La empresa contratada por la Comunidad de Madrid para la realización del vídeo que previene contra la relajación frente a la Covid-19 engañó a las personas que aparecen en el anuncio y violó sus derechos de imagen al publicarlo sin ninguna autorización expresa de consentimiento, según aseguran a eldiario.es un grupo de participantes.
La productora del polémico vídeo es la de Cake Minuesa, confirman fuentes de la Comunidad de Madrid a eldiario.es. El 11 de abril, en plena pandemia, el Gobierno regional adjudicó un contrato sin previa publicidad a la sociedad limitada de Minuesa, colaborador de OkDiario, para la realización de vídeos informativos sobre el coronavirus, al considerar que la administración autonómica no disponía de recursos suficientes para ello. El contrato se hizo por un valor de 30.250 euros, según consta en el portal de transparencia, lo que incluiría un total de 25 vídeos por el valor de 1.000 euros más el IVA.
Uno de esos vídeos ha sido el que este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, promocionaba en su cuenta de Twitter. “No podemos volver atrás. Libertad= responsabilidad”, decía Ayuso. Ahora, varias de las personas que aparecen el vídeo denuncian que fueron engañadas y que no dieron su consentimiento, lo que puede haber violado su derecho a la imagen. Este viernes, y tras la polémica suscitada, Ayuso ha borrado ese mensaje de su perfil oficial en Twitter.
El lunes a mediodía, un chico joven con una cámara pequeña se acercó a la terraza donde tomaban algo cuatro amigos. “Nos dijo, literalmente, ‘estoy grabando un vídeo para la Comunidad de Madrid para hacer un reportaje de cómo estáis celebrando que se puede salir a los bares’”, explica por teléfono Sonia Peral. A continuación, señala, “nos insistió mucho en que brindáramos”.
Sin embargo, el montaje final expone imágenes de personas haciendo un mal uso de las mascarillas, jóvenes chocando las manos, besándose y abrazándose, como muestra de malas prácticas que podrían terminar en contagios por la covid-19. Este vídeo ha causado polémica en redes sociales, donde los usuarios acusan de plagio a la Comunidad de Madrid por su parecido con el que hizo la región del Véneto, en Italia.
Junto a Peral, Blanca Niemietz y Teresa Carril aseguran que de haber conocido el resultado no habrían aceptado ser grabados. “Si hubiéramos sabido que era para fines propagandísticos, hablando de la irresponsabilidad de los jóvenes en fase 1, no hubiéramos aceptado”, apunta Niemietz.
“Si llego a saber para lo que era no diría que sí, nos dio a entender que era un vídeo de celebración”, remarca Peral. Las jóvenes han escrito comentarios en las redes sociales de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apuntando a la “manipulación” del vídeo, ya que la persona que grababa había pedido ciertas acciones concretas y no eran situaciones reales que se estuvieran produciendo en ese momento. Algunos de esos comentarios, señalan las afectadas, han sido borrados o restringidos por la cuenta.
Niemietz, que se enteró de la existencia del vídeo porque un amigo la reconoció y se lo envió, asegura sentir “una impotencia total”. “Mi cara en el anuncio representa a la juventud irresponsable, me afecta porque me mete en ese saco y yo no he hecho nada para estar ahí”, justifica. “Es una generalización que me puede dañar”, señala. Ella no descarta interponer una demanda, aunque su compañera Peral reconoce que no se plantea denunciar.
La protección de la imagen es un derecho fundamental cuya exposición se regula en la Ley Orgánica 1/1982, que versa sobre la protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Al aparecer como protagonistas y ser reconocibles en el anuncio, Carlos Sánchez Almeida y Samuel Parra, abogados consultados para este artículo, afirman que sí existiría negligencia por parte de la agencia contratada por la Comunidad de Madrid para este anuncio.
“Teniendo en cuenta el carácter del vídeo cualquier juez consideraría que existe una intromisión ilegítima al derecho de la propia imagen”, explica Parra. “Es un derecho fundamental y es necesario un consentimiento informado”, abunda.
El consentimiento no tiene por qué darse siempre por escrito, puede ser también oral, pero normalmente es conveniente que quede plasmado en un papel, informan los abogados, que comentan que las agencias profesionales no caen en estos errores. En caso de ir a juicio, la falta de un documento capaz de justificar la autorización para la grabación y que las personas conocían con detalle el objetivo del vídeo, es decir, que disponían de una información completa y veraz, favorecería al grupo de amigos frente a la palabra de la agencia.
Desde la Comunidad de Madrid explican que el vídeo “es un encargo de la Consejería de Sanidad, que tiene contratada a la productora de Cake Minuesa para hacer vídeos informativos por el coronavirus”.
“La productora nos dice que pidieron permiso a todos los que aparecen, y que a todos les explicaron que era un vídeo para la Comunidad de Madrid para evidenciar que no debemos saltarnos las medidas básicas de distanciamiento. Nos insisten en que todos los que salen lo sabían, porque a todos se lo dijeron, y todos aceptaron participar”, añaden desde el Gobierno regional a este periódico. Una versión que no coincide con la de las personas que aparecen en las imágenes.