Un terreno de la Operación Chamartín equivalente a un campo de fútbol ya es propiedad de Distrito Castellana Norte (DCN), la empresa privada formada por el banco BBVA y la constructora San José. Aunque todavía no está desbloqueado el plan para este desarrollo urbanístico en el norte de la capital, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias del Estado y que depende del Ministerio de Fomento, Adif, vendió en 2012 una parcela de 6.174 metros cuadrados de superficie al socio privado.
La parcela está situada al oeste de la estación de tren, en una de las zonas más caras y con más edificabilidad de la operación Chamartín. Asimismo, Adif también vendió, en 2013, el aprovechamiento urbanístico de otra parcela. Sigue siendo pública, pero los derechos para edificar se han vendido a DCN, que son 4.571,85 metros cuadrados edificables.
Adif y DCN firmaron el último acuerdo para la compraventa de 1,12 millones de metros cuadrados el pasado 28 de diciembre. El documento, que desveló en exclusiva este diario, revela la venta de 6.174 y 4.572 metros cuadrados. Según Adif, la propietaria del resto de los terrenos y hasta 2012 del vendido, BBVA y la constructora San José pagaron por estas parcelas 6,8 millones de euros. Esta cantidad aparece reflejada en el último contrato y se tendrán que descontar de los 984,2 millones que pagará la sociedad para adquirir la totalidad de los terrenos propiedad de Adif afectados por la Operación Chamartín.
Desde la empresa pública aseguran que “se vendieron para que DCN pudiera iniciar su desarrollo”, sin facilitar más detalles. Pero para liberar los terrenos y que DCN pudiera comprarlos, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (33/2003) establece que debe justificarse la “necesidad” de que dejen de ser públicos.
“La propuesta de desafectación de bienes y derechos del patrimonio de la Administración General del Estado sobre los que existan autorizaciones o concesiones, deberá acompañarse de la oportuna memoria justificativa de la conveniencia o necesidad de la supresión del carácter de dominio público del bien y de los términos, condiciones y consecuencias de dicha pérdida sobre la concesión”, recoge el primer apartado de su artículo 102.
A día de hoy no se ha construido ni una sola piedra en los terrenos. Pero aunque la operación se frustrase, la empresa privada ya es propietaria de una parcela y de los derechos de urbanización de otra.
Derechos de los expropietarios
La mayor parte de los terrenos sobre los que se levantó Chamartín y que ahora permitirán esta operación urbanística fueron expropiados por el Estado en los años 40 para construir la infraestructura ferroviaria del norte de la ciudad. Ahora que cambia su uso y se convierten en urbanizables, se prevé una avalancha de reclamaciones en los tribunales por parte de los que fueron propietarios, sus herederos, y también empresarios inmobiliarios que han comprado a su vez estos derechos a los antiguos propietarios del suelo.
Según publicó El Confidencial, el empresario Trinitario Casanova ha comprometido 400 millones de euros en comprar estos derechos a cientos de los antiguos propietarios del suelo, la mayoría de los cuales están agrupados en la asociación “No abuso”.
En caso de que este pulso en los tribunales dé la razón a los tenedores de estos derechos, será Adif quien pague la factura, como estipula el último contrato firmado por esta empresa pública con BBVA y San José. En la primera versión del contrato, era la promotora y no el Estado quien pagaba las indemnizaciones en caso de que los tribunales avalaran los derechos de los antiguos propietarios.
Adif asegura que actualmente el riesgo de perder este juicio no existe tras un cambio legislativo y una sentencia del Tribunal Supremo de 2012 que no reconoció esos derechos. Sin embargo, el Supremo solo respondió a los afectados que no podía pronunciarse al respecto porque los terrenos no estaban aún vendidos, lo que deja la puerta abierta a futuras reclamaciones cuando la operación Chamartín finalmente arranque y el suelo deje de ser de Adif.
Ese mismo año que se dicta la sentencia del Alto Tribunal, en 2012, confirma Adif a este diario, se desafectó la parcela vendida de 6.170 metros cuadrados. Los revisionistas podían reclamar desde el día siguiente sobre esa primera parcela.
Adif dice desconocer si a día de hoy esas reclamaciones existen sobre estos terrenos ya vendidos a DCN. “No lo hemos comprobado por la premura con que se nos está requiriendo toda la información, pero puede que así fuera”, asegura la entidad pública.