La escuela pública empezó la legislatura enfadada con el Gobierno de la Comunidad de Madrid porque no hay recursos para nada. Decenas de miles de familias se indignaron cuando sus hijos no consiguieron plaza en la Formación Profesional. La patronal de la escuela privada se molestó por la competencia desleal que le parecen los centros concertados, privados como ellos pero financiados por el Estado y por cuotas ilegales. Ahora, la escuela concertada pone el grito en el cielo porque el Ejecutivo regional va a financiar con fondos públicos a centros privados mediante lo que llaman becas. La patronal de las escuelas infantiles privadas se manifestó contra Ayuso en marzo por anunciar la apertura de unos miles de plazas públicas en la etapa. Lo poco que queda de servicio público en el 0-6 está en pie de guerra porque el Gobierno autonómico se ha cargado todo un modelo estatal de éxito.
Todo esto en tres años de Gobierno. Otra cosa está por ver, pero la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y su consejero de Educación, Enrique Ossorio, van a dejar su impronta en la educación madrileña.
De la calma a la tormenta
El actual equipo gubernamental desembarcó en la Puerta del Sol en 2019 tras obtener el peor resultado histórico del PP en unas elecciones autonómicas en Madrid. El programa electoral popular –que gobernaba con el apoyo de Ciudadanos– prometía “seguir ampliando la esfera de libertad de elección, para devolver a los padres la decisión sobre la educación de sus hijos, preservando a estos de toda injerencia política. (...) Garantizaremos la libertad de elección de centro (público, privado o concertado)”, se lee en el texto. Obviando el pequeño detalle de que la garantía de elección de centro público ha sido sustituida por la de “un centro sostenido por fondos públicos”, a incentivar lo privado se han dedicado con denuedo.
Los dos primeros años del Gobierno Ayuso fueron tranquilos. El Gobierno apenas hizo nada. Ni en Educación, al menos de calado, ni en ninguna otra área. Luego llegó la pandemia y lo urgente lo acaparó todo. Esos primeros meses de cierre de aulas y la vuelta tras el verano ya dieron alguna pista de por dónde iría la acción política madrileña en el sector. Madrid decidió alimentar a sus escolares más vulnerables a base de pizza y el consejero Ossorio se instaló en el “no” en todas las Conferencias Sectoriales en las que Ministerio y comunidades autónomas debatían sobre los pasos a dar ante el cierre escolar.
“No” a lo que llamaron el “aprobado general” que se pactó, no a pasar con asignaturas sin aprobar –aunque en Madrid se pasa de curso con asignaturas suspensas exactamente igual que en el resto de regiones–. La comunidad estuvo entre las que menos profesores de refuerzo contrató para desdoblar clases y en cuanto pudo, ya el curso siguiente, se deshizo de estos docentes extra y devolvió las aulas a la “normalidad” para “perplejidad” de los directores de instituto.
Y llegaron las 'becas' (primero con discreción)
Parecía que no estaba pasando nada, pero en realidad había mar de fondo. En el curso de la pandemia, pero antes de que empezara, el Gobierno regional aprobó la primera versión, puso en marcha, casi en modo de pruebas, el ínclito programa de becas que hoy copa titulares. Había sido anunciado por Ángel Garrido, ese presidente circunstancial entre Cifuentes y Ayuso. Pasó bastante desapercibido, pero la semilla estaba plantada: se habilitaba una partida económica para sufragar el Bachillerato privado a estudiantes. En un principio el programa, explicó la Consejería, era solo para centros concertados, para evitar que el alumnado que se graduaba en la ESO tuviera que cambiar de centro al acabarse el concierto y por tanto la gratuidad. La previsión era dedicar 4,5 millones de euros a este plan.
Esta decisión –aunque nunca fue real porque se colaron algunos institutos exclusivamente privados– provocó una serie de movimientos que, vistos con perspectiva, llaman la atención. La patronal de centros privados Cicae vio en estas ayudas otro agravio comparativo de la concertada: se destinaba dinero público para unos privados, pero no para otros. Se molestó la asociación, que ya venía denunciando anualmente el sistema de cuotas en la escuela privada sostenida con fondos públicos. Consideraba Cicae “discriminatorias para los alumnos y para los colegios privados independientes” las ayudas e incluso acusó a la Comunidad de “coartar la verdadera libertad de elección de centro de las familias”.
Acción-reacción, el siguiente curso la Comunidad abrió las becas a los institutos privados. Se duplicó el montante del programa y se permitió que accedieran a él centros sin concierto. Este año se ha acabado de cerrar el círculo: el programa ha acabado de mutar y está destinado solo a centros privados. También, es conocido, ha disparado la renta familiar máxima para optar a las ayudas, que ya incluyen a familias de cuatro miembros que ganen casi 150.000 euros al año. Además se ha multiplicado su montante: de los 9 millones de euros del curso que acaba ahora pasará a 43,5 millones de euros de fondos públicos el siguiente. Si se incluyen las partidas, en los mismos términos, para la Educación Infantil (37,1 millones de euros), la FP de Grado Superior (18,5 millones) y la de Grado Medio (2,4 millones, es una novedad para el próximo curso) en total Madrid va a destinar 101 millones de euros a subvencionar estudios a prácticamente cualquiera que lo solicite, independientemente de su nivel de renta, en centros privados.
La consecuencia de este movimiento se podía intuir: quien está enfadada ahora es Escuelas Católicas, la mayor patronal de centros privados concertados, que ve cómo se le escurren los fondos públicos de entre los dedos. Su secretario general, José Antonio Poveda, lleva unos días atizando las ascuas, desconcertado quizá por el giro de quien hasta hace poco defendía la escuela concertada como garante de la libertad educativa.
“El camino hacia el pacto educativo pasa por el concierto, no por las becas”, reaccionó al anuncio de la Comunidad de que estrenará ayudas para la FP de Grado Medio. “Visto el debate sobre las becas de Bachillerato, me gustaría recordar lo que decía el programa electoral del PP de Madrid [en alusión al anuncio de que se concertaría el Bachillerato] para mayo de 2021. Se comienza confundiendo la libertad de empresa con la libertad de enseñanza, y se termina confundiendo las becas con el concierto educativo”, añadiría unos días después. Este miércoles acabó de estallar, acusando a los privados de convertirse en... centros concertados y hacerles competencia desleal: “Las becas de la CAM [sic] convierten a los centros privados en centros privados sostenidos con fondos públicos. El dinero público no llega al beneficiario, sino directamente al centro desde la CAM. Esperamos que, pronto, se dicte la normativa reguladora del nuevo estatus”.
Como la alegría va por barrios, Cicae ahora “celebra que los alumnos madrileños con rentas bajas [o lo que ellos califican de rentas bajas] puedan acceder a ayudas para estudiar Bachillerato en centros privados” y carga contra la escuela concertada. “Nos resulta cuanto menos incoherente que representantes de la escuela concertada critiquen de forma exacerbada estas ayudas, cuando son sus familias las más beneficiadas y las que verán facilitado el acceso a estos colegios o su continuidad en ellos”, aseguran.
El frente del 0-6
Antes de que estallara la situación en la etapa postobligatoria lo había hecho en la Infantil (preobligatoria). También aquí ha conseguido el Gobierno Ayuso ir molestando sucesivamente a prácticamente todos los actores. Al perenne enfado en el sector público por la falta de medios estructural se unió este año la decisión del Ejecutivo de cerrar las escuelas 0-6, un pequeño número de centros que mantienen vivo un modelo considerado de éxito.
Realmente no es un cierre, es un trasvase: se les quita a estos centros el segundo ciclo (3-6) para integrarlo en los colegios. Este movimiento ha juntado a extraños compañeros de cama, aunque por diferentes motivos. Las familias y profesionales rechazan la extinción de un modelo; el número 2 de Poveda en Escuelas Católicas, Luis Centeno, considera que “la extensión del Primer Ciclo de Infantil en los centros públicos es una estrategia política con intención clara de reducir la concertada”. Hablaba Centeno en general de este cambio, que se está produciendo en más sitios que en Madrid, pero sin duda que también alude al Gobierno regional, que va a ser de hecho el primero en implementarlo.
También los privados se han sumado a las críticas en la Infantil porque el Ejecutivo anunció que crearía 2.000 plazas públicas dentro del plan del Gobierno central de impulsar la etapa. La patronal Fenacein organizó una protesta contra Moncloa y todos los gobiernos regionales que dejó la rara imagen de los centros privados protestando contra el PP. Los empresarios del sector exigen que se utilicen cheques-guardería para que las familias puedan elegir dónde llevar a sus hijos. Argumentan las patronales, como es habitual, que es absurdo crear plazas públicas teniendo ya una red privada susceptible de ser regada de dinero público.
Y de fondo, la Ley Maestra
Mientras todo esto sucedía, Ayuso aprobó en la Asamblea la primera ley educativa propia que tiene Madrid en dos décadas de competencias autonómicas. La ley Maestra, no lo esconde el Gobierno regional, se redactó pensando en “blindar” la concertada y de paso en boicotear la Lomloe. Es en ese texto donde se habla de garantizar plazas en centros “sostenidos con fondos públicos”, que no públicos a secas como pregona la ley estatal, se recupera el concepto de demanda social que se inventó el exministro popular José Ignacio Wert para justificar la construcción de centros concertados o se intenta asentar esa práctica tan madrileña de ceder gratis suelo público para construir colegios con concierto, una medida ilegal y que algunos centros aprovechan para hacer negocio con parcelas que son de todos.
El desarrollo de la Lomloe ha traído más damnificados. El Gobierno de Ayuso se embarcó en un enfrentamiento con Moncloa por el supuesto “adoctrinamiento” del currículo y, por extensión, de los libros de texto. Llegó a anunciar la presidenta regional una revisión preventiva de todos los materiales para evitar contenidos que no fueran de su agrado, pero finalmente reconoció que no habían encontrado nada. Por el camino consiguió indignar a los editores de libros por dudar de su trabajo. La Asociación de Editores de Libros y Contenidos Educativos (ANELE) emitió un comunicado tras reunirse con Ossorio en el que reclamaba que “los libros y la actividad editorial no sean utilizados como arma arrojadiza del juego político”.