontología forense, laboratorios, toxicología y bioquímica forense, hemogenética forense, aulas magnas de formación e histopatología, entre otros”.

Otros gastos

Además de los 4,3 millones que costará la finalización del edificio por parte de Dragados, el Consejo de Gobierno aprobará también este miércoles una partida de 99.500 euros para un contrato de servicios para la dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de la obra. Este contrato ha sido adjudicado al arquitecto Andrés Lorente Martínez.

Por último, el Consejo de Gobierno acordará un tercer contrato de suministro de material de protección de carácter especializado para uso del personal que integrará el Instituto de Medicina Legal una vez que concluya la obra. La cuantía del contrato asciende a 250.000 euros, y tiene como objetivo “garantizar la protección de los servicios de patología forense, laboratorios de toxicología forense, clínica médico-forense y servicios de guardia”. “El trabajo de estos profesionales es esencial en la lucha contra la pandemia, ya que su cometido consistirá en la realización, entre otras, de autopsias clínicas con riesgo biológico de contagio”, explican desde la Consejería.

Estos importes se suman a los 40.000 euros que el Ejecutivo regional ya invirtió el pasado mes de marzo en las instalaciones cuando las transformó en una de las tres morgues que se pusieron en marcha para hacer frente al elevado número de fallecidos en Madrid. Para poder ponerlo en marcha se llevaron a cabo trabajos de acondicionamiento de tal modo que se garantizase el suministro eléctrico en las instalaciones, debido a que el edificio llevaba 11 años cerrado.