Un magistrado no puede ejercer la carrera judicial si milita en un partido político. Por eso a Enrique López no le ha quedado más remedio que pedir la baja del PP para allanar el regreso a la judicatura. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid escenificaba este miércoles su divorcio con Isabel Díaz Ayuso borrándose del partido, el paso previo a dejar la política activa. Con el movimiento de López, se despejaba una de las principales incógnitas de las elecciones del 28 de mayo: si la presidenta madrileña contaría con él para sus listas y el futuro gabinete, en caso de revalidar la presidencia autonómica como vaticinan las encuestas. El desenlace era en realidad un secreto a voces.
Las relaciones entre Enrique López y Ayuso no atraviesan su mejor momento. Su afinidad con el anterior líder de los populares, Pablo Casado, rompió toda complicidad con la presidenta madrileña cuando estalló el caso de las comisiones por más de 280.000 euros que cobró su hermano, Tomás Díaz Ayuso, por el contrato a dedo adjudicado por el Gobierno regional durante la pandemia. El aún consejero de Justicia e Interior de Madrid tampoco ha logrado estrechar lazos con la actual dirección de Alberto Núñez Feijóo, pese a ponerse a su servicio cuando Casado cayó en desgracia. Feijóo decidió no obstante prescindir de él para la secretaría de Justicia del partido.
La traumática salida de Casado del PP se produjo en medio de una guerra abierta con Ayuso con acusaciones de corrupción por la comisión que cobró su hermano. La cruda batalla terminó con la caída del excompañero y amigo de Ayuso, la persona que la eligió a dedo para encabezar una de las plazas más importantes para los populares tras la dimisión de Cristina Cifuentes por su máster fraudulento: la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Todo aquello ha dejado bandos y cicatrices que no acaban de cerrarse.
Fuentes del Gobierno regional aseguran a elDiario.es que Ayuso conocía desde hace semanas la decisión de López de dejar la militancia del PP. La intención del magistrado era abandonar también el Ejecutivo regional tras comprobar que había perdido la confianza de la presidenta madrileña. Pero Ayuso le pidió que no abriera una crisis en el gobierno a escasos meses de las elecciones. Y López decidió concederle el deseo. Ante las especulaciones de su inminente salida del Gobierno regional, el exmagistrado del Tribunal Constitucional salió rápidamente a dejar claro que seguiría con sus labores al frente del Gobierno regional mientras cuente, dijo, con la “confianza” de Ayuso.
Las explicaciones en público y en privado al día siguiente por parte del equipo y el entorno de la presidenta despejaban las pocas dudas que quedaban sobre la continuidad de López tras los comicios. En el aniversario del 4M, Ayuso ya avisó de que pensaba cobrarse lo que para ella había sido una deslealtad por poner en cuestión la “honorabilidad” de su Gobierno, y en definitiva, la de ella misma. “No voy a olvidar que se haya intentado trasladar algo distinto”, advirtió.
López es solo uno más de la larga lista de nombres que caerán de la candidatura del PP de Madrid para las elecciones del 28M, dirigentes todos que pagarán con sus escaños o consejerías las complicidades con el anterior líder del partido cuando se desató la guerra entre Génova 13 y la Puerta del Sol. En el Gobierno regional más consejeros están en el punto de mira por haberse posicionado junto a la máxima autoridad del partido entonces. Es el caso del titular de Transportes, David Pérez, o del consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo. Del grupo parlamentario el nombre de Ana Camins tiene todas las papeletas para no repetir.
Auge y caída en el Gobierno de Ayuso
“He solicitado mi baja como militante en el PP, lo cual no supone en absoluto renunciar a la defensa de los principios y valores que representa la ideología de este partido”, dijo López en unas escuetas declaraciones difundidas a los medios de comunicación al conocerse que entregaba el carné.
El consejero, apartado en su etapa como juez de los casos Bárcenas y Gürtel por su afinidad con el PP, fue uno de los fichajes estrella de la presidenta madrileña para la configuración de su Gobierno, el primero de coalición de la Comunidad de Madrid, en agosto de 2019. Desde el equipo de Ayuso aseguraron entonces que se trataba de “uno de los grandes expertos en el tratamiento jurídico del terrorismo” y también contra la delincuencia económica, que había perseguido –dijeron– en su etapa como magistrado de la Audiencia Nacional, a la que previsiblemente regresrá cuando deje el Gobierno regional.
En su aterrizaje en la Puerta del Sol, sin embargo, tuvo mucho que ver Casado, quien solo unos meses después, en enero de 2020, le nombró secretario de Justicia del partido dentro de la dirección nacional. López llegaba al Gobierno de Madrid como uno de los hombres de Génova, al igual que el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. Y del mismo modo que Lasquetty, que se ha convertido en la mano derecha de la presidenta, López logró escalar posiciones en el seno del Ejecutivo regional. Aunque no ha logrado mantener la posición.
Durante la crisis sanitaria, Ayuso delegó en López algunos de los temas más espinosos, aunque el magistrado de carrera logró no salir salpicado. En el peor momento de la primera ola, y mientras el virus golpeaba las residencias de ancianos de toda la región –donde fallecieron en tres meses más de 8.000 ancianos–, la presidenta madrileña decidió retirarle las competencias de su gestión a la Consejería de Políticas Sociales que dirigía entonces Alberto Reyero, de Ciudadanos, y metió en la ecuación el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (Platercam) cuya gestión recaía en Enrique López.
Tampoco influyó en su ascenso dentro del Gobierno y en el PP que se conociera que había mediado en 2017 entre un amigo de Bárcenas y el abogado del PP cuando era juez de la Audiencia Nacional. Unos hechos que López reconoció. Tras las elecciones del 4 de mayo, el juez ascendió a número dos del Ejecutivo sumando la Consejería de Presidencia a la de Justicia e Interior. Pero todo cambió cuando se desataron las hostilidades entre Ayuso y Casado, una guerra en la que López no se posicionó claramente desde el principio. El hecho más sonoro fue la rueda de prensa en la que se anunció su participación para respaldar el contrato a dedo destapado por elDiario.es y por el que el hermano de Ayuso cobró la polémica comisión. Se anunció que López estaría en esa comparecencia, pero el consejero se acabó borrando en el último momento.
Desde entonces, Ayuso no había querido confirmarlo ni en público ni en privado como candidato a las listas de las próximas elecciones de mayo que ella misma encabezará, ahora ya con el control del partido en Madrid. El pasado junio, al poco de hacerse con la presidencia del PP regional, Ayuso lo relegó en el Gobierno regional y le puso por encima a Enrique Ossorio, al que nombró vicepresidente y asignó la coordinación del Gobierno, hasta entonces competencia de López.
La confianza de Ayuso, que mentaba el propio López este jueves, está rota. Las palabras del portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro García Abrines, pillaban a López por sorpresa. Abrines defendió que debe pasar un “periodo” entre el paso por la política y el regreso a la judicatura. Pero el magistrado dejaba entrever después que su intención pasa por volver a su plaza de la Audiencia Nacional desde donde ya había dictado sentencias polémicas como la de tres años y medio de cárcel para el rapero Valtonyc, hoy fugado en Bélgica, por enaltecimiento del terrorismo, e injurias y calumnias a la Corona.
El juez de la Audiencia Nacional se labró un perfil de juez afín a los populares mucho antes de que Ayuso lo fichara para la Comunidad de Madrid y Casado lo nombrase responsable de los temas de Justicia en el partido. Su aterrizaje en la Puerta del Sol fue polémico por cómo había sido su salida de uno de los puestos como juez a los que le había llevado su cercanía con el PP: el Tribunal Constitucional.
López tuvo que dimitir de ese cargo cuando en la madrugada del 1 de junio de 2014 el alcoholímetro que le pusieron delante dos agentes de policía cuando conducía su moto por el paseo de la Castellana arrojó una tasa de 1,20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, una cantidad que suponía un delito –al rebasar los 0,60 miligramos–. Ocho años y medio después de aquel incidente, que lo hizo famoso en toda España, de nuevo, López debe irse de un puesto nombrado por el PP por la puerta de atrás.